La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió demandar a Venezuela ante la Corte regional por violaciones cometidas durante el "caracazo" de 1989, según se informó hoy en esta capital.
La Comisión entregó el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 7 de junio, tras estudiar desde 1995 el caso conocido como "Aguilera la Rosa y otros" sobre 44 crímenes atribuidos a fuerzas militares y policiales venezolanas.
"El Estado venezolano ha tenido múltiples oportunidades para demostrar su sensibilidad" pero no las aprovechó, advirtió este martes la directora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), Liliana Ortega.
El "caracazo" comenzó con un amotinamiento popular que estalló el 27 de febrero de 1989, cuyos desórdenes, saqueos y represión produjeron centenares de muertos, al menos 2.000 heridos y 150 millones en daños a comercios.
Este episodio, también recordado como "27-F", fue detonado por un alza en las tarifas del transporte. El gobierno decidió militarizar ciudades, decretó una emergencia e instauró el toque de queda.
Oficialmente, el suceso dejó un saldo de 276 muertos. Pero organizaciones de derechos humanos contabilizaron 364 muertos, sin considerar otros 68 cadáveres que aparecieron después en fosas comunes.
"La fuerza pública ejerció su labor desbordando sus atribuciones y traspasando sus límites", dijo la Comisión Interamericana en el informe final divulgado hoy por Cofavic en Caracas.
El número de víctimas "es considerablemente mayor que el mal que se procuro evitar", afirmó la Comisión.
Cofavic destacó que en las 44 violaciones consignadas en el caso presentado ante la Comisión Interamericana hay evidencia sobre la participación de agentes del Estado.
La Comisión destacó en su presentación ante la Corte Interamericana la necesidad de realizar investigaciones exahustivas para identificar y castigar a los responsables, y disponer la compensación a las víctimas.
Ortega aseguró que el Estado venezolano tiene una "preciosa oportunidad" para que este proceso le permita "reafirmar su compromiso con los derechos humanos".
Esta es la segunda vez que Venezuela es demandada ante la Corte Interamericana. En la primera ocasión fue llevada ante este tribunal por el caso de "El Amparo", en el cual 14 pescadores fueron asesinados por efectivos policiales, en la frontera con Colombia.
En esa oportunidad el Estado venezolano reconoció su responsabilidad.
En el caso del "caracazo", Cofavic y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional acudieron ante la Comisión Interamericana "tras seis años sin respuestas en las instancias internas".
Ortega precisó que se trata de resolver "un grave precedente de impunidad que compromete el presente y el futuro de Venezuela", y advirtió que a través de este caso "estamos hablando de los derechos humanos de todos".
Aunque el gobierno, en representación del Estado, aún no ha dicho como enfrentará este caso ante la Corte Interamericana, el actual presidente Hugo Chávez ha sido bastante claro al prometer que nunca más habrá un 27-F.
"Que nunca más el ejército salga a reprimir" dijo Chávez, un teniente coronel retirado que en 1992 protagonizó dos asonadas militares consideradas como coletazo de la "herida abierta" develada por el 27-F.
Por su parte, Ortega dijo este martes que "guardamos la enorme esperanza de que el gobierno venezolano va a ser consecuente". (Fin/IPS/lc/eg/hr/99
