La última década fue positiva para América Central en términos económicos, sociales y políticos, por primera vez en 30 años, según el Primer Informe sobre el Estado de la Región, difundido oficialmente hoy en San Salvador.
El informe fue el primero de los ejecutores del proyecto Informe de Desarrollo Humano para la Consolidación de la Democracia y la Paz en Centroamérica, una iniciativa auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea.
Los países estudiados fueron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
De acuerdo con la investigación, cuyos resultados se conocieron en San José y San Salvador, la región está en 1999 en mejor situación que en 1990, gracias a los esfuerzos para lograr la estabilidad y completar la transición democrática.
El informe destaca que América Central vive en este momento un gran impulso democrático, pero también que los nuevos Estados de derecho de la región todavía muestran importantes debilidades.
Las insuficiencias señaladas se refieren básicamente a la todavía baja capacidad de impartir justicia en forma correcta, rápida e igual para todos, a la importante carga fiscal que continúa siendo el gasto militar, y a la necesidad de disminuir el clima de inseguridad para las personas y sus bienes.
Según el documento, quedó atrás el clima de inestabilidad institucional que afectó a la región en décadas pasadas, con golpes de Estado, insurrecciones, revoluciones, contrarevoluciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Pero en el estudio se indicó que es necesario afianzar el Estado de derecho y la democracia para que esta experiencia sea duradera.
"Una de las principales debilidades de los Estados democráticos de derecho en Centroamérica es la débil posición en la sociedad de las víctimas, particularmente las que sufrieron violación de los derechos humanos durante los años de guerra", se afirmó en el informe.
En este sentido se apuntó que en El Salvador y Guatemala amplios sectores de la población consideran que la impunidad sigue pesando sobre los actuales procesos de reconciliación nacional.
Han sido pocos los procesos judiciales contra los violadores de los derechos humanos, y los que se iniciaron tuvieron como resultado la absolución de los acusados.
En el estudio se indicó, sin embargo, que en los últimos diez años las fuerzas armadas han disminuido su influencia política y hoy están sujetas al poder civil.
Un ejemplo claro es el caso de Nicaragua, que en 1989 destinaba 28,3 por ciento de su Producto Interno Bruto a los gastos militares, y en 1996 sólo les dedicó 1,5 por ciento.
Sin embargo, el gasto militar todavía representa una importante carga fiscal para los escasos presupuestos de los gobiernos de la región.
Midiendo los gastos militares como porcentaje de los destinados a la educación, entre 1990 y 1991 ese indicador fue 92 por ciento en Honduras, 66 por ciento en El Salvador, y 31 por ciento en Guatemala.
Enl estudio se indicó que uno de los principales retos para los gobiernos de América Central en los próximos años será reducir el sentimiento de gran inseguridad personal que prevalece en la región.
En ese sentido se destacó la importancia de que los Estados brinden mayores garantías a la seguridad individual de los ciudadanos y a la de sus activos físicos (casas, fincas o empresas) y financieros (ahorros e inversiones).
No existen datos exhaustivos sobre la criminalidad en la región, pero en el informe se destacó que todos los países estudiados presentan altos índices en la materia, que tienden a aumentar.
El Salvador es el país donde este problema se manifiesta en forma más cruda.
Durante los doce años del conflicto armado entre la guerrilla y el gobierno de El Salvador se contabilizó un promedio de 6.330 personas fallecidas por año, y las estadísticas de homicidios más recientes indicaron que se producían 8.000 muertes anuales por esa causa.
"Paralelamente, se observa una preocupante falta de confianza en las instituciones estatales" que deben controlar el problema de la delincuencia, se señaló en el informe.
En lo vinculado con la democracia, en el documento se indicó que los sistemas de los países del área contienen, en mayor o menor grado, normas que afectan la equidad y la inclusión política.
En este sentido se señaló la falta de democracia interna en los partidos, la necesidad de una mayor participación cívica no partidaria, y la necesidad imperiosa de actualizar y depurar de manera sistemática los registros de personas habilitadas para votar.
En un capítulo del informe dedicado al desafío que representa el fortalecimiento de los Estados de derecho, se concluyó que América Central no puede darse el lujo de desperdiciar la oportunidad que ofrece el actual período democrático para realizar reformas económicas, sociales e institucionales. (FIN/IPS/nms/mp/ip hd/99)
