EL SALVADOR: Gobierno lanza plan de apoyo a producción nacional

Menos de un mes después de haber asumido el poder, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, adoptó una política económica que estimula la producción de bienes, corrigiendo la línea seguida por sus predecesores en los últimos diez años.

Al contrario de los dos gobiernos anteriores, que privilegiaron el sector de servicios, y dentro de él al sistema financiero, Flores atendió las voces de empresarios y expertos que vienen advirtiendo, desde hace varios meses, sobre el estancamiento de la economía salvadoreña.

La razón de esa situación, alegan economistas de diversos sectores, es la postración en que se encuentran pilares tradicionales de la economía nacional, como los sectores agropecuario e industrial.

De acuerdo a la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), la producción de café en la zafra 1998 1999 se situó en dos millones de quintales, contra 3,2 millones en la zafra anterior, mientras la de azúcar se redujo de 10,3 a 9,5 y la de arroz en granza de 1,4 a 1,2 millones de quintales.

El plan de reactivación económica presentado el viernes último por Flores recibió el beneplácito de los sectores industrial y agropecuario y de la mayoría de los partidos políticos.

También fue respaldado inicialmente por el izquierdista y ex guerrillero Frente Farabundo Martí (FMLN), el principal opositor a la derechista y gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

No obstante, este lunes el FMLN se retractó, y decidió rechazar en el Congreso cualquier medida que afecte el bolsillo de los salvadoreños.

En el paquete de medidas dispuesto por el gobierno figura el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos y la introducción de gravámenes a productos importados.

Esa última disposición, advirtieron los comerciantes salvadoreños, acrecentará el precio de venta al público de los artículos foráneos.

Sin embargo, la mayoría de los sectores empresariales considera que el impacto negativo no será de entidad.

El plan divulgado por Flores incluye medidas para proteger y recuperar al sector agrícola, aumentar la recaudación tributaria y reducir el gasto público.

Para proteger y reactivar la agricultura, el gobierno gravará las importaciones de granos básicos, leche, frutas y verduras con un impuesto al valor agregado del 13 por ciento, del cual hasta ahora están exentas.

Esa situación mantenía en desventaja a la producción nacional, que debía pagar el impuesto. Ahora habrá igualdad de condiciones.

El Ejecutivo instrumentará también un sistema de banda de precios durante la cosecha del próximo año, con el cual se establecerá un precio máximo y uno mínimo.

En materia de infraestructura, y siempre para favorecer la reactivación del agro, el Ministerio de Obras Públicas rehabilitará y construirá cerca de 300 kilómetros de caminos rurales durante 1999.

Flores prometió además que su gobierno pondrá en marcha en el corto plazo un plan de seguridad ciudadana con miras a proteger a las áreas rurales de la delincuencia, involucrando a 2.000 miembros del ejército y de la Policía Nacional Civil.

Todas estas medidas fueron bien recibidas por Camagro, que pocos días antes del anuncio de Flores había propuesto un plan de reactivación con medidas similares.

Según un estudio realizado por esa organización, uno de los obstáculos más serios de los agricultores para comercializar sus productos es la falta de carreteras en buen estado.

De los 4.380 kilómetros de caminos rurales, sólo 37 por ciento son transitables.

Tanto la Asociación Nacional de la Empresa Privada como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y la Cámara de Comercio estimaron que la consideración como un paso positivo el pie de igualdad con que serán tratados los productores nacionales y extranjeros en cuanto al pago de gravámenes.

El empresariado salvadoreño esperaba de Flores que diera prioridad a la reactivación del agro y a la generación de empleo.

A principios de este mes, la Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas había pedido al gobierno un aumento de la inversión social, no sólo en salud y educación sino también en infraestructura, para generar trabajo y combatir la pobreza. (FIN/IPS/lv/dg/if/99

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