La Defensoría del Pueblo (ombudsman) de Colombia condenó hoy a las insurgentes FARC por el asesinato de 11 personas en una zona rural y pidió a esa organización, que negocia la paz con el gobierno, respeto para la población civil.
La matanza fue perpetrada en la sudoriental localidad de Piedras Altas, del departamento de Caquetá, entre el 15 de mayo y el 12 de este mes, dijo el defensor del Pueblo, José Castro.
El comando "Teófilo Forero", de las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), secuestró en Piedras Altas a 19 personas, de las cuales cinco fueron posteriormente liberadas, según el informe de la Defensoría del Pueblo.
Los insurgentes hallaron en las viviendas de las víctimas alimentos y otros artículos de consumo que presumieron destinados a la organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Siete víctimas eran integrantes de un grupo religioso y cuatro se dedicaban al comercio, informaron vecinos de Piedras Altas. No se informó el destino de los otros tres secuestrados.
Castro deploró la matanza en conversación con IPS y pidió a la guerrilla que respete "de manera integral" los derechos consagrados para los no combatientes.
Ninguno de los actores en el conflicto armado "se puede adjudicar el derecho de juzgar" a la población civil "y menos aún condenarlos a la pena capital, que está prohibida en todas las normas referentes a los derechos humanos", agregó.
Las FARC y el también izquieridista Ejército de Liberación Nacional, los pararamilitares de derecha y agentes del Estado fueron acusados por Amnistía Internacional de graves violaciones de los derechos humanos.
Amnistía Internacional decidó cinco páginas de un informe titulado "Memoria de lo intolerable" y difundido el miércoles en Londres a consignar la violación de derechos humanos en Colombia, que considera preocupante.
La población de las áreas en que se desarrolla el conflicto armado está atrapada entre los bandos enfrentados, que toman represalias contra quienes creen colaboradores del enemigo. Es así como civiles no combatientes son asesinados por las fuerzas de seguridad, por los paramilitares o por los guerrilleros.
Amnistía Internacional mencionó en su informe, realtivo a 1998, masacres, torturas, desapariciones forzadas "y otro tipo de trato muy violatorio del Derecho Internacional Humanitario, como el secuestro de civiles y la toma de rehenes".
Las FARC, el ELN, los paramilitares y delincuentes comunes secuestraron el año último a unas 800 personas, según la organización humanitaria.
Los guerrilleros utilizaron el secuestro a principios de los años 80 con fines políticos, para demostrar presencia u obtener algún tipo de concesiones por parte de las autoridades.
Pero en los años 90 se convirtió en un mecanismo de financiación de la actividad insurgente y los rescates obtenidos representan cerca de 60 por ciento de los ingresos de los insurgentes, aseguran los organismos de seguridad.
El ELN secuestró el 12 de abril a los 40 pasajeros de un avión comercial que volaba de Bucaramanga, en el noroeste, a Bogotá, y el 30 de mayo tomó como rehenes a unas 100 personas en una iglesia de la occidental ciudad de Cali.
Algunos analistas interpretaron estos secuestros como una estrategia de presión del ELN para lograr la reanudación de sus conversaciones con el gobierno, suspendidas en febrero.
Pero familiares de personas secuestradas denunciaron este jueves en un comunicado que los insurgentes les exigieron el pago de rescate.
El ELN, la segunda fuerza guerrillera de Colombia, después de las FARC, puso el martes en libertad a 33 de las personas secuestradas en la iglesia de Cali y anunció que a más tardar el viernes liberará a pasajeros del avión.
Así mismo, criticó la supuesta falta de voluntad del gobierno para negociar con sus representantes el fin del conflicto y reiteró su pedido de retiro del ejército de una zona del norte en la que se propone discutir con delegados de la sociedad civil una agenda de paz.
El vicerrector de la estatal Universidad Nacional, Alejo Vargas, pidió este jueves al ELN que aclare las denuncias de pedido de rescate por los secuestrados.
Vargas fue uno de los firmantes en representación de la sociedad civil del acuerdo con que el ELN se comprometió a negociar la paz.
El presidente Andrés Pastrana ha asegurado que aceptará la reanudación de las conversaciones con el ELN una vez que todos los cautivos sean liberados. (FIN/IPS/yf/ff/hd/99
