Las bajas sanciones establecidas en el código penal de Panamá contra conductores responsables de muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito han convertido las calles del país en un teatro de guerra, donde lo que priva es la ley del más fuerte.
La muerte hace una semana del periodista José Zamora -vocero de la Policía Nacional- por parte de un camionero que no hizo el alto en un semáforo provocó un fuerte debate y demandas de sanciones más severas contra los conductores irresponsables.
El caso Zamora y un posterior accidente donde murieron 11 pasajeros de un autobús colisionado por un camionero que se dio a la fuga generó el pasado fin de semana a un operativo de la Policía de Tránsito que culminó con sanciones de todo tipo contra unos 2.500 infractores.
El director de la Policía de Tránsito, Alvis Santana, afirmó que entre el viernes y el domingo se detectaron choferes del transporte público y de carga sin licencia de conducir, otros que viajaban a exceso de velocidad, vehículos en mal estado y múltiples infracciones al reglamento de tránsito.
Pese a que los vehículos dedicados al transporte de pasajeros y de carga representan menos del 15 por ciento de los automotores existentes en el país, estimados en 300.000 unidades, ese sector es responsable de alrededor de un 30 por ciento de los accidentes ocurridos en Panamá.
Junto con el operativo del fin de semana, la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre publicó una lista de 157 autobuses y taxímetros cuyos conductores son buscados por colisión y fuga.
Los transportistas aducen que el problema deriva del permanente congestionamiento existente en las calles de esta capital, debido al crecimiento de la flota de autos particulares que desde 1994 aumentó a un promedio de 30.000 vehículos anuales, y a la insuficiente red de calles y carreteras.
Pero el fiscal superior de Panamá, Cristóbal Arboleda, afirmó que gran parte del problema se origina en el débil peso de las leyes para castigar "la irresposabilidad en el manejo".
"Son tan benignas las penas, es tan leve el tratamiento judicial, que ningún conductor siente mayor temor ante la represión que debería significar verse involucrado en un proceso de carácter penal", indicó el funcionario.
Explicó que el código penal califica como homicidio por imprudencia o lesiones por imprudencia a las personas que provocan la muerte de otras en un accidente de tránsito, aun en los casos en que se prueba que actuó de manera irresponsable en el manejo de su vehículo.
Además de lo leve de la calificación de ese acto, al responsable se le castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel, pero nunca se dicta detención preventiva y cuando es condenado mediante juicio "el juez suspende la ejecución de la pena o se le sustituye por multas", subrayó Arboleda.
"Yo he tenido casos en que un conductor de un autobús que mató a otro por irresponsabilidad en el manejo le reemplazaron la pena de prisión impuesta, y eso le implicó el pago de 225 dólares", una irrisoría, indicó.
Además de reclamar que se eleven las penas y que se establezca la prisión preventiva contra los responsables de muertes en accidentes, Arboleda pidió un aumento en las sanciones administrativas y que se haga responsables solidarios a los propietarios de vehículos del transporte público cuyos choferes se involucren en un accidente.
Sin embargo, los propietarios de vehículos del transporte público rechazan cualquier aumento en las sanciones penales y administrativas por estimar que ellos no son los únicos responsables del problema.
Luzmila Angulo, dirigente de una cooperativa de autobuses, afirmó que "para mí tan asesino es el señor que tiene un lujoso carro como el chofer" de un autobús que maneja para un patrono.
Tras rechazar los cambios en el código penal reclamados por el fiscal superior, Angulo denunció que los medios de comunicación han moldeado un esterotipo de asesinos contra los choferes del transporte público debido a su alta participación en accidentes.
Carlos Martínez, fiscal de la Cámara Nacional del Transporte, indicó por su parte que "la legislación existente sobre sanciones en el transporte terrestre es suficiente, y si se aplica bien basta y sobra".
Pero el obispo Rómulo Emiliani reclamó que junto con el aumento de sanciones se eduque "contra la complicidad que existe entre los conductores, pues se ha llegado a un punto en que nadie dice nada, nadie hace nada cuando un coductor irresponsable se cruza una esquina con luz roja".
"Ese es un asesino en potencia y hay que hacer algo drástico para detenerlo", subrayó el jerarca católico.
En los últimos cinco años los accidentes de tránsito han provocado un promedio de 1,3 muertos diarios, pero en lo que va de 1999 dicho promedio aumentó a casi dos muertos por día, según estadísticas de la Policía de Transito. (FIN/IPS/sh/dg/pr/99)
