El gobierno de Trinidad y Tobago rechazó acusaciones sobre una presunta motivación política de la reanudación de las ejecuciones luego de cinco años, un mes antes de las elecciones de autoridades locales.
El gobernante Congreso Nacional Unido, encabezado por Basdeo Panday, llegó al poder en 1995 con la promesa de atacar de raíz la criminalidad, en constante aumento.
Panday anunció el pasado viernes que los comicios locales se realizarán el 12 de julio. Ese mismo día, tres hombres fueron colgados, pero el primer ministro aclaró que nada tiene que ver un hecho con el otro, sino que simplemente se trata de cumplir con los plazos constitucionales.
Sin embargo, cuando se le solicitó un comentario sobre la ejecución de nueve hombres en tres días, un hecho sin precedentes en la región, replicó que "el proceso se está cumpliendo" y que no creía prudente realizar comentarios.
Varios observadores opinaron que las ejecuciones ocuparán un primer plano en la campaña electoral.
El Movimiento Nacional de los Pueblos (MNP), principal partido opositor, ya se encargó de recordar que el famoso criminal Dole Chadee, quien fue ejecutado el viernes junto a dos miembros de su banda, fue detenido durante su mandato.
Pero Ken Valley, el segundo líder del MNP, intentó restarle importancia política a las ejecuciones y señaló que su partido está preocupado porque "se trata de vidas humanas".
Otros tres hombres, Robin Gopaul, Clive Thomas y Russel Sankerali, todos miembros de la banda de Chadee, fueron colgados en un período de tres horas el sábado, informó el comisionado carcelario Cipriani Baptiste.
Tres integrantes más de la banda, sentenciados a muerte por el asesinato en 1994 de cuatro miembros de una familia en la localidad rural de Williamsville, iban a ser ejecutados este lunes.
El fiscal general Ramesh Lawrence Maharaj, ex activista de los derechos humanos, anunció que se están considerando otras formas de ejecución que el ahorcamiento.
"La Comisión Legal está estudiando el asunto" y presentará un informe al gobierno sobre otros métodos posibles, explicó.
El anuncio no satisface a los grupos de derechos humanos. Amnistía Internacional exhortó varias veces al gobierno a crear alternativas a la pena capital y a considerar la aprobación de las leyes necesarias para implementarlas.
Sin embargo, Maharaj declaró que, aunque la aplicación de la pena de muerte no es una tarea grata, es un deber del gobierno asegurar el cumplimiento de las leyes.
"Las leyes deben cumplirse. Si la sociedad desea cambiarlas, debe promover el proceso correspondiente", dijo.
Ishmael Samad, un activista de los derechos humanos, rechazó el argumento de las autoridades de que las ejecuciones constituyen una medida disuasoria contra el crimen.
"Si se trata de una medida disuasoria, ¿por qué el gobierno no permitió a camarógrafos y fotógrafos registrar las ejecuciones para que salieran en primera plana?", preguntó. (FIN/IPS/tra-en/pr/cb/mlm/hd/99
