Un informe médico revela que las comunidades indígenas de Ecuador que habitan en áreas de producción petrolera están afectadas por una alta incidencia de cáncer.
La investigación, que fue entregada a IPS, se realizó en la zona petrolera de las provincias nororientales de Sucumbíos y Orellana, en la región amazónica fronteriza con Colombia.
Los resultados indican que la población de esa zona enfrenta el riesgo de padecer cáncer en una proporción tres veces superior al de otras partes del país.
Pero la situación se agrava más aún cuando se trata de determinados tipos de cáncer, como el de laringe cuyo riesgo de padecerlo es 30 veces mayor que en otros sitios del país, el de las vías biliares, 18 veces más, el de hígado y piel, 15 veces más, y el de estómago, cinco veces.
La investigación fue realizada por un equipo médico del Departamento de la Pastoral Social del Vicariato de Aguarico, con la colaboración de expertos de la organización Medicus Mundi y la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres.
El estudio, que se desarrolló durante seis meses, se basó en análisis del agua de los ríos, estudio de las poblaciones afectadas y en la investigación estadística del crecimiento de la incidencia cancerígena con relación al aumento de la explotación petrolera en los últimos 30 años.
También se comparó la incidencia de cáncer en esta región con la de otras zonas no petroleras del país y se estableció una relación directa entre la aparición de la enfermedad y la contaminación por petróleo.
Miguel San Sebastián, de Medicus Mundi, atribuye la incidencia cancerígena a la elevada contaminación con tóxicos que ha sufrido esta zona en los últimos 20 años, y alerta sobre el riesgo para la salud que implica seguir explotando petróleo sin control ambiental.
"Los ríos, habitualmente utilizados por los residentes del lugar, están contaminados con petróleo en una proporción 200 y 300 veces mayor al límite permitido para el agua de consumo humano", señala San Sebastián.
Este es el primer informe médico donde se establece una relación real entre la aparición del cáncer en una zona donde antes no se daba y la contaminación por la extracción petrolera.
"Es un toque de atención para las autoridades. Aporta pruebas de que mientras persistan las fuentes de contaminación la salud de esta y otras poblaciones similares seguirá gravemente afectada", aseguró San Sebastián.
En enero, el gobierno prohibió la extracción de crudo en 135.000 hectáreas de bosque húmedo tropical perteneciente a las reservas de Cuyabeno y Yasuní, ubicadas en el nororiente.
Estas zonas declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como reservas de biosfera son consideradas frágiles, porque además de la biodiversidad, está en peligro la propia supervivencia de las comunidades quichua, siona y cofán en Cuyabeno, y huaorani en el Yasuní.
Turquino Tapuy, dirigente indígena de la Amazonia, tiene dudas de que el decreto se cumpla, ya "que todos los gobiernos hacen este tipo de promesas y después sigue la explotación".
Por su parte, portavoces de la organización ambientalista Acción Ecológica indicaron que es necesario extender el decreto a otras zonas en riesgo, pero además hacerlo cumplir.
"Solo el tiempo puede mostrar si la medida está siendo respetada", señalaron.
Acción Ecológica ha denunciado que "la actividad petrolera en el oriente ecuatoriano está destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y amenaza la supervivencia de muchas comunidades indígenas".
Amoco-Mobil, Arco, City, CGC, Elf, Oryx, Pérez Companc, Santa Fe, Tripetrol y Tritón son las compañías extranjeras que operan en la región amazónica extrayendo petróleo de zonas declaradas oficialmente como reservas naturales.
La investigación sobre la incidencia del cáncer confirma una realidad que ha sido denunciada en los últimos cinco años: la contaminación por efecto directo o indirecto de la explotación petrolera afecta a toda la Amazonia ecuatoriana.
En mayo, las comunidades indígenas de la provincia amazónica del Napo realizaron una protesta contra la construcción de un oleoducto que contamina el río Misahualli.
Causó alarma en esos pueblos el aumento de diarrea en los niños y la aparición de hongos en la piel de gran cantidad de comuneros. El análisis médico constató que estos síntomas eran consecuencia de enfermedades producidas por el consumo y utilización del agua del río.
Las causas de la contaminación estaban en los desechos producidos por la compañía Argep, constructora del oleoducto, por no utilizar tecnología adecuada para proteger las aguas.
También se informó que el delfín rosado, una de las especies más raras de la región, corre peligro de extinción.
La bióloga Judith Denkinger, especialista en delfines rosados señaló que éstos podrían desaparecer si no se detiene la deforestación y la contaminación petrolera de las aguas de los ríos Cuyabeno, Aguarico, Lagarto y otros cursos de agua de la zona.
Los problemas producidos por el petróleo no son de ahora. En la década de los años 30 la compañía Shell realizó las primeras exploraciones en la Amazonia, lo cual introdujo enfermedades que provocaron la muerte de cientos de indígenas huaorani por carecer de defensas para las mismas.
Desde 1967 a 1990 la explotación petrolera en la Amazonia fue realizada únicamente por Texaco Petroleum Company y más tarde por la empresa estatal Petroecuador y diez compañías extranjeras.
Al retirase Texaco, varios pueblos indígenas apoyados por organizaciones ecologistas, iniciaron en Estados Unidos una demanda contra la compañía por daños y perjuicios ambientales ocasionados durante los años en que explotó el petróleo en el lugar.
Los demandantes demostraron que la empresa no utilizaba tecnología de protección ambiental de uso común en otros sitios, lo que provocó la contaminación de ríos con daños en la flora y la fauna.
El proceso judicial sigue su curso aún y se espera que en los próximos meses se obligue a la empresa a descontaminar las zonas afectadas y a indemnizar a las comunidades indígenas.
A pesar de que el petróleo de la región amazónica ha contribuido enormemente a las finanzas del Estado, sólo tres por ciento del presupuesto se reinvierte en la zona, que a la vez registra los más altos niveles de pobreza del país. (FIN/IPS/kl/dm/en/99
