La justicia de Bolivia negó autorización para que una niña de 11 años violada por su padrastro aborte, lo que desencadenó una ola de protestas de organizaciones de defensa de los derechos de la infancia y las mujeres.
El caso acapara la atención de los medios de comunicación de la ciudad de Santa Cruz, donde vive la niña. El aborto terapéutico, único caso que contempla el Código Penal para permitir la interrupción del embarazo asistida por profesionales, no fue admitido.
La jueza Gaby Suárez esgrimió para negar la autorización el argumento de que su conciencia "no le permitiría una muerte".
La niña, embarazada de 18 semanas, tiene una edad mental y física de siete años, según los médicos que diagnosticaron su embarazo.
Esos mismos médicos, sin embargo, advirtieron antes del fallo de la jueza Suárez que se negarían "por razones éticas" a ejecutar una eventual orden judicial de practicar un aborto, y agregaron que la niña está en condiciones físicas de soportar la gestación.
Ahora, apenas dos semanas antes de la semana 20 de gestación, último plazo para practicar un aborto, la familia de la niña y la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, parte civil que denunció el abuso contra la niña, tienen la opción de apelar el fallo.
La niña cree que el tamaño de su vientre se debe a un tumor, según lo que le fue informado. Su opinión, de todos modos, no contaría en el desenlace jurídico debido al retraso mental que sufre.
Personalidades y organizaciones de mujeres que critican el fallo de Suárez señalan que la niña es una víctima triple: de su padrastro, que la violó en innumerables ocasiones, de su madre, que encubrió al violador, y, por último, de la decisión judicial.
Con el objeto "de proteger a los menores en general desde su concepción hasta su mayoría de edad se violó la ley y los derechos fundamentales de una niña víctima de violación", dijo la feminista Ximena Machicao, representante de 11 organizaciones de mujeres que impulsan la despenalización del aborto.
La socióloga feminista Sonia Montaño consideró que el fallo judicial es, en realidad, una condena a la víctima.
Montaño afirmó que la sentencia de Suárez transgrede el artículo 266 del Código Penal, según el cual no se aplicará sanción alguna al aborto que responda a un embarazo ocasionado por violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto.
"La decisión judicial, que debería ser apelada, ha puesto en evidencia que algunos jueces no están para cumplir la ley sino para ganar indulgencias de los grupos de poder más reaccionarios de nuestra sociedad", afirmó Montaño.
La socióloga criticó la explicación de Suárez, quien fundamentó su sentencia en la defensa de la niñez. Montaño se preguntó si la jueza, en realidad, defendía a la embarazada o al niño en gestación.
Las autoridades del Ministerio de Justicia en materia de género aludieron a la independencia de poderes al explicar por qué no tomaron ninguna medida en este caso. La Iglesia Católica también mantuvo silencio.
"¿Por qué la Iglesia no muestra su defensa de la vida salvando a esta niña del horror de un embarazo violento, en un cuerpo y alma de niña?", se preguntó Montaño.
"La santa alianza entre algunos médicos, la jueza, la Iglesia silenciosa y las autoridades temerosas del poder religioso ha condenado a esta niña a una pena más dolorosa aun que la que seguramente recibirá el violador", se contestó.
El abogado Genaro Quenta, experto en derecho de familia, calificó a los grupos que se oponen al aborto terapéutico de "hipócritas" que no cargarán las consecuencias físicas, económicas y psicológicas del embarazo.
La gubernamental Dirección Nacional Materno Infantil calculó que en Bolivia se practican unos 40.000 abortos clandestinos por año, de los cuales muchos terminan con la muerte de la madre debido a las precarias condiciones sanitarias y materiales en que se realizan.
La organización no gubernamental Defensa de los Niños Internacional también censuró el fallo de la jueza Suárez, a quien acusó de transgredir leyes vigentes y de atropellar los derechos humanos.
Mientras, la presidenta del Colegio de Abogados de La Paz, María Antonieta Plaza, recomendó a la defensa de la niña que apele el fallo en un trámite que debería ser atendido con celeridad y prioridad.
La jueza Suárez, convertida en blanco de las críticas de algunos y apoyada por otros sectores de la sociedad, dijo estar tranquila con su decisión, tomada "con el derecho y la justicia".
"Me han querido presionar, pero no podía permitir que lo hicieran. Si hubiera existido un consenso para que yo autorizara el aborto, tampoco lo hubiese hecho porque no eso no estaría en el marco de la ley y en lo que conviene a los niños", aseguró al diario El Nuevo Día de Santa Cruz. (FIN/IPS/ac/mj/hd he/99
