El parlamento de Perú someterá a juicio a dos legisladores, uno oficialista y otro opositor, por corrupción y abuso de poder, con miras a su probable desafuero y posterior entrega a la justicia.
El oficialista Alejandro Abanto y el opositor Manuel Lajo comparecerán en los próximos días ante el plenario del Congreso legislativo que, según pronunciamientos previos, aceptará la recomendación de despojarlos de su inmunidad parlamentaria y desaforarlos para que sean juzgados.
La investigación de corrupción entre parlamentarios, que según críticos del gobierno de Alberto Fujimori era parte de una maniobra de intimidación contra la minoría opositora en el Congreso, quedó aparentemente reducida a una operación de saneamiento relativamente aislada.
Otros ocho congresistas, entre los que figuraban tanto oficialistas como opositores, también fueron investigados por una comisión del parlamento, que los absolvió por insuficiencia de pruebas o por considerar que los delitos imputados no fueron cometidos.
Abanto, del gubernamental partido Cambio 90, fue acusado el lunes por una comisión parlamentaria de cuatro delitos, el más grave de los cuales fue promover o participar en una organización creada para apropiarse del dinero de la indemnización otorgada por el Estado a los familiares de las víctimas del terrorismo.
Lajo, del opositor grupo Obras y director de una organización no gubernamental de desarrollo social, fue acusado también el lunes de " enriquecimiento ilícito y concusión", por obligar a profesionales y asistentes asignados a su despacho a entregarles la mitad de los sueldos que les pagaba el Congreso.
Ambos parlamentarios niegan los cargos, y coinciden en afirmar que son víctimas de confabulación política y discriminación.
Abanto acusó a un presunto "servicio de inteligencia de los jesuitas" de querer eliminarlo porque es miembro de una iglesia evangélica, y sostuvo que los demás parlamentarios rehusaron defenderlo porque es de "origen indígena y extracción popular".
Pero los dirigentes evangélicos lo desautorizaron y los testimonios de las viudas de algunas víctimas del terrorismo que fueron estafadas por la organización de Abanto complicaron su situación.
La investigación comprobó que personas que trabajaban con Abanto buscaban deudos de víctimas del terrorismo en zonas deprimidas y aisladas de la serranía, especialmente analfabetos, para gestionar en su nombre, con el apoyo del congresista, el pago de indemnizaciones.
El dinero era luego retenido total o parcialmente por la organización, según la denuncia.
Se calcula que unas 60 viudas y huérfanos de víctimas del terrorismo fueron despojados de la ayuda económica o las pensiones asignadas por el Estado, por una suma total difícil de precisar, pero estimada en casi cinco millones de dólares.
Lajo, economista de profesión, también declaró ser víctima de una conjura política por sus antecedentes izquierdistas, y afirmó que el gobierno quería eliminarlo políticamente por sus denuncias e investigaciones sobre el manejo del presupuesto del Estado.
En el primer momento, algunos parlamentarios izquierdista respaldaron a Lajo, pero le retiraron su apoyo cuando investigaron por su cuenta. Al parecer, fueron convencidos por testimonios y documentos exhibidos por profesionales a quienes el congresista obligó a entregarle parte de sus honorarios.
Cuando se inició en marzo la investigación de los 10 legisladores, un sector de la oposición expresó su temor de que se tratara de una maniobra para presionarlos a votar una reforma electoral que permitiera la postulación de Fujimori a un tercer período consecutivo, posibilidad vedada por la Constitución.
Se requeriría una reforma porque la Constitución establece que se requiere mas de la mitad de los votos emitidos para un triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, porcentaje que parece imposible para Fujimori, cuya votación potencial se mantiene hace tres años entre 25 y 28 por ciento.
"Fujimori tal vez tratará de bajar la votación mínima para ganar en primera ronda, tal vez a 33 por ciento, porcentaje que sus asesores suponen que puede alcanzar", expresó en marzo pasado la congresista social cristiana Lourdes Flores. (FIN/IPS/al/mj/ip/99
