Unas 3.600 personas que reclaman derechos sobre tierras confiscadas a principios de este siglo para la construcción del canal de Panamá, piden el pago de indemnizaciones antes de que la zona pase a jurisdicción de este país el 31 de diciembre de 1999.
La demanda de los presuntos antiguos propietarios se fundamenta en una acción de hecho que habría cometido el entonces naciente Estado panameño para que Estados Unidos construyera el canal entre 1903 y 1914.
Muchos de ellos fueron expulsados a la fuerza por Estados Unidos luego que Panamá firmó en noviembre de 1903 el controvertido tratado Hay-Buneau Varilla, que otorgó a Washington derechos a perpetuidad sobre los 1.440 kilómetros cuadrados de la zona canalera.
En virtud de los nuevos acuerdos firmados entre ambos países en septiembre de 1977, que derogó el tratado a perpetuidad, el canal y las 14 bases militares construidas por Estados Unidos en la antigua zona segregada deben pasar a la jurisdicción de Panamá el 31 de diciembre, libre de deudas y reclamos de terceros.
Roberto Rudas, presidente del Movimiento de Herederos de Tierras del Area Canalera (Mohetac), dijo que sus derechos nunca prescribieron pese a aquella situación de hecho y a una ley especial promulgada en Panamá en 1953.
El administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Nicolás Ardito Barletta, rechazó la petición del Mohetac por estimar que los reclamantes carecen de fuerza legal sobre las actuales tierras canaleras.
La ARI es una entidad autónoma creada en 1993 para administrar los bienes que Estados Unidos comenzó a devolver a este país desde que se inició el proceso de transición el 1 de octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados de 1977.
La ley de 1953 y luego el acto de ratificación constitucional de los tratados mediante un plebiscito realizado en 1978 "declararon de interés público" el canal y las tierras que cedió la nación a Estados Unidos en 1903 para efectuar la obra, explicó Ardito Barletta.
Pero Rudas insiste en que hay antecedentes de que Washington hizo lugar a reclamos de antiguos propietarios de las tierras sobre las que se construyó el canal.
"Hubo 213 personas que a principios de este siglo fueron indemnizadas por Estados Unidos mediante un arreglo económico privado", indicó Rudas.
Agregó que, a pesar de la negativa de Ardito Barletta a conversar con los reclamantes, la procuradora Alma Montenegro de Fletcher ha dicho que "el Estado panameño cuenta con los mecanismos para iniciar una investigación sobre el asunto y llegar a un acuerdo negociado con nosotros".
Rudas indicó que los 3.598 antiguos propietarios de las tierras de la zona del canal tienen títulos de propiedad otorgados por Colombia, antes que Panamá se independizara en noviembre de 1903.
Rudas informó que en las próximas semanas va "a recibir documentos del gobierno de Estados Unidos que prueban nuestro derecho de propiedad sobre esas tierras", las cuales están ubicadas en las provincias de Panamá y Colón, esta última sobre el mar Caribe.
"Inclusive el mismo canal de Panamá fue construido sobre tierras que correspondían a nuestros ancestros y tenemos los planos de los terrenos y (sus correspondientes) escrituras públicas" de propiedad, precisó Rudas.
Muchos demandantes son herederos de humildes afropanameños que residían en pequeñas viviendas y en los llamados "pueblos perdidos", que fueron inundados cuando una represa contuvo las aguas del caudaloso río Chagres para construir el lago Gatún como reserva para las esclusas del canal.
Otros reclamantes son de origen colombiano y estadounidense que heredaron los títulos de propiedad de sus antepasados, como es el caso de la familia Bracho, de Colombia, o Donald Lamb, de Estados Unidos, quien aduce tener derechos de propiedad sobre el ferrocarril transistmico que une a Panamá y Colón.
Los Bracho reclaman 4.254 hectáreas de tierras sobre las que se edificó parte de la ciudad de Colón y las bases militares Fort Davis y Fort Gullick, construidas por Estados Unidos en la provincia de Colón y ya devueltas a Panamá.
Los herederos del propietario original de esas tierras, Jerónimo Bracho, presentaron en 1994 una demanda de indemnización contra Washington ante la Corte Federal del distrito de Columbia.
Una situación similar ocurre con la familia Emiliani, que desde 1980 mantiene una demanda por 119 millones de dólares contra Estados Unidos por la ocupación a la fuerza de unas tierras usadas por Washington en 1912 para construir un puerto, instalaciones militares y viviendas en la provincia de Colón.
También existe un grupo de familias acomodadas de Panamá que dicen haber sufrido la expropiación de terrenos en varios puntos cercanos a esta capital, ocupados por Estados Unidos para las operaciones del canal, bases militares y viviendas para sus funcionarios.
Lamb denunció hace unos tres años en Panamá que Estados Unidos primero confiscó y luego "compró por debajo de la mesa" una parte de las acciones de la "Panamá Rail Boad Compañy", pero otra parte que aseguraban los títulos de propiedad de las tierras usadas por el ferrocarril transistmico nunca fueron vendidas.
Lamb, quien heredó dichas acciones de su bisabuelo J.J. Buchanan, director en aquel entonces de la Panamá Rail Boad Company, pidió que Estados Unidos los indemnice debidamente por la apropiación ilegal de dichas propiedades antes que el canal sea transferido a este país.
El canal, las bases militares, tierras y la infraestructura que construyó Estados Unidos en la antigua zona segregada tienen un valor aproximado a los 35.000 millones de dólares. (FIN/IPS/sh/dm/if ip/99
