La Corte Internacional de Justicia rechazó hoy un pedido de Yugoslavia para que ordene el cese de los bombardeos de la OTAN contra ese país, pero declaró que las partes enfrentadas "deben actuar de conformidad con sus obligaciones en la Carta de las Naciones Unidas".
La decisión de la Corte con sede en La Haya se concentró en el aspecto procesal de la jurisdicción con respecto del caso presentado en abril por Yugoslavia contra diez países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por crímenes de guerra y genocidio.
La decisión también da pie a que se entable una batalla jurídica por el alcance de la ofensiva aérea.
La Corte rechazó el pedido de Yugoslavia de medidas provisorias, o sea una orden para detener las acciones militares, porque Belgrado aceptó la jurisdicción obligatoria del tribunal recién el 25 de abril, un mes después de que comenzaran los ataques de la OTAN.
La Corte también halló que no tiene competencia en los casos contra España y Estados Unidos porque ambos países expresaron reservas a la Convención Internacional contra el Genocidio, que Yugoslavia invocó como una de las bases de su acusación.
Pero el tribunal también declaró que "después se considerará con mayor detenimiento el asunto de la jurisdicción" con respecto de Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Portugal, los demás países miembros de la OTAN acusados por Yugoslavia que firmaron y ratificaron la Convención.
Lo que queda en pie es la creencia de la Corte de que debe determinar si el bombardeo de la OTAN contra zonas pobladas e infraestructura civil viola la Convención, como sostiene Yugoslavia.
Sin embargo, la Corte consideró que la característica esencial del genocidio es la intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
"No es aparente en la etapa actual de los procedimientos que los bombardeos presenten el elemento de intención hacia un grupo como lo exige la disposición de la Convención contra el Genocidio", señaló la decisión.
"El elemento más importante de la decisión de hoy es que la Corte concluyó que no tiene jurisdicción automática sobre esta disputa jurídica. Por eso no hay medidas provisorias. Pero ocho de los diez casos pueden continuar, y podrían seguir durante años", explicó Arthur Witteveen, funcionario del tribunal.
A pesar de la decisión procesal, la Corte también se refirió al problema del uso de la fuerza.
El tribunal se manifestó profundamente preocupado por la tragedia humana y el enorme sufrimiento en Kosovo, así como por la continua pérdida de vida y el padecimiento humano en toda Yugoslavia.
La Corte se declaró "profundamente preocupada por el uso de la fuerza en Yugoslavia", que en "las actuales circunstancias plantea problemas muy serios del derecho internacional".
Todas las partes involucradas "deben actuar de conformidad con sus obligaciones en la Carta de las Naciones Unidas y con otras normas de derecho internacional, incluso el derecho humanitario", precisó.
La decisión no ordenó el cese de la ofensiva aérea de la OTAN, pero de todas maneras también satisfizo al equipo jurídico de Yugoslavia.
"La Corte agregó que todas las partes deben tener cuidado de no agravar o extender la disputa", explicó Rodoljub Etinski, abogado yugoslavo.
"Creemos que la lección principal queda clara. Esta disputa se debe resolver por medios pacíficos. En otras palabras, el uso de la fuerza es ilegal", comentó.
La OTAN inició los ataques aéreos contra Yugoslavia sin la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el único organismo internacional que puede permitir una ofensiva militar contra un estado soberano, según las cartas del foro mundial y de la OTAN.
China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad junto con Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, calificaron a los ataques de violación del derecho internacional.
Las negociaciones de paz con Belgrado, gestionadas por el presidente finlandés Martti Ahtissari y el enviado especial ruso a los Balcanes Viktor Chernomyrdin, tienen el fin de que la ONU se encargue nuevamente del conflicto, en el marco de los principios propuestos por el Grupo de los Ocho (G-8).
El G-8 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, los siete países más ricos del mundo, más Rusia.
Expertos jurídicos de Europa y Estados Unidos advirtieron que los ataques contra plantas energéticas, fábricas, estaciones de televisión, puentes, carreteras y otros elementos de infraestructura civil violan las normas internacionales y provocarán demandas de indemnización en el futuro.
El panorama se complica porque el Tribunal Internacional de la ONU para la antigua Yugoslavia, también con sede en La Haya, procesó al presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y a cuatro altos funcionarios de su gobierno por crímenes de guerra en la presunta limpieza étnica perpetrada en Kosovo.
"Aunque los estados acepten o no la jurisdicción de la Corte, siguen siendo responsables de los actos que se les puedan atribuir y que violen el derecho internacional, incluso el derecho humanitario", precisó el tribunal, que agregó que toda disputa sobre la legalidad de esos actos se debe resolver en forma pacífica. (FIN/IPS/tra-en/mb/ak/aq/ip/99
