El gobierno de Cuba planea presentar un proyecto de ley para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas al parlamento antes de fin de año, informaron fuentes oficiales.
Anunciado hace varios años por el Ministerio de Justicia, el proyecto está recibiendo los toques finales y será sometido a debate público antes de ser derivado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).
El debate se llevará a toda la población, con énfasis entre los estudiantes y profesionales de la salud, afirmó José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento cubano.
Un informe de la radio estatal aseguró este viernes que la ley incluirá medidas contra el lavado de dinero y la producción, oferta, tráfico, distribución, consumo y tenencia de drogas.
Toledo explicó que el proyecto prevé el régimen legal con el que operarán los agentes encubiertos en el combate al narcotráfico.
Esos agentes requieren protección especial, por lo que es necesario crear mecanismos que den validez a su testimonio sin tener que desenmascararlos, dijo Toledo.
La ley definirá cómo abordar las escuchas telefónicas, el control de correspondencia y las entregas vigiladas, operaciones que se realizan en forma coordinada con los servicios especializados de terceros países.
Informes oficiales aseguran que entre 1994 y 1997 fueron confiscados en Cuba 14.500 kilogramos de droga, entre ellos cargamentos de cocaína de alta pureza cuyo valor en el mercado de Estados Unidos equivaldría a unos 380 millones de dólares.
En 1998 se frustraron 129 intentos de paso de drogas por aeropuertos cubanos. Sólo en el primer semestre de ese año fueron detectados 200 escalas de droga en las costas de la isla, según esas fuentes.
El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en La Habana, Ariel Francais, dijo a IPS que La Habana "está efectivamente integrada a todos los mecanismos de cooperación con el narcotráfico, especialmente en el Caribe".
Cuba está ubicada en un área de tránsito de la droga hacia Europa y Estados Unidos, una zona donde también se registran operaciones de lavado de dinero, el consumo se ha extendido y los riesgos de corrupción son muy grandes, alertó Francais.
Las reformas realizadas en febrero de este año al Código Penal incluyeron la figura del lavado de dinero y establecieron la pena de muerte para funcionarios públicos implicados en narcotráfico.
Expertos locales estiman que la nueva ley dará a Cuba un basamento jurídico más amplio al combate contra el narcotráfico en sus fronteras y a la prevención del consumo entre los más de 11 millones de habitantes.
"El consumo es totalmente marginal. Sin embargo, es un problema que podría desarrollarse a medida que el país se abra al exterior y al turismo, y las autoridades están conscientes de que eso puede expandirse", afirmó Francais.
Considerado tabú hasta inicios de esta década, el consumo de marihuana y otros estupefacientes entre minorías en la isla fue reconocido por un representante del gobierno por primera vez en 1996.
El entonces ministro de Justicia y hoy embajador cubano ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Carlos Amat, afirmó que el consumo de drogas se restringe a prostitutas y otros sectores marginales.
Los rumores sobre la venta y consumo de droga en algunas regiones del país aumentaron en los últimos tres años. Es usual oir a algún turista contar que en Cuba le ofrecieron "la coca más barata del mundo", a 30 o 50 dólares la dosis.
Por lo general, la cocaína que se introduce en el mercado subterráneo llegó por casualidad a las costas cubanas y cayó en manos de alguna persona que prefirió venderla a algún traficante ilegal en lugar de entregarla a las autoridades.
En cuanto a la marihuana, de acuerdo con las leyes vigentes, cualquier persona que sea sorprendida cultivándola pierde de inmediato su tierra y puede sufrir entre cuatro y 20 años de prisión.
Mientras, el Código Penal prevé severas sanciones para el tráfico de drogas, sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no incluye sanciones para los adictos por considerarlos enfermos requeridos de rehabilitación.
"Todo el sistema legal cubano está montado sobre un patrón clínico-jurídico", dijo a IPS Luis Suárez, secretario ejecutivo del Centro Coordinador de Investigaciones Sociojurídicas, adjunto al Ministerio de Justicia.
El académico adelantó que la tendencia en la nueva ley antidrogas será "mantener el carácter preventivo, atacar al negociante y no a la víctima, aunque el consumo de drogas se mantenga como un agravante en delitos de alta peligrosidad social". (FIN/IPS/da/mj/ip he/99
