La Coordinadora Campesina Europea (CCE) reclamó a la Unión Europea (UE) una política comercial coherente, en beneficio propio y del desarrollo de los países del Sur.
Así lo expresó este martes el dirigente de la CCE Paul Nicholson al presentar en esta capital el libro "Vacas gordas, vacas flacas", que analiza problemas y sugiere soluciones derivadas del impacto de la Política Agraria Común (PAC) en los países en vías de desarrollo.
La PAC es una política consensuada entre los 15 países que integran la UE, en función de la cual, por un lado, los estados miembros pagan subsidios a sus productores agropecuarios, y, por otro, la UE impone trabas arancelarias y para-arancelarias a los productos producidos en los países en del Sur.
Entretanto, la CCE agrupa a 17 organizaciones de campesinos y agricultores de once países europeos y, según señaló Nicholson, es reconocida como interlocutora ante las instituciones comunitarias del continente.
En tal condición, la CCE participó en 1993 en la creación de Vía Campesina, un movimiento mundial de organizaciones campesinas de pequeños y medianos agricultores, trabajadores agrícolas y mujeres y comunidades indígenas de Asia, 5frica, América Latina y Europa.
El libro señala que casi la mitad del presupuesto de la UE está dedicada a la PAC y que ello se traduce en subsidios a la producción agrícola europea y a las exportaciones de sus productos.
Esa exportación subsidiada hace que los productos europeos sean más competitivos que los nacionales en los mercados de los países del Sur, aunque éstos sean producidos a un costo menor.
Además, destaca que en muchas zonas de la UE las empresas agroalimentarias se enriquecen con las subvenciones, al tiempo que utilizan técnicas ambientalmente insostenibles e incluso de dudosa salubridad.
Al respecto, recuerda lo ocurrido con la epidemia de las "vacas locas", que diezmó la ganadería británica y transfirió enfermedades a las personas.
Dos investigadores del Centro Europeo para Políticas de Desarrollo, de Maastricht, Holanda, Andrea Koulaimah Gabriel y Ad Oomen, analizan en el texto la incoherencia comunitaria en las directivas para la fabricación de chocolate.
La legislación europea, que data de 1973, prohibe el empleo de grasas vegetales (AMC) distintas a la manteca de cacao para la producción y comercialización de chocolate.
No obstante, debido a la ampliación gradual de la UE (que pasó de cinco miembros en aquella época a 15 en la actualidad), esa legislación sólo se aplica en ocho de los países asociados de la unión.
La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE) propuso al Parlamento Europeo que se permita hasta un cinco por ciento de AMC para la elaboración de chocolate.
Los autores entienden que esa medida sería completamente contraria a los compromisos de la Unión con los países productores de cacao, por lo que se pronuncian en contra de su promulgación.
Para enfrentar esos y otros problemas derivados de la PAC, la CCE plantea la necesidad de que la UE cuente con una política coherente y que se desarrolle "un diálogo genuino" entre la sociedad civil y los poderes públicos y entre el bloque europeo y los países del Tercer Mundo.
Otro requisito indispensable, a juicio de esa Coordinadora, es que exista una información fehaciente, como forma de compensar el déficit democrático de la UE.
Eso es necesario, añade, porque "la manipulación de la información, ya sea reteniéndola, ya sea tergiversándola, es un elemento importante de una toma de decisiones politizada".
Por último, propone una serie de medidas institucionales, como la creación de "un punto focal" encargado de seguir las políticas y decisiones que puedan afectar a los países del Sur.
También sugiere crear un grupo de trabajo que coordine los servicios de la UE, paneles de expertos, un "defensor de las víctimas" de la PAC y la edición de una memoria anual, de utilidad para todos los involucrados en la búsqueda de soluciones y de una política comercial exterior coherente. (FIN/IPS/af/dg/if/99)
