El gobierno de Togo formó un equipo de abogados para preparar una demanda contra Amnistía Internacional, que lo acusó de violaciones de los derechos humanos.
Los abogados Jacques Verges y Bruno Mathieu, de Francia, Madicke Niang, de Senegal, y Tchitchao Tchalim, de Togo, defenderán al gobierno en un tribunal de Lomé en septiembre.
La demanda fue causada por un informe de Amnistía Internacional fechado el 5 de mayo, donde se afirmó que cientos de personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de junio de 1998.
Ese informe señaló que en los días siguientes el mar llevó cadáveres a las costas de Togo y de su vecino Benin.
Amnistía Internacional también acusó a las fuerzas armadas de practicar torturas en forma sistemática y de mantener a los detenidos en condiciones de reclusión inhumanas.
El informe exhortó a la comunidad internacional a no vender armas al gobierno de Togo ni prestarle asistencia militar.
Molesto por el informe, el gobierno prohibió su difusión e impidió, el 21 de mayo gobierno, el ingreso al país de una delegación de cuatro representantes de Amnistía Internacional encabezada por su secretario general, Pierre Sané, a quien declaró persona no grata.
La delegación, cuyos miembros habían recibido previamente visas, había solicitado una entrevista con el presidente Gnassingbe Eyadema para discutir la situación de los derechos humanos en el país.
Tengue Nestor and Gayibor François, dos activistas de la Asociación para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, y Nadjombe Antoine Koffi, integrante de la sección local de Amnistía Internacional, fueron arrestados bajo la acusación de atacar la credibilidad y la seguridad del Estado, mediante informaciones y documentos falsos.
Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia y reclamó su inmediata liberación.
Verges, quien encabeza el grupo de abogados encargado de defender al gobierno, afirmó el martes 1 que el informe fue "fraguado", tras reunirse con los demás integrantes del equipo y con Eyadema.
"El señor Sané y sus seguidores querrían legitimar los disturbios, el saqueo y la destrucción que amenazan la seguridad pública y la tranquilidad interna", declaró.
"Es simplemente inverosímil que el ejército matara a cientos de personas, que las arrojara al Océano Atlántico desde aviones, y que luego sus cuerpos fueran arrojados por el mar a las playas de Benin y Togo", dijo Verges.
Los abogados sostuvieron que nunca se hallaron cadáveres en las playas, basándose en una investigación preliminar realizada por jueces locales y en declaraciones de pescadores, trabajadores de la playa y barqueros.
"El Señor Sané es responsable de difundir falsa información con el objetivo explícito de fomentar disturbios, crear un estado de inseguridad permanente y generar la sensación de que el gobierno de Togo es ilegítimo. Se trata de un complot siniestro", dijo Mathieu, quien integra el Colegio de Abogados de París.
"Amnistía Internacional no tiene una agenda política. Somos una organización totalmente imparcial y autónoma. Nuestro objetivo en Togo es asegurar una mejor protección para la mayoría de los ciudadanos del país y los extranjeros que viven en él", replicó Sané.
"Cuando ciertos ciudadanos, miembros de un partido de oposición o aliados del gobierno, son víctimas de violaciones de los derechos humanos, no les pedimos sus credenciales partidarias ni cuestionamos su religión, etnia o filosofía. Pedimos que esos derechos humanos fundamentales sean respetados en el país", añadió.
Los grupos de oposición y los activistas por los derechos humanos de Togo dijeron que el juicio de septiembre no será justo si se realiza en Lomé.
Un miembro del opositor Partido Convención Democrática de Pueblos Africanos, algunos de cuyos miembros fueron arrestados por brindar información a Amnistía Internacional, dijo que los jueces no son independientes.
Amnistía Internacional ha acusado al Poder Judicial de Togo, durante muchos años, de dar la espalda a las violaciones de los derechos humanos.
"No se trata sólo de cientos de ejecuciones, sino también de la desaparición de ciudadanos cuyas familias todavía no recibieron sus cuerpos", dijo Laurent Kokou, maestro de una escuela privada y opositor al gobierno.
Kokou opinó que el caso debería ser trasladado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, para asegurar un juicio justo.
Akli Toussaint, partidario del gobierno, afirmó en cambio que existe un complot contra Eyadema, quien ejerce el poder desde 1967.
"Togo es un país soberano. Tiene derecho a realizar sus demandas donde quiera. Las personas deben responsabilizarse por lo que dicen, y los jueces locales siempre emiten fallos justos. Dejemos que Amnistía Internacional venga e intente probar sus acusaciones falsas", enfatizó Akli.
Olivier Jacoulet, portavoz de Amnistía Internacional, dijo a IPS esta semana que su organización no recibió aún ninguna notificación oficial sobre una acción legal en su contra del gobierno de Togo.
Sin embargo, aclaró que Amnistía Internacional está lista para comparecer en cualquier tribunal para defenderse. (FIN/IPS/tra- en/hytb/nrn/sz/mn/at/mp/hd ip/99
