El gobierno de Rusia trata desesperadamente de evitar que la economía se precipite al abismo y ha restablecido el control de precios, si bien esa medida muy difícilmente mejorará la situación del país.
Las autoridades y las principales compañías industriales y energéticas firmaron la semana pasada un acuerdo para imponer un control de precios durante el resto de 1999, con el fin de reducir las presiones inflacionarias.
El convenio fue firmado por los titulares de 53 grandes empresas rusas, tras una mediación del viceprimer ministro Nikolai Aksyonenko.
El pacto limita, entre otros aumentos de precios, los del petróleo, el gas, y productos de las empresas mineras, de metales, de transportes y químicas, estableciendo para ellos un tope de 50 por ciento de las eventuales alzas en otros sectores.
Muchos críticos dijeron que la medida era una regresión a los días de la planificación centralizada soviética.
"Simplemente no se trata de economía de mercado. La medida se parece mucho al sistema de planificación centralizada de la era soviética", afirmó Vladimir Ryzkhov, líder del partido Nuestra Casa es Rusia.
Aksyonenko sostuvo, sin embargo, que la medida estaba en consonancia con las políticas rusas de mercado. "No representa una interferencia del gobieno, sólo pretende limitar el aumento de precios", aseguró.
Por el momento, el control de precios podría ser una buena noticia para la economía, que está al borde del colapso, y no es "un fantasma del socialismo", expresó Alexander Volovik, titular de B-Gas-C, una firma petrolera.
Pero la industria del petróleo no es verdaderamente independiente. "Actualmente no existen compañías petroleras totalmente privadas en Rusia, ya que el Estado tiene todavía su parte", declaró Alexander Yegorov, director de Kapotnya, la mayor refinería de la región de Moscú.
"La economía rusa está dominada por monopolios, y éste es esencialmente un pacto de cartel. Es necesario poner freno a la inflación, pero ésta es una mala señal para la economía", dijo el Sergei Ivanenko.
"El gobierno y las compañías privadas han llegado a este acuerdo públicamente, pero mañana también pueden ponerse de acuerdo a puertas cerradas para aumentar los precios", apuntó Pavel Teplukhin, experto de la firma moscovita de intermediarios Troika-Dialog.
Alexander Yuferev, editor de la revista El Hombre y la Ley, sostuvo que el acuerdo era "un delito" según el artículo 178 del Código Penal ruso, por el cual las "acciones monopolistas y la limitación de la competencia son punibles con penas de cárcel de hasta cinco años". El gobierno no respondió a la acusación.
Noventa por ciento de los consultados en una encuesta dijeron que los precios aumentarían a pesar de los anuncios oficiales sobre el pacto con grandes compañías, y sólo siete por ciento manifestaron esperanzas de que el esquema de control funcione.
El acuerdo fue visto como una medida para ablandar a la Duma (la cámara baja del Parlamento), dominada por la oposición comunista, que todavía debe terminar de aprobar un paquete de medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conceder nuevos créditos a Rusia.
Sin embargo, diputados izquierdistas rechazaron la propuesta de un nuevo impuesto a la venta de gasolina, vinculada con el acuerdo con el FMI, por temor a que el aumento del precio del combustible causara descontento popular.
Los opositores dijeron además que la medida podría facilitar el monopolio del sector petrolero.
"El impuesto a la gasolina es una medida detestable, porque está destinada a quitar del medio a pequeñas y medianas empresas petroleras", afirmó Volovik. El gobierno esperaba que el cobro de ese gravamen aumentara sus ingresos en unos 185 millones de dólares anuales.
La propuesta fue rechazada en la Duma estatal porque según Guenady Ziuganov, líder del partido comunista, "el gobierno no tiene medios para combatir la mafia petrolera". Ziuganov afirmó que el FMI "sólo defiende los intereses de Estados Unidos".
El proyecto es parte de un conjunto de medidas de austeridad destinadas a cumplir con las condiciones del FMI para conceder otros 4.500 millones de dólares a Rusia. El organismo exige que el gobierno imponga nuevos impuestos, reforme el sector bancario y acelere los procedimientos de declaración de quiebra.
La Duma estatal entra en receso estival el día 30, pero a pesar de la retórica antioccidental de Ziuganov ya aprobó casi todas las medidas solicitadas por el FMI para incrementar los ingresos del Estado, incluyendo un nuevo impuesto a los autos costosos y una ley para restructurar el sector bancario.
Alexander Zhukov, jefe de la comisión de presupuesto de la Duma, dijo que las iniciativas no fueron aprobadas para ceder a las presiones del FMI, sino "porque son muy necesarias para el desarrollo del país".
El primer ministro ruso Sergei Stepashin aseguró a los gobernantes de los países más ricos, durante la reciente cumbre del Grupo de los Ocho en Colonia, Alemania, que Rusia cumpliría con las condiciones del FMI.
El G-8 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia.
A pesar del rechazo del impuesto a la gasolina, Stepashin elogió a los diputados por haber aprobado el resto del paquete. El primer ministro señaló que el FMI podría decidir en breve la reanudación de los préstamos a Rusia, y que esperaba que los primeros fondos estuvieran disponibles en julio.
Los problemas del pago de la deuda de Rusia aumentaron cuando el país se precipitó en una crisis financiera en agosto de 1998. La deuda externa asciende a un total de 150.000 millones de dólares, y es preciso amortizar servicios por unos 17.000 millones.
Los acreedores dijeron que las conversaciones para restructurar la deuda solo podrán comenzar luego de que Rusia llegara a un acuerdo con el FMI.
Esa exigencia parece ser sólo un pretexto, arguyó Grigory Yavlinsky, líder del partido liberal Yabloko, en cuya opinión "Rusia puede obtener ayuda financiera, pero la concesión será política".
Muchos observadores señalaron que Rusia y el FMI están enlazados en una nueva ronda de un juego en el cual Moscú pretende estar llevando a cabo auténticas reformas económicas y el fondo simula creerlo.
Analistas rusos dijeron que el FMI no puede permitirse admitir que sus recetas económicas fracasaron, y que por eso, pese a controvertidas medidas como el control de precios, posiblemente seguirá apoyando el modelo económico del gobierno, que es ineficiente y está controlado por monopolios. (FIN/IPS/tra- en/sb/ak/ego/mp/if ip/99)
