Congresistas y analistas de Colombia sugirieron al gobierno que revise su política de paz y busque un mayor acercamiento con el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Una comisión de congresistas viajaron este sábado a algún lugar de la cordillera occidental para gestionar ante el ELN la liberación de rehenes en poder de esa organización, e indicaron que también desean ser mediadores para restablecer el diálogo entre los guerrilleros y las autoridades.
El ELN ocupó el domingo 30 la iglesia de La María, al sur de la ciudad occidental de Cali, y secuestró a más de un centenar de personas que asistían a misa. Esta acción rompió el incipiente proceso de conversaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno del presidente Andrés Pastrana.
Más de la mitad de los feligreses fueron liberados el mismo domingo, y este sábado los insurgentes dejaron en libertad a otros cinco por razones humanitarias, quedando aún en poder del ELN 54, a los cuales se suman 25 rehenes capturados durante el secuestro de un avión comercial el 12 de abril.
Pastrana suspendió el martes, a causa del incidente, una gira que realizaba en Canadá, declaró que se había producido "un acto de guerra", y condicionó la reanudación del diálogo a la liberación "de todos los secuestrados".
El mandatario calificó a los rebeldes como "una organización terrorista" y pidió para ellos el repudio de la comunidad internacional.
Las afirmaciones de Pastrana fueron interpretadas por el defensor del pueblo (ombudsman), José Castro, como una declaratoria de guerra al ELN.
El viernes, sin embargo, el presidente dejó abierta la posibilidad de reanudar el diálogo "un minuto después de que el ELN libere a la totalidad de los retenidos en Cali y los pasajeros del avión", secuestrado cuando cubría el trayecto enter Barrancabermeja (al noroeste) y Bogotá.
El senador liberal Juan Ospina, uno de los integrantes de la comisión parlamentaria mediadora, dijo a IPS que la liberación de los rehenes sería un gesto "humanitario" con el que el ELN demostraría su disposición a reiniciar el diálogo".
Jaime Zuluaga, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), señaló que Pastrana calificó como "terrorista" al ELN, pero está dialogando desde febrero con las insurgentes FARC, a las que el Ejército colombiano y Estados Unidos también han considerado "un grupo terrorista"
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son la mayor y más antigua organización insurgente del país, y se estima que cuentan con entre 10.000 y 14.000 combatientes.
En opinión de Zuluaga, "el presidente tiene todo el derecho de condenar los secuestros del ELN", pero no debe "cerrar las puertas para el entendimiento".
Lo importante es "tender el puente para que mediante el diálogo sea posible llegar a una negociación" añadió.
Antonio Sanguino, ex guerrillero de la legalizada Corriente de Renovación Socialista, el gobierno no debe cerrar el diálogo con el ELN, que en su opinión buscó con la ocupación de la iglesia abrir un espacio político de negociación, "desplegando equivocadamente su capacidad militar".
Sanguino consideró que el hecho de las autoridades hayan limitado su oferta de paz a las FARC "genera reacciones de otros actores, armados y no armados".
Para Alejo Vargas, integrante del IEPRI, "pretender negociar la paz solamente con un grupo armado no tiene ninguna viabilidad", y sólo puede conducir a que se repita "el fracaso de anteriores gobiernos" que buscaron resolver el conflicto armado "a pedazos".
El ELN había suspendido en febrero, en Caracas, su participación en gestiones preliminares para la negociación de la paz con el gobierno, luego de que Pastrana se negara a desmilitarizar cuatro municipios del norte del país, y sólo mantenía un diálogo para la liberación de 25 pasajeros del avión.
El ELN (la segunda fuerza insurgente del país, con unos 5.000 combatientes) propuso que en esos cuatro municipios se realizara una Convención Nacional para definir la agenda de su negociación de paz con el gobierno, con la participación de representantes de la sociedad civil.
Vargas opinó que los secuestros son condenables desde todo punto de vista, pero los consideró "entendibles" como una forma de demostrar que el ELN aún tiene poder y que debe ser tenido en cuenta por el gobierno.
Según el analista, los intentos de establecer negociaciones de paz que había realizado el ELN desde julio de 1998 no fueron tenidos en cuenta por las autoridades, pese a las gestiones que han desarrollado "un buen número de colombianos".
El ELN afirmó a mediados del año pasado que el esquema de diálogo directo entre el gobierno y la guerrilla había fracasado durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), y buscó como alternativa un proceso de negociaciones con la sociedad civil, que concluyó con la firma del Acuerdo de la Puerta del Cielo, en Maguncia (Alemania).
En ese acuerdo se dio por iniciado un proceso de paz, que debía continuar con la realización de una Convención Nacional para definir, con participación de representantes de la sociedad civil, la agenda para una negociación con el gobierno.
Vargas, uno de los firmantes del Acuerdo de la Puerta del Cielo, dijo a IPS que el Comité Preparatorio de la Convención Nacional ha estado dispuesto a ayudar a buscar una salida, pero que el proceso se mantiene estancado porque una parte "habla secuestrando civiles, y la otra no se da por notificada". (FIN/IPS/yf/np/mp/ip/99
