Familiares de las víctimas de la sangrienta represión desatada el 4 de junio de 1989 en la plaza Tiananmen, en la capital de China, piden un foro legal internacional que investigue la masacre.
Las solicitudes al parlamento nacional de China para que se impusiera penas a los responsables de los cientos de muertes que, según organizaciones no gubernamentales, ocurrieron en el episodio fueron ignoradas durante un decenio.
Quienes perdieron a sus hijos y hermanos en las protestas estudiantiles también quieren que el ex primer ministro Li Peng, que sancionó la ley marcial que permitió a los soldados reprimir a los manifestantes en la plaza Tiananmen, sea llevado ante la justicia.
"Creemos que las acciones de Li Peng y otras personas constituyeron un auténtico crimen", dijo Ding Zilin, profesora retirada de la Universidad del Pueblo en Beijing, que perdió a su hijo de 17 años en la masacre.
"Si el sistema legal chino no puede manejar nuestra petición, buscaremos justicia en una corte o tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", agregó su esposo Jiang Peikun, también profesor retirado de la misma universidad.
Si fuera presentado, el caso de las víctimas de Tiananmen sería el primer intento de los chinos de iniciar una demanda contra su gobierno en una institución legal internacional.
La red de familiares de las víctimas del 4 de junio afirmó que si las autoridades no toman medidas legales, procurará el procesamiento del caso fuera del país, con el objetivo de establecer un tribunal internacional de alguna clase.
Esto podría hacerse mediante un tribunal internacional penal para juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en Tiananmen, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o un tribunal nacional con jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad.
Los peticionantes confían en que la comunidad internacional actuará respecto de su solicitud tal como hizo en casos como el del presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, acusado por crímenes de guerra por el tribunal de La Haya.
"Si pudieron acusar a Milosevic y a cuatro altos funcionarios de su gobierno ¿por qué no podrían investigar a Li Peng?", preguntó Jiang.
Otros casos que inspiraron a los peticionantes son los del ex dictador chileno Augusto Pinochet, que podría ser extraditado de Gran Bretaña a España para ser juzgado por sus crímenes años después del fin de su gobierno, y las gestiones internacionales para procesar a líderes del Jemer Rojo de Camboya.
En China, las familias de las víctimas acusan a los líderes chinos de asesinato, trato inhumano y otros crímenes "intencionales" cometidos durante lo que sus documentos describieron como la "sangrienta matanza" de junio de 1989.
Los peticionantes esperan lograr que se procese a todos los oficiales responsables de la muerte y las heridas de personas desarmadas, incluso Li Peng.
Li, que decretó la ley marcial en mayo de 1989, es actualmente el segundo dirigente en la jerarquía del Partido Comunista en el gobierno y jefe del parlamento nacional.
Los familiares también procuran que se investigue el papel desempeñado por los fallecidos dirigentes Deng Xiaoping, entonces líder del gobierno, y Yang Shangkun en la represión de las manifestaciones por la democracia.
Aunque Deng se retiró de los cargos de importancia en 1989, los observadores creen que fue quien aprobó el uso de la fuerza contra los estudiantes.
Yang Shangkun era presidente en la época de las manifestaciones y habría dirigido operaciones militares para expulsar a los manifestantes de la Plaza de Tiananmen.
Los alegatos del caso están apoyados por pruebas detalladas de los crímenes cometidos en la masacre del 4 de junio, entre ellas 27 testimonios personales de familiares de las víctimas de Tiananmen, recopilados en medio de una implacable intimidación oficial.
"El gobierno debe reconocer que la masacre de 1989 fue un crimen contra el pueblo chino, como primera medida hacia la justicia, la reconciliación nacional y la verdadera estabilidad", dijo Xiao Qiang, director ejecutivo de Derechos Humanos en China, grupo disidente radicado en Nueva York.
Dos peticiones, que incluyen los testimonios firmados y una lista incompleta de las personas que murieron, fueron presentados en la oficina del fiscal general de China a mediados de mayo.
"Todavía no hubo respuesta", dijo Jiang Peikun.
Los desafíos legales no serán fáciles para los familiares de las víctimas de Tiananmen, y no sólo en su país.
Si el caso se presenta ante un tribunal de la ONU y éste lo acepta, constituirá un desafío sin precedentes al gobierno comunista chino, que siempre fue muy sensible en materia de soberanía y legitimidad.
China, profundamente preocupada por la potencial interferencia internacional en lo que considera el alcance de sus "asuntos internos", es uno de los países que el año pasado intentaron bloquear la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) mediante un tratado.
El TPI, cuya constitución aguarda la obtención de apoyo suficiente para entrar en vigencia, fue designado como un organismo independiente con jueces y fiscales, a quienes se confió la tarea de procesar a sospechosos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Aunque la ONU estableció tribunales especiales para las peores violaciones de derechos humanos de los tiempos modernos, esos paneles carecen de la reputación de un tribunal permanente.
China no apoyó la creación del TPI por tener reservas sobre su futuro estatuto. Una de ellas, formulada por el viceministro de Relaciones Exteriores Wang Guangya, fue que "el poder de investigación abrirá el tribunal a los alegatos excesivos de individuos y organizaciones no gubernamentales".
"El poder no sólo otorga a individuos, organizaciones no gubernamentales y diversas unidades el derecho a procesar a funcionarios públicos y soldados, sino que también crea la posibilidad de que las procuradurías y tribunales utilicen ese poder para interferir en asuntos internos de un país", dijo Wang. (FIN/IPS/tra-en/ab/js/at/mj/hd ip/99
