Ministros de Colombia y Venezuela negocian este viernes una salida para el bloqueo del transporte de carga en la frontera común, después que la Comunidad Andina (CAN) negó haber fallado ya en contra de la medida impuesta por Caracas.
El ministro venezolano de Industria y Comercio, Gustavo Márquez, dijo este jueves que "no tiene ninguna veracidad" la versión de dos diarios locales de que la Secretaría General de la CAN consideró ilegal la imposición unilateral del trasbordo de mercancias, que debe entrar en vigor el lunes.
El secretario general de la CAN, Sebastián Alegrett, reafirmó desde Lima que "no he emitido pronunciamiento de ninguna naturaleza" sobre el reclamo que fue introducido por Colombia contra la medida anunciada por Venezuela el 13 de mayo.
Márquez y Alegrett se apresuraron a desmentir la versión de un fallo definitivo contra Venezuela, por el impacto sobre la reunión ministerial negociadora, que se celebrará en Caracas y que fue propiciada por la secretaría, a fin de evitar que prospere el conflicto entre los dos mayores socios del bloque.
En la reunión conciliadora participarán los ministros de Tranporte de los dos países, Márquez y la viceministra colombiana de Comercio, Angela Orozco.
Venezuela decidió suspender por un año la aplicación de la Decisión (ley) 399 del bloque, tras 15 días de huelga de cerca de 3.000 camioneros, un conflicto que virtualmente paralizó los estados fronterizos y provocó trastornos en todo el país.
Esa decisión libera el transporte por carretera en el bloque y los transportistas venezolanos la rechazan como discriminatoria, bajo el argumento de que en la práctica no pueden desplazarse por Colombia, por la alegada inseguridad de sus carreteras, debido a la acción de la guerrilla y el narcotráfico.
Los industriales venezolanos, que ven entorpecidas sus exportaciones a su principal mercado, indican que ese argumento esconde una exigencia proteccionista contra el sector de transporte colombiano, más moderno y competitivo.
El canciller venezolano, José Vicente Rangel, dijo este mismo jueves que si falla la negociación con Bogotá y la secretaría de la CAN dictamina que es ilegal que Caracas limite el libre transporte de carga, se recurrirá a la vía judicial del bloque.
"Queremos el diálogo, no queremos llegar a la instancia judicial (del Tribunal Andino)", explicó Rangel. "Pero si hay que hacerlo, se hará, porque tenemos suficientes argumentos para ventilarlo ante el organismo jurisdiccional", acotó.
Los otros tres miembros de la CAN, que el 26 de mayo cumplió 30 años de existencia y 10 años de renacimiento en una nueva etapa, son Bolivia, Ecuador y Perú. El bloque congrega 108 millones de habitantes, un producto interno de 146.000 millones de dólares y un intercambio anual de 5.400 millones de dólares.
De ese intercambio, totalmente liberado desde 1993, casi la mitad se produce entre Colombia y Venezuela. El transporte de la mercancia se desarrolla en 80 por ciento por carretera y se asegura que el transbordo forzado de camiones en la frontera reducirá el intercambio bilateral entre 15 y 20 por ciento.
Alegrett planteó que la legislación andina de transporte favoreció un acelerado desarrollo de los servicios en la subregión y potenció el comercio.
Pero también admitió que el dinamismo del transporte no fue acompañado de políticas adecuadas y que el resultado es qeu "el transporte terrestre entre los países andinos ha desbordado ampliamente los cauces legales existentes".
El planteamiento abre la puerta a una revisión general de las normas para el sector, bajo la tesis de que la crisis social y económica que viven los países andinos se han generado tensiones en las áreas fronterizas, que demandan una solución estructural.
Alegrett puntualizó que según el procedimiento administrtativo de la CAN para solución de controversias, la secretaría se apresta a emitir una "nota de observaciones", que es confidencial y sólo será conocida por los gobiernos implicados.
El funcionario andino, de nacionalidad venezolana, indicó que hasta las 17:00 GMT de este jueves esa nota no había sido emitida, pero ya está lista según versiones extraoficiales que circularon en Caracas. El plazo reglamentario para que llegue a los dos gobiernos es la medianoche de este día, se precisó.
Versiones que circularon en sectores empresarios de Caracas sostuvieron que esa nota de observaciones detallaría que no existe la posibilidad de aplicar salvaguardias para el sector de los servicios, que fue lo que en la práctica hizo Caracas, lo que anticiparía que la medida carece de legalidad.
Alegrett, en declaraciones escritas enviadas a IPS desde Lima, explicó que el gobierno venezolano tendrá "un tiempo prudencial" para emitir sus argumentos a las observaciones de la secretaría. Sólo después de estudiar esas alegaciones, el secretario dictará un dictamen administrativo sobre el caso. (Fin/IPS/eg/if la/99
