El ex dictador de Chile Augusto Pinochet representa un paradójico símbolo de esperanza para todos aquellos que este sábado conmemorarán el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
"Este 26 de junio sentiremos cierto optimismo ahora que uno de los peores torturadores será procesado", dijo Inge Genefke, secretaria general del Consejo Internacional de Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, en referencia a Pinochet, cuya dictadura (1973-90) es acusada de haber torturado a miles de personas.
El general y senador vitalicio chileno se encuentra detenido en Gran Bretaña desde octubre mientras espera su posible extradición a España para ser procesado por torturas y otros crímenes contra la humanidad.
Las posibilidades de que Pinochet sea extraditado a España también se basan en el fallo de los lores británicos que estipula que el ex dictador puede ser procesado por las atrocidades perpetradas a partir de 1988, cuando Gran Bretaña ratificó la Convención contra la Tortura.
El hecho de que un gobernante pueda ser extraditado para ser sometido a juicio por tortura y conspiración para torturar es un "precedente importante" de la utilidad que tiene la Convención, argumentó Iain Lavine, representante de Amnistía Internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para los activistas de los derechos humanos, la detención de Pinochet y el fallo de los lores británicos son grandes victorias de la Convención, que entró en vigor en 1987 pero sólo fue ratificada por 114 países.
"La Convención contra la Tortura sigue siendo el tratado internacional de derechos humanos menos ratificado", explicó Lavine.
Eso es algo que la ONU pretende cambiar. La Asamblea General del foro mundial declaró el 26 de junio día de apoyo a las víctimas de la tortura y aprovecha la ocasión para "exhortar a todos los estados que se adhieran a la Convención contra la Tortura".
La tortura es condenada por importantes tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, indicó Elsa Stamatopoulou, directora de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero fue la Convención contra la Tortura la que convirtió a ese delito en un crimen internacional, lo cual posibilitó la detención de Pinochet y la inclusión de la tortura en la competencia de los tribunales de la ONU para Ruanda y la ex Yugoslavia.
"A pesar de esos avances, la información que llega a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU indica que la tortura se sigue usando como arma de intimidación en tiempos de guerra, y como herramienta de gobiernos que no pueden gobernar con la confianza de sus pueblos", declaró el secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
"Ha prevalecido una sensación de impunidad", afirmó.
Sólo este año, unos 70 países denunciaron incidentes de tortura ante organismos de derechos humanos de la ONU, dijo este viernes a la prensa Stamatopoulou.
Amnistía Internacional registró denuncias de tortura de 125 gobiernos en 1998, incluso de 51 países donde el maltrato de presos en las cárceles provocó muertes, dijo Lavine.
Ahora que mejoraron las perspectivas para procesar a los responsables de atrocidades de Chile, Ruanda y Yugoslavia, los activistas de derechos humanos piden a unos 70 países que firmen la Convención contra la Tortura y limiten aun más la impunidad.
Así mismo, algunos grupos solicitan que más gobiernos financien el Fondo Voluntario de la ONU para las Víctimas de la Tortura, que a su vez brinda dinero a programas de rehabilitación en todo el mundo.
El gobierno de Estados Unidos aportó tres millones de dólares al Fondo este año, cerca de 60 por ciento del total de sus gastos presupuestales, pero varios observadores creen que la cantidad que recibe el organismo no basta.
"La Convención contra la Tortura fue ratificada por 114 países, pero el Fondo recibe el apoyo de menos de 30", dijo John Salzberg, representante de Washington en el Centro para las Víctimas de la Tortura.
"Creo que cada estado que ratificó la Convención debe dar una contribución al Fondo, incluso si es una cantidad mínima", propuso Salzbergo, y agregó que otros países industrializados deben igualar el aporte estadounidense.
Annan se sumó a ese pedido y también recordó a los gobiernos que deben ratificar el estatuto, acordado el año pasado en Roma, para crear el Tribunal Penal Internacional. Sólo tres países lo han hecho hasta el momento.
"Ya es muy tarde para impedir que la tortura nos acompañe al nuevo siglo. Pero no lo es para redoblar los esfuerzos para contener esta amenaza", dijo Annan. (FIN/IPS/tra-en/fah/aq/hd/99
