El Banco Mundial llegó a un inusual arreglo sobre la financiación del polémico "Proyecto para la Reducción de la Pobreza en China Occidental", que trasladaría campesinos de laderas yermas a llanuras tradicionalmente habitadas por tibetanos y mongoles.
La junta ejecutiva del Banco aprobó el jueves 160 millones de dólares para el proyecto, destinado a sacar de la pobreza a 1,7 millones de personas, logrando su autoabastecimiento de alimentos y aumentando sus ingresos.
Sin embargo, representantes de los 182 gobiernos accionistas del Banco retuvieron 40 millones de dólares para la parte más controversial del plan, que consiste en el traslado de 58.000 campesinos chinos a un área autónoma tibetana y mongol fronteriza con Tibet, anexado por China en 1959.
El congelamiento de los fondos para la reubicación tiene por fin permitir que el Panel de Inspección independiente del Banco investigue acusaciones de que la institución rompió sus propias reglas de "salvaguarda" a las comunidades, el ambiente y el derecho del público a saber.
La propuesta reubicación generó intensas críticas de la oficina del Dalaí Lama, líder espiritual del Tibet en el exilio, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos e importantes accionistas del propio Banco.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron temor a que el proyecto involucre trabajos forzados de presidiarios, y grupos ecologistas criticaron al Banco Mundial por violar sus propias normas ambientales.
Legisladores de Estados Unidos, Canadá, Japón y países europeos cuestionaron el proyecto, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, declaró a un comité del Congreso que el gobierno "se inclina a oponerse" al plan.
Tibetanos de la provincia de Qinghai, sitio de la reubicación, advirtieron que la propuesta equivaldría a una "sentencia de muerte" contra ellos porque aumentaría su marginación y el conflicto por los recursos naturales.
El propio Banco Mundial estimó que la población tibetana de la población local caerá de 22,7 a 14 por ciento como resultado del proyecto, mientras la población mongol disminuirá de 14,1 a 6,7 por ciento.
El porcentaje de chinos han se reducirá de 53,1 a 47,5 por ciento, pero otros grupos étnicos crecerán, en especial los hui (chinos convertidos al Islam), que pasarán de 7,2 a 22,1 por ciento.
Sin embargo, el gobierno chino aseguró que respetará los derechos de los habitantes locales, señalaron funcionarios del Banco.
"El hecho de que esta parte del proyecto no comience ni se otorguen fondos para ella hasta que se conozcan los resultados de la inspección dará tiempo a críticos y partidarios para una plena consideración del asunto", destacó el presidente del Banco, James Wolfensohn.
No obstante, la reubicación no es el único punto contencioso del proyecto.
"La falta de información al público y de evaluaciones ambientales adecuadas se aplica al proyecto en su conjunto" y no sólo al plan de transmigración, señaló Dana Clark, del Centro para la Ley Ambiental Internacional.
Esas fallas fueron algunas de las señaladas en una solicitud formal de inspección presentada la semana pasada por la Campaña Internacional para el Tibet (CIT), con sede en Washington, en representación de las comunidades que habitan el área del proyecto.
El Banco obvió normas de evaluación ambiental mediante una mala descripción del impacto del proyecto (que incluye una represa, caminos e irrigación) como "ecológicamente insignificante", y luego ocultó sus hallazgos al público hasta que la evaluación estuvo completa, acusó la CIT.
A pesar de las desventajas de la decisión del jueves, "el proceso del Panel de Inspección aumentará las posibilidades de defender nuestro caso", subrayó John Ackerly, presidente de la CIT.
"Esperamos que el proyecto sea desechado directamente", declaró.
Esa posibilidad es "muy improbable", dijo un funcionario del Banco. En cambio, la actuación del panel tiene por finalidad asegurar que la reubicación se realice de una manera aceptable para todas las partes, dijo.
La votación del jueves se produjo luego de dos postergaciones y múltiples advertencias de que China "reevaluaría" su relación con el Banco si el proyecto fuera descartado, revelaron funcionarios de la institución.
Beijing es el mayor prestatario del Banco, con créditos por unos 2.000 millones de dólares anuales.
Según fuentes independientes y del Banco, Estados Unidos y Alemania votaron contra el proyecto, mientras Austria, Canadá, Francia y los países nórdicos se abstuvieron. Todos los otros miembros, la mayoría representados en bloques, votaron afirmativamente. (FIN/IPS/tra-en/aa/mlm/dv/99
