Disidentes chinos en Estados Unidos pidieron que se enjuicie al ex primer ministro de China Li Peng y a otros gobernantes responsables de la masacre de la plaza de Tiananmen ordenada hace 10 años esta semana.
Los tanques del ejército chino ingresaron a Tiananmen el 4 de junio de 1989 y aplastaron una manifestación estudiantil que exigía reformas democráticas. Una década después, el movimiento reformista está disperso, y sus integrantes se encuentran detenidos, vigilados o exiliados.
"Parte de nuestros corazones murieron para siempre", dijo Li Lu, una de las manifestantes en la plaza de Beijing, al hablar sobre la conducta del gobierno chino que provocó la muerte de cientos de activistas.
En mayo, dos madres de víctimas de la masacre demandaron ante la justicia a Li Peng y a otros altos dirigentes por asesinato y uso indiscriminado de la fuerza.
"Diez años después de la masacre de la plaza de Tiananmen, los autores aún no fueron llevados ante la justicia", declaró este martes en Nueva York Xiao Qiang, director ejecutivo de la organización Derechos Humanos en China.
"El gobierno chino debe reconocer que la represión de 1989 fue una acción criminal" como primer paso, exhortó Xiao.
Así mismo, los grupos de derechos humanos exigen que Beijing permita que un tribunal imparcial investigue la represión, que el gobierno asegura fue necesaria para mantener la ley y el orden.
En mayo, dos mujeres chinas que perdieron a sus hijos en Tianannmen, Ding Zilin y Zhang Xianling, presentaron evidencia, incluso una lista con los nombres de 155 víctimas, ante la justicia china con el fin de demandar a los gobernantes comunistas.
Ding, quien se comunicó este martes desde Beijing con periodistas estadounidenses a través de la red informática Internet, dijo que hasta el momento ella y Xiang encontraron los nombres de 160 víctimas de Tiananmen, y de 70 más lisiados por la represión.
Pero la mujer agregó que las familias que gestionan para que se investigue la masacre se enfrentan a la intimidación.
"No se nos permite hablar abiertamente de cómo fueron asesinados nuestros seres queridos, y no los podemos llorar en público", explicó.
Por esa razón, se debe demandar a Li Peng, quien firmó la orden de ley marcial que permitió el ingreso de las tropas a la plaza.
Li, quien desde entonces fue sustituido por el primer ministro Zhu Rongji, estuvo "directamente involucrado en esa decisión" y "tiene una responsabilidad inexorable frente a sus consecuencias", dijo Ding.
Pero no ha sido fácil entablar el caso, incluso una década después de ocurridos los hechos.
"La policía impidió en siete ocasiones que las dos madres" presentaran su demanda el mes pasado, informó Liu Qing, presidente de Derechos Humanos en China.
"Sólo cuando arriesgaron sus vidas llamando la atención de un automóvil oficial en movimiento pudieron entregar las pruebas", agregó.
Es poco probable que las demandas tengan éxito porque la posición oficial de Beijing es que la represión fue la "respuesta adecuada" a los crecientes disturbios. Pero la medida es parte de una campaña para enfrentarse a la persecución que sufren quienes protestaron en Tiananmen, según activistas.
Zhang Yalai, antiguo investigador de la Academia China de Ciencias Sociales quien fue herido en Tiananmen y reside en Estados Unidos desde 1992, aseguró que el gobierno chino bloquea incluso donaciones de ayuda humanitaria destinadas a víctimas de la masacre.
"Estoy aquí para apelar ante el gobierno chino para que deje de interrumpir las gestiones internacionales de ayuda a las víctimas de Tiananmen", declaró Zhang este martes en una ceremonia de conmemoración de la masacre, en la New School for Social Research, de Nueva York.
"No me refiero a algo de hace 10 años, hablo de su sufrimiento actual, en este momento", precisó.
Ding Zilin es vigilada constantemente y su cuenta bancaria fue congelada por las autoridades, explicó. Otros esfuerzos para enviar ayuda a las víctimas fueron bloqueados, afirmó Zhang.
"No entiendo cómo la compasión puede poner en peligro la seguridad del Estado, a menos que el gobierno tenga muy poca confianza en su propio poder", manifestó.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch aprovechó el aniversario de la masacre para exigir la liberación de 2.000 prisioneros políticos acusados de ser "contrarrevolucionarios" tras la represión de Tiananmen. El gobierno chino abolió oficialmente ese delito en 1998.
"La tarea más importante de la comunidad internacional ahora es apoyar las gestiones de quienes en China luchan por las víctimas del 4 de junio", dijo Sidney Jones, directora para Asia de Human Rights Watch.
"Hay que asegurarse que son vistos y escuchados y para ello hay que reducir el control del Estado sobre los medios de comunicación, incluso en Internet. Significa conseguir el acceso internacional al enorme sistema carcelero chino", explicó.
El mundo exterior debe presionar a los gobernantes chinos para que cambien su propia postura con respecto de la represión, propuso Wang Dan, uno de los principales dirigentes estudiantiles en 1989, que el año pasado se exilió en Estados Unidos.
"La misión de la humanidad es buscar justicia para quienes fueron asesinados en la plaza de Tiananmen", dijo. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq/hd/99
