El gobierno de Sri Lanka reconoce que la represión en los años 80 provocó al menos 30.000 muertos o desaparecidos, pero 10 años después de los hechos ninguno de los culpables fue llevado a juicio, aunque la investigación oficial halló al menos a 600 responsables.
Las aguas del pintoresco río Gin Ganga que pasan junto a la casa de M.P. Soni, en la aldea meridional de Baddegama, no le permiten olvidar a la mujer de 63 años los momentos de terror que vivió en 1989.
El cuerpo mutilado de su hija de 23 años fue encontrado flotando en el río, luego de que fuera secuestrada por militares que reprimían una cruenta rebelión antigubernamental de estudiantes izquierdistas del Frente de Liberación Popular (JVP).
Nadie se atrevió a sacar el cadáver del agua por miedo a que los militares volvieran a buscarlo. Miles de personas fueron asesinadas por la represión del ejército y la policía entre 1988 y 1990.
"Primero capturaron a mi hijo en 1989. Después vinieron a la casa de al lado, donde mi hija Sandhya estaba durmiendo con dos tías, y se la llevaron en medio de la noche", recordó Somi.
"No tuve el coraje de ir a ver su cadáver, pero su hermano lo hizo y volvió furioso porque mi hija tenía la boca y la garganta mutiladas. Tuvimos miedo de sacarla del río porque pensábamos que el ejército nos perseguiría", agregó sollozando.
Recuerdos de hijos o familiares que desaparecieron o cuyos cadáveres fueron encontrados flotando en los ríos, o al borde de las carreteras, todavía abruman a familias en el sur de este país, escenario del levantamiento.
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, el número de desaparecidos durante las operaciones antisubversivas ordenadas por el gobierno del Partido de Unidad Popular (PUP) ascendió a 60.000 personas
La mayoría de las víctimas no tenían conexión con el JVP, según las pruebas presentadas ante tres comisiones presidenciales nombradas por la presidenta Chandrika Kumaratunga para certificar las desapariciones. En gran parte eran amigos y familiares de activistas del JVP u opositores políticos del partido oficial.
El gobierno de Kumaratunga, que llegó al poder con la promesa de investigar la matanza, pagó a Somi 25.000 rupias (360 dólares) por cada uno de los hijos que perdió. Pero la mujer afirmó que el dolor y la pérdida jamás podrán ser compensados.
Su vecina, Danawathie Palliyaguru, de 45 años, mantiene una lámpara encendida junto a un retrato, enmarcado con crespones negros, de un hombre joven, su esposo desaparecido.
Fue la noche posterior a la Navidad de 1989, recordó. "Amenazaron con tirar la puerta abajo si no abríamos. Cuando lo hicimos, irrumpieron cuatro individuos armados. Nos hicieron arrodillar a todos, incluso a mi hijo más pequeño de tres años".
"Entonces, se llevaron a mi marido, que era el 'grama sevaka' (el funcionario de mayor rango de la aldea)", relató, y aunque lo buscó por toda la aldea con la ayuda de sus parientes, no lo volvió a ver.
"No había rastros de él. Fuimos a la policía esa noche pero se negaron a tomar nuestra declaración. Registraron la denuncia un día después", contó.
Hace algunos años, Palliyaguru escribió a la Comisión de Derechos Humanos del gobierno y recibió una indemnización de 50.000 rupias (620 dólares). Sin embargo, sigue sin saber qué pasó con su marido.
"La vida es difícil… La educación de los niños se interrumpió", explicó preocupada. "Mi hijo mayor, que tenía 10 años cuando se llevaron al padre, no quiso quedarse en casa. ¿Cómo puede una criar hijos, especialmente varones, sin el padre?", se preguntó.
Baddegama, cerca de la localidad de Galle, considerada un bastión del JVP, pagó un alto precio durante la campaña represiva. Muchos jóvenes fueron arrestados en la aldea y muy pocos sobrevivieron.
"Me llevaron a un campo donde me interrogaron y luego me liberaron", contó un carpintero, quien reconoció haber ayudado a los rebeldes como muchos otros aldeanos porque la gente estaba harta del gobierno del PUP. "Debo haber sido uno de los pocos detenidos que tuvo la suerte de seguir vivo", estimó.
Kumaratunga, cuya coalición Alianza Popular triunfó en las elecciones de 1994, nombró tres comosiones para investigar y comprobar lo que sucedió con las personas desaparecidas.
Las comisiones, designadas en mayo de 1995 para diferentes regiones, recibieron más de 30.000 denuncias de familias de las víctimas. Cerca de 19.000 casos fueron investigados y las comisiones presentaron sus informes a Kamaratunga en septiembre de 1997.
En junio de 1998, otra comisión fue encargada de comprobar los casos restantes y todavía está en funciones.
A pesar de que las comisiones identificaron a muchos responsables de las muertes y desapariciones, los abogados del gobierno demoraron la presentación de los casos en su contra ante la justicia penal.
Mohamed Iqbal, un empleado público retirado y secretario de una de las comisiones, dijo a IPS que su organismo investigó 8.000 casos, pero que se adoptaron pocas o ninguna medida a raíz del informe.
"Visitamos 25 zonas en cuatro regiones de Sri Lanka e identificamos en nuestro informe a 600 personas -soldados, policías, ex ministros, parlamentarios y funcionarios locales del gobierno- que fueron responsables por las desapariciones", dijo.
Diez años después, las familias siguen esperando que se haga justicia. (FIN/IPS/tra-en/fs/an/ego/aq/hd/99)
