China, que recibió del Banco Mundial más de 25.000 millones de dólares en los últimos 20 años, ya no será elegible para la línea de créditos preferenciales de la institución.
Bajo presión de Estados Unidos, el principal accionista, el Banco dejará de tratar a China como uno de los países más pobres del mundo.
La decisión es en cierta medida consecuencia de la propia propaganda de Beijing, según la cual el gobierno comunista redujo el número de pobres absolutos de 250 millones a 50 millones en 20 años, y a comienzos del próximo siglo sólo habrá 22 millones de chinos en la pobreza absoluta.
Beijing, que recibió pleno apoyo del Banco para proyectos de desarrollo y reducción de la pobreza, tendrá ahora que depender más de los inversionistas extranjeros privados para financiar sus programas.
La semana pasada, el Banco aprobó un polémico Proyecto de Reducción de la Pobreza en China Occidental entre un gran debate interno que puso de relieve el cambio en la relación entre la institución financiera y su principal cliente.
Aunque el préstamo de 160 millones de dólares para el plan fue aprobado pese a la oposición de Estados Unidos y Alemania, el Banco congeló temporalmente una parte de los fondos -unos 40 millones de dólares- porque los críticos dicen que una parte del proyecto perjudicará a la minoría tibetana.
Esa parte del plan fue suspendida mientras un panel de inspección independiente del Banco Mundial estudia si la institución violó sus propias normas al procesar la solicitud de préstamo.
Sin embargo, Beijing logró asegurarse la aprobación del crédito antes del 30 de junio, fecha después de la cual se reclasificarían los fondos.
Diplomáticos occidentales en Beijing señalaron que antes de la reunión de la Junta Directiva del Banco, el día 24, China había advertido que "reevaluaría su relación con el Banco Mundial" y suspendería la cooperación bilateral sobre asuntos financieros con cualquier país que no aprobara el préstamo.
El proyecto, que consta de tres partes, tiene por finalidad beneficiar a 674.000 personas de la Región Autónoma de Mongolia Interior, 930.000 de la provincia de Gansu y 58.000 de la provincia de Qinghai.
El plan incluye programas de salud, educación y empleo para residentes de aldeas remotas que ganan actualmente entre 25 y 60 dólares por año, así como la construcción de una represa y un proyecto de irrigación.
La parte suspendida del proyecto consiste en la reubicación de agricultores chinos de las laderas yermas de Qinghai a un área escasamente poblada por pastores tibetanos y mongoles, 450 kilómetros al oeste. Esto causó la enérgica protesta de grupos ambientalistas y defensores de la minoría tibetana.
Estos últimos advirtieron que el proyecto provocaría la dilución de la minoría tibetana en el área y debilitaría su identidad nacional.
El condado de Dulan, en el oeste de Qinghai, donde serían reubicados los agricultores, tradicionalmente formó parte del Tibet y China lo calificó formalmente como una zona de "autonomía tibetana" dentro de Qinghai.
La reubicación reduciría la proporción de tibetanos del área de 22,7 a 14 por ciento, según cifras del Banco Mundial.
Mientras, organizaciones ambientalistas afirmaron que el Banco calificó incorrectamente el préstamo como de "categoría B", correspondiente a proyectos que no tienen efectos ambientales irreversibles, y retuvo información para evitar una evaluación de impacto ambiental que demoraría seis meses.
Once de los directores ejecutivos del Banco enviaron hace dos semanas una carta al presidente de la institución, James Wolfensohn, protestando contra el proyecto. Unos 60 congresistas estadounidenses y 17.000 peticionantes se sumaron a la protesta.
Los miembros de la Junta arguyeron que el préstamo era violatorio de las políticas del Banco sobre reubicación y poblaciones indígenas, y que la institución no reveló la información correspondiente a tiempo.
El plan fue aprobado pero sentó un precedente, ya que por primera vez, el Banco aprobó un proyecto con objeciones de su mayor accionista, Estados Unidos. Alemania votó en contra también, y otros cuatro países, entre ellos Francia e Italia, se abstuvieron.
Beijing se comprometió a permitir que diplomáticos, políticos y periodistas visiten el sitio del proyecto "en cualquier momento que deseen hacerlo". (FIN/IPS/tra-en/ab/ral/mlm/dv/99
