El juez que investiga 12 querellas en Chile contra el ex dictador Augusto Pinochet resolvió hoy procesar criminalmente a cinco oficiales retirados del Ejército, miembros de la llamada caravana de la muerte de 1973.
La determinación del magistrado Juan Guzmán afecta en primer término al general Sergio Arellano Stark, quien como delegado oficial de Pinochet dirigió al grupo militar que ejecutó de manera sumaria a 72 presos políticos en varias ciudades del país.
La caravana de la muerte simboliza la masiva violación de derechos humanos que aplicó desde sus orígenes el régimen de Pinochet, quien está bajo arresto desde el 16 de octubre de 1998 en Londres, donde enfrenta un proceso de extradición a España.
Arellano Stark encabezó una misión especial que recorrió entre octubre y noviembre de 1973 regimientos y otros centros de detención de opositores al régimen dictatorial, con el fin de "acelerar" los procesos a cargo de tribunales militares.
Los autos de proceso que dictó este martes el magistrado se basan en delitos de secuestro calificado por parte de la caravana en Copiapó y Calama, a 800 y 1.560 kilómetros al norte de Santiago, y en Cauquenes, 400 kilómetros al sur de la capital.
Otro procesado es el brigadier Pedro Espinoza, quien fue también segundo hombre de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y que desde 1996 cumple una condena de seis años de cárcel por el asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier.
La nómina de encausados se completa con los coroneles Sergio Arredondo y Patricio Díaz y el brigadier Marcelo Morén Brito, quien ha sido acusado igualmente en varios procesos por asesinatos y secuestros realizados por la DINA.
Carmen Hertz, viuda del periodista Carlos Berger, fusilado por orden de Arellano en Calama, cuando cumplía una pena mínima de 61 días de cárcel, había pedido a Guzmán que encausara también a Pinochet como responsable de los crímenes de la caravana.
El magistrado denegó por ahora esa posibilidad, argumentando que no ha tenido posibilidades de interrogar al ex dictador, según indicó la abogada Pamela Pereira, una de las querellantes en este caso junto al abogado Hugo Gutiérrez.
Según testimonios de militares, Arellano Stark dijo a sus compañeros de armas que todas sus actuaciones al mando de la caravana de la muerte respondieron a órdenes directas de Pinochet, como comandante en jefe del Ejército.
Pinochet encabezó la dictadura que gobernó Chile desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990 y fue jefe del Ejército desde agosto de 1973 hasta el 10 de marzo de 1998, cuando dejó el cargo para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
Pereira dijo que el encausamiento de los cinco oficiales "es sin duda una resolución de gran relevancia y da cuenta del avance que ha tenido la investigación" del juez Guzmán.
La caravana de la muerte utilizó para sus desplazamientos un helicóptero marca Puma, lo cual inspiró en 1987 el libro "Los zarpazos del puma", de la periodista Patricia Verdugo, con una completa investigación de los masivos crímenes.
Muchas de las 72 víctimas de esta misión represiva están catalogados como desaparecidos, ya que sus cuerpos fueron sepultados en secreto tras los fusilamientos sumarios, lo cual fundamenta las acusaciones de Guzmán por secuestro.
Bajo este precepto, el magistrado optó por una interpretación que permite considerar inaplicable en estos casos la ley de amnistía que Pinochet expidió en abril de 1978 y que cubrió los crímenes contra los derechos humanos cometidos hasta entonces.
Los casos de la caravana de la muerte fueron incluidos en varias de las querellas criminales presentadas contra Pinochet desde enero de 1998 y cuya tramitación recayó en Guzmán, como ministro de fuero de la Corte de Apelaciones.
El magistrado acogió hasta la fecha 12 de esas querellas, en lo que constituye el principal antecedente del gobierno del presidente Eduardo Frei para afirmar que el ex dictador "debe y puede" ser enjuiciado en Chile, en lugar de que se le procese en España.
Si Guzmán llegara a encausar a Pinochet, éste estará protegido por inmunidad parlamentaria como senador vitalicio, la cual tendría que serle retirada por la Corte de Apelaciones y en una segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/99
