La inminente aprobación de una ley para frenar a 5.000 turistas que visitan Costa Rica cada año con la intención de violar a niños y niñas explotados por redes de proxenetas despierta optimismo entre los activistas.
"Por fin nos escucharon", comentó a IPS Rocío Rodríguez, de la organización no gubernamental Casa Alianza, que hace dos años centra su trabajo social en la denuncia y prevención de este fenómeno.
Uno de los puntos fundamentales del proyecto es que aumenta la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales de 15 a 18 años. Además, establece penas de prisión a quienes, mediante pago, mantienen relaciones sexuales con menores, que antes eran favorecidos por vacíos legales.
Rodríguez indicó que la explotación sexual comercial infantil en Costa Rica se ha vuelto alarmante. En los últimos años quienes trabajaban por revertir este problema sentían que nadaban contra corriente, se lamentó.
Uno de los detonantes del auge de Costa Rica como destino turístico sexual es el endurecimiento de las leyes contra el proxenetismo en el sudeste asiático, que llevó a los viajeros a buscar otros destinos, dijo Bruce Harris, director de Casa Alianza.
"La situación es tremenda. Sólo en mayo recibimos 20 denuncias de abusos", añadió Rodríguez, quien resaltó que hasta el momento una de las grandes preocupaciones ha sido la impunidad.
Pero el parlamento abrió una puerta a la esperanza al aprobar la semana pasada en primer debate un proyecto de ley en la materia. El estatal Patronato Nacional de la Infancia (Pani) prevé que la votación definitiva se producirá en las próximas dos semanas.
El proyecto hace más eficaz la persecución de la corrupción de menores al afinar la definición de los casos que deben castigarse con la cárcel. La actual legislación no es específica, explicaron expertos del Pani.
El artículo 167 del Código Penal vigente establece penas de tres a ocho años de prisión a quien promueva la corrupción de un menor de 16 años y de cuatro a 10 años cuando la víctima es menor de 12, pero no se refiere con claridad a los distintos casos.
La falta de especificidad de la legislación hace que los explotados lleven las de perder, según la psicóloga Raquel Chinchilla, del Pani.
Los jueces, por ejemplo, suelen desestimar demandas si el corruptor aduce que pagó, pues suponen la existencia de una transacción comercial, explicó Lilliam Gómez, coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica.
De aprobarse la ley, quienes mantengan relaciones sexuales mediante pago de dinero con menores de 18 años deberán sufrir una pena de prisión de cuatro a 10 años.
También serán objeto de prisión quienes utilicen menores de edad o incapaces en espectáculos pornográficos públicos o privados, aun con el consentimiento de la víctima.
El proyecto impone penas de cuatro a 10 años de prisión a quienes exploten, con engaño, violencia o intimidación, a menores de 12 años, así como a quienes fabriquen, produzcan, comercien, difundan o exhiban material pornográfico (con exhibición de partes íntimas del cuerpo) en los que figuren niños y niñas.
La iniciativa impone a los proxenetas un castigo máximo de prisión de 10 años, así como el encarcelamiento de todos los familiares que promuevan la explotación sexual del menor.
"El comercio sexual infantil se ha convertido en una de las principales violaciones de derechos humanos" en Costa Rica, explicó a IPS Factor Méndez, coordinador general de la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
"A los políticos estos niños les han importado muy poco, pues son pequeños de la calle sin recursos y no votan", ironizó Rodríguez.
Especialistas en el trabajo con menores violados han reiterado que una de sus mayores frustraciones es comprobar que muchos proxenetas y sus clientes salen fácilmente en libertad al ser juzgados.
"Con esta ley vamos a tener más fuerza. Ahora los costarricenses y extranjeros se darán cuenta que este país ya no es un paraíso de la lujuria", dijo a IPS Laura Chinchilla, psicóloga del Pani.
Chinchilla, quien participó en la redacción del proyecto, sostuvo que el país vivirá ahora una nueva etapa en el tratamiento de la explotación sexual y comercial de niños y niñas, en la que se hará valer los derechos de las víctimas.
Aunque en el país no hay estadísticas sobre la cantidad de víctimas del comercio sexual, se han realizado investigaciones de sus efectos sobre quienes la padecen.
Por ejemplo, en 1998 un estudio de la Universidad de Costa Rica para el que se entrevistó a 121 menores explotados sexualmente reveló el serio deterioro de su calidad de vida.
Un 54,5 por ciento de los entrevistados expresó deseos de morir, 63 por ciento desertó de la educación formal, 62 por ciento es víctima directa de maltrato físico y 90 por ciento cayó en la prostitución antes de los 14 años.
Los especialistas atribuido parte de la explotación sexual y comercial de niños y niñas a la creciente violencia doméstica, que empuja a muchos menores a huir de sus hogares.
Solo en febrero de 1998, la Delegación de la Mujer de Costa Rica recibió 392 denuncias por violencia doméstica, de las cuales 298 eran casos nuevos. (FIN/IPS/nms/mj/hd/99
