La industria del aluminio de Venezuela será sometida a un nuevo proceso de privatización, con el cual se busca salvar el futuro de un sector en crisis y conjurar el fracaso de tres intentos de venta escenificados en 1998
El gabinete de ministros del área económica le dio el visto bueno al plan de privatización del aluminio presentado este lunes y martes, y sólo falta la venia del Consejo de Ministros en pleno, para un proceso que debería rendir frutos este mismo año.
"Ya empezó la apertura", comentó el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Clemente Scotto, quien presentó el plan al gabinete económico. Y advirtió que en esta oportunidad el proceso será exigente y transparente.
La CVG coordina las empresas públicas de la región suroriental de Guayana, entre ellas las cuatro que componen la industria del aluminio venezolana.
Venezuela tiene una capacidad de producción de 640.000 toneladas de aluminio y cuenta con ventajas comparativas, como la disponibilidad de materias primas o la posibilidad de realizar todo el proceso de aleación, desde el procesamiento del mineral a la obtención del metal laminado.
Pero el proceso de desarrollo del aluminio iniciado a fines de los 60 entró en crisis a mediados de los 90, con pérdidas, acumulación de deudas, altos requerimientos de inversión, problemas ambientales y un elevado número de trabajadores.
En 1998 hubo tres intentos de privatización pero todos fracasaron pues las empresas extranjeras y nacionales que formaron consorcios para hacer ofertas se arrepintieron antes de concretar operaciones.
El nuevo proceso privatizador aspira conjurar esos fracasos con una oferta gradual que implica "la separación de las distintas empresas del sector".
El Estado venezolano posee dos plantas productoras de aluminio terminado, Alcasa y Venalum, una productora de ánodos de carbón utilizados en la aleación llamada Carbonorca, y Bauxilum que transforma la bauxita en alumina, la pasta de aluminio.
La primera etapa del plan considerado por el gobierno de Hugo Chávez, que asumió en febrero de 1999, considera la venta de las líneas de producción 1 y 2 de Alcasa, así como de un terminal portuario.
No se trata precisamente de lo más atractivo del aluminio venezolano, pues son instalaciones antiguas que requieren inversiones.
Adicionalmente, esta primera etapa estará matizada por el costo social que implicará disminuir en 1.000 puestos la nómina de unos 9.000 empleados de la industria del aluminio.
Entretanto, se preparará la venta de las líneas de producción 3, 4 y 5 de Alcasa y de Venalum, consideradas como las más apetecibles por su capacidad y potencial de producción.
El plan de privatización también considera la posibilidad de optar por asociaciones estratégicas entre el Estado venezolano y las empresas privadas para el caso de Bauxilum.
Pero la CVG aún no entregó detalles sobre el valor que podría alcanzar la operación. El año pasado la primera de las tres subastas fracasadas partía con un precio de 2.100 millones de dólares, mientras que las otras dos habían bajado a 1.550 millones.
Un informe divulgado a comienzos de mes advertía sobre la dificultad para obtener un precio justo para una industria que m]as all]a de su valor real acumula pérdidas por 1.900 millones de dólares desde 1993.
El autor del informe, el ex presidente de Venalum Enrique Castells, también dijo que la deuda del sector suma unos 1.500 millones de dólares, y que tienen un déficit de caja de 540 millones.
Una complicación adicional para lograr la privatización ventajosa es que hay "pasivos" ambientales, o costos que es necesario asumir para enfrentar problemas ecológicos generados por la industria del aluminio.
Castells consideró en su informe que el gobierno debería recuperar la productividad de la industria del aluminio con el fin de obtener un mejor precio en la privatización, lo cual tendría un costo de 200 millones de dólares.
Aseguró que el proceso sería apuntalado por un aumento sostenido en el precio del aluminio de 1.265 dólares por tonelada a poco más de 1.700 en el 2003. (Fin/IPS/lc/eg/if la/99
