El conflicto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será aprovechado por el gobierno de Perú para denunciar el Pacto de San José, afirman analistas y dirigentes políticos opositores.
El presidente Alberto Fujimori prepara la denuncia del Pacto de San José para evitar que se pronuncie contra su pretedida postulación a la reelección por un tercer periodo consecutivo, señalaron sus críticos, que le advirtieron que podría colocar al país en conflicto con todo el sistema político interamericano.
Las acusaciones se basan en declaraciones de Fujimori en el sentido de que su gobierno no acatará el fallo de la CIDH que ordena a Perú anular el juicio a cuatro ciudadanos chilenos acusados de terrorismo por un tribunal militar y juzgarlos nuevamente ante uno civil.
El fallo considera que el tribunal militar que condenó a cadena perpetua a los chilenos Alejandro Astorga, Jaime Castillo, Lautaro Mellado y María Concepción Picheira no garantizó su pleno derecho de defensa y obliga al Estado peruano a pagar 10.000 dólares de compensación a cada uno de ellos.
Los cuatro eran miembros del guerrillero Movimiento Revolucionario Tupác Amaru (MRTA), que en diciembre de 1996 asaltó la embajada de Japón en Lima y tomó a más de 500 rehenes, entre ellos 25 embajadores y varios ministros, para pedir la libertad de sus 480 compañeros presos.
Los cuatro chilenos, capturados en octubre de 1993 cuando la policía asaltó una casa en Lima donde el MRTA mantenía secuestrado a un empresario peruano, fueron acusados en el curso del proceso judicial de haber matado a otros cinco rehenes cuyos familiares no pagaron rescate por su libertad.
Un tribunal militar dictó sentencia el 7 de enero de 1994 y poco después una organización humanitaria chilena inició ante la CIDH gestiones por su libertad, señalando que habían sido sentenciados por "traición a la Patria", delito que no se puede tipificar a ciudadanos extranjeros.
La CIDH, cuyo fallo fue notificado al gobierno peruano en forma reservada, no se pronuncia sobre la culpabilidad ni la carátula del juicio -"Traición a la Patria", sino que demanda su nulidad, ya que al ser juzgados por un tribunal militar se violaron las normas del debido proceso y se limitó su derecho de defensa.
Perú suscribió en 1979 la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica sin reservas de ninguna clase, de modo que sus fallos son inapelables y obligatorios.
Interpretaciones de fuentes pro gubernamentales en el sentido de que el fallo podría provocar que todos los sentenciados por terrorismo reclamen la nulidad de sus juicios provocó impacto en la opinión pública, que aún no se repone de la guerra civil que entre 1980 y 1993 provocó casi 30.000 muertos y desaparecidos.
"Entiendo la consternación de la opinión publica peruana pero quiero aclarar que es infundada", comentó Javier Valle Riestra, ex primer ministro del actual gobierno de Fujimori.
"No es posible que los demás sentenciados reclamen la nulidad de sus sentencias alegando que fueron emitidas por un tribunal militar, pues ya venció el plazo, de seis meses, dentro del cual podrían iniciar dicho trámite", arguyó.
El presidente del Consejo de Ministros, Víctor Joy Way, sostuvo que los miembros de la CIDH "están bajo influencia ideológica izquierdista" y expresó que "el fallo ha sido emitido sin sensibilidad por la situación política de Perú".
La parlamentaria oficialista Martha Chávez propuso denunciar el Tratado de San José, "porque es un instrumento que limita la soberanía nacional".
"El fallo a favor de los terroristas chilenos se entromete en una cosa juzgada con arreglo a los procedimientos judiciales establecidos soberanamente por nuestro país para protegerse del terrorismo", arguyó Chávez.
Estos comentarios provocaron la respuesta de analistas y dirigentes políticos opositores que consideran que Perú esta obligado a acatar el fallo.
"El tratado de San José no le gusta a Fujimori porque es un comentario a su manera de administrar justicia, infringiendo las normas procesales que garantizan la debida garantía al derecho de defensa", afirmó Mirko Lauer en el diario opositor La República.
"Fujimori usará como pretexto la reacción popular contra el fallo de la CIDH para sacar a Perú del Pacto de San José", añadió.
"La reacción de Fujimori contra el fallo de la CIDH es coherente con la política de su gobierno de desinsertarse de la comunidad internacional en el tema de los derechos humanos, para evadir las presiones internacionales en esa materia", dijo Diego García Sayán, director de la Comisión Andina de Juristas.
El jurista aseguró que la actitud del mandatario peruano "plantea otro tema de fondo: su voluntad de salirse de la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos, intención que se refleja en las posteriores declaraciones de su primer ministro y de los parlamentarios oficialistas".
La parlamentaria socialcristiana Lourdes Flores recordó que el gobierno peruano ya había entrado en contradicción con la recomendación de la CIDH de reponer en sus cargos a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, destituidos por declarar ilegal la postulación de Fujimori a la reelección. (FIN/IPS/al/ag/ip/99
