La amenaza de un paro petrolero en Venezuela, que comenzaría el lunes, es la primera señal de protesta laboral del gobierno de Hugo Chávez, que podría resquebrajar la paz social que caracteriza su presidencia.
Los sindicatos petroleros decidieron medir fuerzas con el estatal gigante Petroleos de Venezuela (PDVSA), en rechazo de la medida de congelar el incremento salarial por mérito, que en los últimos años benefició a todos los obreros de la empresa.
PDVSA adelantó que está en capacidad de mantener al máximo la producción de crudo por dos semanas, en caso de que se haga realidad la amenaza de paro indefinido, que fue calificado de ilegal por las autoridades laborales, mientras se espera una negociación decisiva este sábado.
Un primer contacto negociador entre PDVSA y las federaciones sindicales del ramo, Fedepetrol y Fetrahhidrocarburos, culminó en fracaso el jueves.
En la reunión del sábado participará, como en la primera ronda, el ministro del Trabajo, Lino Martínez, mientras que no se descarta que el propio Chávez decida intervenir directa o indirectamente en el conflicto, si la negociación falla de nuevo.
El presidente dijo en Estados Unidos, donde culminó este viernes una gira de tres días, que "vamos a resolver la huelga mediante el diálogo", y negó que el paro convocado por los sindicatos vaya a ser acatado de forma que paralice la industria de la que depende la economía local.
Directivos de la Cámara Petrolera de empresarios privados locales y analistas en Nueva York del sector dijeron este viernes que aún confían que no llegue a concretarse una huelga en gran escala en la industria petrolera del país.
Venezuela es el tercer exportador del mundo y el primer abastecedor de Estados Unidos. Desde que Chávez asumió en febrero pasó a cumplir fielmente los compromisos de recortes asumidos en 1998 por el país y otro nuevo en abril, por un total de 625.000 barriles por día (bpd).
Esos abruptos recortes de producción, que dejaron su extracción en 2,7 millones de bpd, forzaron la suspensión de actividades en PDVSA, alimentando la crisis en el sector por la debacle de los precios del petróleo en 1998, con su secuela de despidos y del cierre de empresas contratistas del grupo estatal.
Con ese contexto, el anuncio de PDVSA de que no se producirá el acostumbrado aumento salarial para los obreros provocó la apertura del conflicto por una de las pocas cúpulas sindicales del país que aún mantiene control de su sector.
"Hay que agotar todos los mecanismos legales y de negociación para evitar el conflicto, por los daños que provocaría a la economía", dijo este viernes el viceministro de Energía, Alvaro Silva.
Las dos federaciones sindicales aseguran que unos 60.000 trabajadores participarían en el paro, pero fuentes de PDVSA consideran que el número máximo de quienes paralizarían sus labores sería de 32.000, incluyendo a empresas contratistas.
Oswaldo Contreras, vicepresidente de PDVSA, indicó que los obreros de la empresa tienen salarios que son superiores en 25 por ciento a los que pagan las 35 mayores empresas privadas en el país.
También indicó que la claúsula laboral que buscaba premiar a los mejores trabajadores se disvirtuó al extenderse a todos los obreros, sin importar su productividad, y que la idea es devolverle su objetivo inicial.
Alejandro Almaral, gerente de asuntos públicos de PDVSA, aseguró que en caso de que el paro fuese total "sería factible sostener la producción de una semana a 15 días".
En otras ocasiones, PDVSA mantuvo sus operaciones básicas y el despacho de crudo mediante la labor de la llamada "nómina mayor", de técnicvos, gerentes, supervisores y adminsitradores.
Los dos sindicatos petroleros tienen mayoría del partido socialdemócrata Acción Democrática, al que Chávez barrió del poder con una alianza variopinta de izquierda, y sobre el que se concentra la rabia popular por el abrupto empobrecimiento, la corrupción y los errores de la conducción política.
Chávez ha subrayado en varias ocasiones que PDVSA no puede operar con el dispendio del pasado y ha criticado su alegada "cultura de la tarjeta de crédito dorada", con privilegios excesivos para sus ejecutivos.
Pero la otra cara de la moneda es el "cataclismo" que se produjo en 1998 en el sector petrolero, como consecuencia del hundimiento de los precios, que impuso un frenazo en los planes de expansión, generó olas de despidos en el área y provocó el cierre de unas 400 empresas contratistas de PDVSA.
Este mismo viernes, obreros de dos empresas petroleras intenacionales paralizaron una vez más una arteria que comunica dos ciudades del Caribe oriental venezolano, para protestar por despidos durante el año.
La protesta afectó al mayor complejo petroquímico del país, José, dentro del cual operan las dos compañías extranjeras, que amenazan con cerrar operaciones ante la conflictividad.
El gobernador del estado de Anzoátegui, Alexis Rosas, de la alianza de Chávez, criticó que la creciente conflictividad petrolera afecte cada día más la vida de su región, y pidió medidas al respecto a todos los estamentos involucrados.
Otros gobernadores de regiones petroleras han mostrado también preocupación por una tensión social cada día más abierta, que tiene su germen en los despidos y desmejoras en un sector que antes fue envidia del resto de la clase trabajadora del país. (Fin/IPS/eg/if la/99
