La reanudación de las privatizaciones de Panamá con el llamado a licitación del aeropuerto internacional Tocumen causó la protesta de sus 400 empleados y de un centenar de comerciantes que temen perder sus negocios.
El gobierno suspendió en febrero el programa de privatización luego de violentas protestas de sindicatos y grupos estudiantiles contra la venta del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y otros activos del Estado.
Sin embargo, luego de las elecciones presidenciales del 2 de mayo en las que triunfó la opositora Mireya Moscoso, el presidente Ernesto Pérez Balladares reanudó el impopular programa de privatizaciones con la licitación de Tocumen y el Centro de Convenciones Atlapa.
Las protestas, menos virulentas que en febrero, se reanudaron el lunes cuando unos 1.300 empleados de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) manifestaron su descontento frente a la sede de esa entidad y en todos los aeropuertos del país.
Armando Fernández, dirigente de la Asociación de Empleados, afirmó que los principales afectados por la privatización de Tocumen son sus 400 funcionarios, pero que el resto de los empleados de la DAC también sufrirán, pues ese aeropuerto genera 80 por ciento de los ingresos de la institución.
Tocumen, uno de los aeropuertos más importantes de América Central, recauda unos 22 millones de dólares anuales entre tasas y rentas cobradas a las aerolíneas internacionales y los alquileres pagados por los comerciantes que operan en ese lugar.
Los 1.300 empleados de la DAC demandan una indemnización de 2,1 días de salario por cada año de antigüedad cuando se privatice Tocumen, dijo Fernández.
Los empleados de la DAC aspiran a un trato similar al recibido por los 1.600 trabajadores de la ex Autoridad Portuaria Nacional, que recibieron 2,1 días de salario por año de antigüedad cuando los puertos fueron cedidos en concesión a un operador privado en 1997.
El vocero de los trabajadores afirmó que "es un hecho que habrá despidos" en la DAC cuando se privatice Tocumen, ya que la entidad quedará sin los recursos que genera esa terminal aérea y muchos de los actuales empleados quedarán sin funciones.
Los comerciantes que operan la llamada "zonita libre" de Tocumen también mostraron temor de que el futuro concesionario de ese aeropuerto desconozca los contratos que tienen con el Estado o les aumente la renta de forma indiscriminada.
El abogado de los comerciantes, Ricardo Landero, indicó que los actuales contratos de la "zonita libre" vencen en el 2008.
"La licitación está a la vuelta de la esquina" y los comerciantes "todavía no han recibido ningún informe oficial" en torno de la validez de sus contratos cuando se consume la privatización, afirmó Landero.
El abogado explicó que las dudas se acrecientan porque "todavía nadie ha visto ni conoce el contenido del pliego" de condiciones elaborado por la DAC para la concesión de Tocumen a un operador privado.
Sin embargo, la viceministra de Economía y Finanzas, Norberta Tejada, indicó que ni los trabajadores ni los comerciantes de Tocumen tienen motivo de preocupación.
"Está claro que la DAC no se está privatizando (y) en consecuencia, sólo los trabajadores del aeropuerto de Tocumen serán contemplados para una futura indemnización", agregó Tejada.
La reanudación del plan de privatizaciones iniciado a comienzos de los años 90 ocurre luego que una encuesta regional publicada por The Wall Street Journal, de Estados Unidos, y otros 10 diarios de América Latina reveló que 77 por ciento de los panameños rechazan la venta de empresas públicas en este país.
Tocumen, Atlapa y el Idaan figuran entre las empresas públicas que los panameños desean mantener en manos del Estado, según la encuesta.
Pérez Balladares privatizó o dio en concesión administrativa unas 15 empresas públicas, entre ellas el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que ejercen un monopolio en la distribución de electricidad y las telecomunicaciones.
Las empresas privatizadas total o parcialmente o dadas en concesión administrativa, como los puertos de Cristóbal, en el Caribe, y Balboa, sobre el Pacífico, el Ferrocarril Transístmico y los Casinos Nacionales, han representado ingresos para el Estado por más de 1.300 millones de dólares.
La privatización de empresas públicas forma parte de un plan de "modernización del Estado" implementado por Pérez Balladares con el fin de insertar a Panamá en el proceso de globalización. (FIN/IPS/sh/mj/if/99
