La ofensiva en favor de Augusto Pinochet que el presidente de Chile, Eduardo Frei, desplegará en Río de Janeiro durante la cumbre de la Unión Europea (UE) con América Latina y el Caribe, tendrá a La Habana como un singular punto de referencia.
El nuevo canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, dijo este viernes que la prevista reunión bilateral en Brasil de Frei con el presidente español, José María Aznar, apunta a agilizar los procedimientos para el retorno del ex dictador, arrestado en Londres desde octubre de 1998.
La cumbre de los 15 países de la UE con los 33 de América Latina y el Caribe tendrá lugar el lunes y martes con una agenda centrada en la cooperación económica, pero que también incluirá aspectos político s y de derechos humanos.
Valdés, quien juró como ministro el martes último, indicó que el caso del ex dictador y actual senador vitalicio tiene como eje central los aspectos judiciales, no obstante lo cual es evidente la existencia de un escenario político para los cursos de acción.
Frei le planteará a Aznar, precisamente, argumentos políticos para que el gobierno español se desista de la solicitud de extradición de Pinochet presentada a Gran Bretaña en noviembre y permita así la liberación del general retirado de 83 años por razones humanitarias.
El jefe del gobierno español, a su vez, tiene la misión de asegurar la presencia de Frei en la IX Cumbre Iberoamericana, programada para noviembre en La Habana, a la cual el gobernante chileno podría abstenerse de asistir a raíz del caso Pinochet.
El ex dictador (1973-90), enfrentará desde el 27 de septiembre ante el tribunal londinense de Bow Street el juicio de extradición a España por delitos contemplados en la Convención Internacional contra la Tortura.
Pinochet fue arrestado en Londres a solicitud del juez español Baltasar Garzón el 16 de octubre, el día antes de que en la ciudad portuguesa de Oporto se inaugurara la VIII Cumbre Iberoamericana, instancia que reúne a 21 países latinoamericanos, más España y Portugal.
La delegación chilena logró que en la declaración final de esa cumbre se incluyera un reconocimiento al principio de la territorialidad de la justicia, precepto que Frei viene manejando para oponerse al juzgamiento del ex dictador en otro país.
En diciembre, luego de que el gobierno español diera curso al pedido de extradición de Pinochet, y éste fuera acogido a trámite por el ministro del interior británico, Jack Straw, Chile anunció que revisaría su participación en las cumbres iberoamericanas.
El anuncio formó parte de un conjunto de medidas políticas y diplomáticas contra los dos países implicados en el arresto y posible extradición de Pinochet, bajo la consideración de que España estaba desconociendo el compromiso firmado en Oporto.
Frei ha ignorado demandas de la oposición derechista y de sectores de su propio Partido Demócrata Cristiano de que no asista a la cumbre habanera en protesta por situación de los derechos humanos y la falta de apertura política en Cuba.
Ese argumento es sin embargo reivindicado por otros gobiernos que amenazan con no participar en la IX Cumbre Iberoamericana, especialmente por el de Nicaragua, con cuyo presidente, Arnoldo Alemán, también se reunirá Aznar en Río de Janeiro.
Frei mantiene la defensa del principio de la territorialidad, pese a que esta reivindicación perdió fuerza desde el 24 de marzo, cuando la Cáma ra de los Lores de Gran Bretaña declaró a Pinochet imputable en el marco de la Convención sobre la Tortura.
Se trata de un instrumento internacional ratificado tanto por Gran Bretaña, como por España y Chile en 1988, cuya aplicación redujo los cargos presentados originalmente por Garzón contra Pinochet, que contemplaban crímenes represivos desde septiembre de 1973.
Aunque el escenario judicial es ahora menos complicado para el ex dictador, en Chile se mantienen las presiones derechistas y de las Fuerzas Armadas para gestionar su retorno y librarlo de un juicio de extradición que podría prolongarse hasta por dos años.
Frei se comprometió el 21 de mayo, en su último mensaje ante el Congreso, a agotar esfuerzos por traer de regreso a Pinochet antes del fin de su mandato, el 11 de marzo del año 2000, para que sea juzgado en Chile.
Agotadas las vías judiciales, la vertiente de las razones humanitarias podría abrirse paso con Aznar, considerando el interés de España en mantener las citas cumbres iberoamericanas como el foro político privilegiado para sus relaciones con América Latina.
La ausencia de la cumbre en La Habana de los presidentes de Chile y Nicaragua sería considerada por los españoles no sólo una protesta contra Castro sino también un desaire al rey Juan Carlos, sobre todo por las razones para una eventual deserción de Frei.
La posición del gobierno de Frei en el caso Pinochet tuvo desde su origen el virtual apoyo de Castro, quien dijo en Oporto el 17 de octubre que el arresto del ex dictador podía generar problemas para la estabilidad política de Chile.
«No cabe esperar de la reunión Aznar-Frei una especie de transacción o canje entre el retiro de la demanda de extradición de Pinochet y la asistencia de Chile a la cumbre de La Habana», dijo a IPS en Santiago un diplomático que pidió reserva sobre su identidad.
«No obstante, la posibilidad de un arreglo en un contexto que contemple ambos factores está implícita y luego de Río de Janeiro pueden producirse gestos de buena voluntad de parte y parte que conduzcan a ambos objetivos», añadió. (FIN/IPS/ggr/ip hd/99)
