Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete países más industrializados y Rusia (G-8) concluyeron hoy en Alemania un proyecto de resolución para concluir las hostilidades en Yugoslavia, tras dos días de negociación.
El acuerdo, enviado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no fue publicitado, pero en Belgrado trascendió que contempla el cese simultáneo de los bombardeos, la retirada de las tropas serbias de Kosovo, el ingreso de una fuerza internacional de paz y el regreso de los refugiados.
Según las fuentes, el nuevo acuerdo no obliga a una retirada total de las fuerzas serbias y permite el mantenimiento de destacamentos de guardias de frontera y policía aduanera para impedir el ingreso de grupos armados entre los refugiados, lo que fue inmediatamente desmentido en Washington.
El viceministro de Relaciones Exteriores yugoslavo, Nebojsa Vujovic, miembro de la comisión que negocia el repliegue militar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dijo que los guardias de frontera debían rechazar el ingreso de ciudadanos de Albania y de "separatistas y terroristas".
El vocero del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, James Rubin, confirmó que los guardias de frontera serbios se mantendrían en la provincia de Kosovo, pero dijo que no tendrían injerencia acerca de las personas que vayan a entrar o salir del territorio.
El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joshka Fischer, dijo que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU terminaría con los bombardeos y daría origen a una fuerza de paz "robusta", sin especificar su composición ni comando.
El problema de la fuerza internacional se convirtió de inmediato en otro factor de discrepancias entre Rusia y Estados Unidos.
La secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Madeleine Albright, dijo que la fuerza sería dirigida por la OTAN, mientras el canciller ruso, Igor Ivanov, aseguró que el asunto aún estaba en negociación.
Fuentes diplomáticas yugoslavas dijeron a IPS que la fuerza se formaría, quizás, al estilo de la constituida en Bosnia- Herzegovina, donde existe un comando unificado nominal, pero las tropas rusas están bajo la dirección de uno de los suyos, que es además vicecomandante de las fuerzas internacionales.
En Moscú, el ministro de Defensa ruso, Igor Serguegev, dijo a los periodistas que un contingente de 10.000 soldados sería enviado a Kosovo, bajo mando ruso.
El gobierno yugoslavo considera esencial que las tropas rusas participen desde el inicio de la operación simultánea, para evitar que las fuerzas del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) aprovechen la confusión y se infiltren en el país.
Los yugoslavos también temen que los refugiados y miembros del UCK inicien una nueva limpieza étnica, esta vez de revancha contra la minoría serbia de la provincia, ya bastante menguada por los bombardeos y las acciones militares en la región.
Se estima que unos 750.000 kosovares de etnia albanesa escaparon de sus hogares hacia los países vecinos desde el inicio de los bombardeos, el 24 de marzo, cuando las tropas serbias iniciaron operaciones masivas contra las fuerzas del UCK y contra la población civil.
La adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es la principal condición serbia para replegar sus fuerzas, contemplado en el plan de paz presentado a Yugoslavia la semana pasada por el presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, y el enviado especial ruso, Viktor Chernomyrdin.
La demanda serbia fue respaldada por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo, que exigen también que el cese de los bombardeos coincida con el resto del plan, condición hasta ahora resistida por Estados Unidos y Gran Bretaña.
Según versiones periodísticas, el proyecto de resolución enviado por el G-8 a la ONU también pide a todas las partes que colaboren con el Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia, que inició proceso contra el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y ordenó su captura.
Yugoslavia rechaza la jurisdicción del tribunal en su territorio, y presentó a su vez denuncia contra 10 países de la OTAN por crímenes de guerra y genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que declinó parcialmente la jurisdicción. (FIN/IPS/dk/ak/mj/ip/99
