La comunidad indígena mayagna de Awas Tingni demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al estado de Nicaragua por la violación de sus tierras ancestrales y por conceder a una empresa coreana permiso para extraer madera.
Ocho jueces de la CIDH escucharon el lunes en su sede en San José a representantes del estado de Nicaragua, que se defendió de los cargos y alegó que la Corte no tiene competencia en este caso.
Los líderes indígenas aseguran que con esta acusación aspiran a sentar un precedente que sirva para asegurar los derechos humanos de todos los indígenas del hemisferio y del mundo.
"Los tractores hacen trochas (caminos) en el bosque y matan a los árboles", dijo IPS Mercedes Pedro, indígena de Awas Tingni que estuvo presente en la audiencia.
Vestida de negro y alternando el español con el mayagna, esta indígena miskito explicó que durante años no hubo ninguna respuesta del gobierno a las solicitudes de demarcación de sus tierras.
Este caso fue sometido a consideración de la CIDH el 4 de junio de 1998 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a falta del reconocimiento oficial del territorio de la comunidad mayagna, según la demanda.
"Estamos contra la demanda pues hemos logrado demostrar que la comunidad indígena no hizo la petición de titulación de tierras ante las autoridades competentes de nuestro país", declaró a IPS Edmundo Castillo Salazar, abogado representante del estado de Nicaragua.
Salazar dijo que la CIDH no tiene competencia, pues, dijo, los indígenas no agotaron las vías judiciales dentro de este país.
Awas Tingni es una comunidad indígena de la costa caribeña de Nicaragua, en la que viven 142 familias que suman una población de 630 personas.
La principal aldea de esta comunidad está sobre el río Wawa, dentro del municipio de Waspan, en la Región Autónoma Atlántico Norte.
"Este caso de falta de demarcación y titulación de tierras no es solo de esta comunidad indígena, sino de muchas", dijo a IPS Ned Archibold, representante de 257 comunidades indígenas del norte de Nicaragua y que respaldó en San José la demanda de Awas Tingni.
Archibold indicó que esta petición de reconocimiento ha sido solicitada a los gobiernos "desde tiempos de los ancianos" y agregó que 170.000 indígenas a los que representa está apoyando a los de Awas Tingni.
"Pero no nos han escuchado, tal vez porque somos muy pobres", dijo Archibold.
El 13 de marzo de 1996, el estado de Nicaragua, por medio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, concedió por 30 años a la empresa coreana Sol del Caribe SA la explotación de unas 62.000 hectáreas de selva tropical en la región de la Costa Atlántica, reclamadas por la comunidad mayagna.
De acuerdo con la demanda, el estado nicaragüense habría violado los artículos 1, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso, solicitan una reparación tanto económica como en el ámbito de la titulación.
Castillo Salazar destacó que el gobierno de Nicaragua tiene importantes iniciativas a favor de los indígenas, como un anteproyecto de ley en materia de titulación y demarcación de las tierras comunales, así como un paquete de proyectos de bienestar para los indígenas.
El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Claudio Grossman, fue, sin embargo, enfático durante la audiencia pública al afirmar que uno de los puntos principales es que el gobierno nicaragüense otorgó una concesión ilegal.
"A nosotros nos preocupa mucho que en nuestras comunidades se talan árboles, pero además muchos de ellos no son recogidos, son dejados ahí en el bosque, donde se pudren", explicó otro indígena de Awas Tingni, Charles McClean, encargado comunal del bosque.
Se prevé que en un plazo de tres a seis meses la CIDH fije una fecha para dictar una resolución, en la que podría desechar los argumentos del estado de Nicaragua o entrar a conocer el fondo del asunto. (FIN/IPS/nms/mj/pr hd en/99
