La reforma a un artículo de la Constitución de Colombia que permitía la expropiación sin pago constituye un gran incentivo para la inversión extranjera, que, sin embargo, seguirá obstaculizada por problemas de seguridad, según analistas y empresarios.
La posibilidad de expropiación sin indemnización, considerada un riesgo por inversionistas extranjeros, fue modificada el jueves por el parlamento y pasó al presidente de la República, Andrés Pastrana, para su sanción.
"Los extranjeros se abstenían de venir al país argumentando que en cualquier momento el Estado podía expropiar sus inversiones sin que se les reconocieran sus derechos", afirmó el senador Jesús García, uno de los autores del proyecto de reforma.
Con la nueva norma, no habrá expropiación sin que medie el pago de las correspondientes indemnizaciones, acordes, según algunos legisladores, a principios del derecho internacional moderno que obligan a una compensación para el inversionista expropiado.
La modificación del artículo se logró después de ocho años de debate, desde su aprobación en la Constitución promulgada en 1991, cuando fue considerada inconveniente por empresarios e inversionistas extranjeros.
La reforma constitucional representa "una valiosa oportunidad que deberá ser capitalizada tanto por el Estado como por los inversionistas", dijo el industrial Nicanor Restrepo, portavoz del Sindicato Antioqueño, segundo grupo empresarial colombiano.
Restrepo recordó las fuertes críticas internacionales que recibió Colombia por la vigencia de la figura de la expropiación sin indemnización, porque "generaba una inseguridad muy grande" pese a que nunca se aplicó.
La reforma de esta norma es una buena señal para el exterior y "un buen argumento para cumplir con las metas de inversión que se ha trazado el empresariado", agregó.
Javier Fernández, director de la fundación privada Prospectiva Económica, dijo a IPS que la norma representa un paso importante en la medida en que elimina un obstáculo para la inversión, pero advirtió que "eso no significa que se vayan a registrar grandes flujos en ese campo".
En los dos últimos años, la figura de la expropiación sin pago no ha sido la principal barrera para los inversionistas extranjeros, sino "las malas perspectivas económicas y la situación del orden público, que son obstáculos casi infranqueables", sostuvo Fernández.
El experto explicó que el flujo de nuevos capitales externos y el mantenimiento de los que aún estan en el país dependen de que la economía dé señales de mejora. "No se puede invertir cuando no hay demanda", afirmó.
Fernández consideró también importante que se aclare la situación fiscal, pues, si el déficit continúa en alrededor de cinco por ciento del producto bruto interno, como afirman algunos analistas, persistirá el temor de aumentos de impuestos.
La guerra civil también aleja la inversión, que genera una situación de inestabilidad poco atractiva para el empresario tanto nacional como extranjero, sostuvo.
Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, manifestó que la modificación del artículo 58 de la Constitución da un piso jurídico a los potenciales inversionistas.
Díaz indicó, no obstante, que en la actual coyuntura "el tema central para atraer la inversión es la seguridad", en especial que los grupos armados irregulares no ataquen a los empresarios ni los secuestren y que no ataquen sus propiedades.
La ministra de Comercio Exterior, Marta Ramírez, afirmó que la aprobación de la ley da vía libre a convenios internacionales que no se aplicaban por el temor que generaba en el exterior la cláusula de expropiación sin indemnización.
En coincidencia con los empresarios, la funcionaria advirtió que "no basta con la aprobación de la ley para atraer la inversión extranjera, y se tiene que seguir trabajando" en la búsqueda de la paz, que es lo fundamental para el gobierno.
Según Ramírez, la inversión responde a unas condiciones objetivas que se den en determinado país. "La seguridad física de los inversionistas es algo que incide en las decisiones que toman para aumentar sus flujos de capital", agregó.
Ramírez expresó su confianza en que la reforma constitucional facilitará el ingreso de nuevas inversiones al país y su meta es alcanzar flujos de capital por cerca de 7.000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, Colombia es el tercer receptor de inversión extranjera de América Latina, según el Ministerio de Comercio, pese a la situación de orden público y al deterioro de la economía de los últimos años. En 1998, este país recibió inversiones nuevas por 4.200 millones de dólares. (FIN/IPS/yf/mj/if/99
