Luiz Eduardo Soares, un antropólogo de 45 años, asumió el desafío de reformar a la policía de Río de Janeiro, la ciudad más violenta de Brasil, enfrentando críticas de políticos y altos funcionarios de las fuerzas de seguridad.
En enero Soares fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública por el gobernador de Río de Janeiro, Anthony Garotinho, del opositor Partido Democrático Laborista.
A la esposa de Soares, Barbara, de 44 años y también antropóloga, se le encargó al mismo tiempo la conducción de un ambicioso proyecto de combate a la violencia doméstica contra mujeres, especialmente en los barrios pobres de la ciudad.
Lo que inicialmente pareció una iniciativa quijotesca del gobernador se ha transformado en la más original estrategia de reforma de la policía y recuperación de la seguridad pública en curso en Brasil.
El subsecretario, quien es autor de varios libros sobre seguridad pública, afirmó que la aguda crisis de credibilidad y eficiencia de la policía se debe, básicamente, a la ausencia de una política apoyada en un diagnóstico realista.
"Hasta ahora todos los planes eran básicamente ideológicos y no tomaban como punto de partida la realidad concreta", señaló Soares, quien hizo un posgrado en filosofía en Estados Unidos e integró el equipo investigador de una organización no gubernamental en Río de Janeiro antes de asumir su actual cargo.
"Las estrategias de represión no funcionaron, y las sucesivas frustraciones asociadas con el desborde de la delincuencia generaron la idea de que el cambio es imposible", explicó, añadiendo que la frustración de la policía abrió camino a su corrupción y arbitrariedad.
"Llegamos a una terrible situación en que la población ve la policía como un monstruo imprevisible, mientras los delincuentes son considerados más previsibles. Esto es gravísimo, porque la gente tiende a mejor lo previsible que lo imprevisible", comentó.
"Los habitantes de Río de Janeiro, y en especial los más pobres, ven en la polícia un símbolo de violencia y no de autoridad", agregó.
El subsecretario trabaja sobre dos líneas básicas: la de que es indispensable restablecer la confianza de la población en las fuerzas de sguridad, y la de que la información es la principal herramienta para combatir la arbitrariedad dee la policía.
"La primera cosa que hice tras asumir el cargo fue pedir una auditoría de determinados organismos de la policía. Los resultados indicaron que ninguno de ellos sobreviviría 48 horas si fuera una empresa privada, a causa de su ineficiencia y de la falta de informaciones confiables", informó Soares.
"Llegamos a la conclusión de que todas las estadísticas sobre seguridad pública en Río de Janeiro son falsas o no representativas", añadió.
Los auditores descubrieron, por ejemplo, que 80 por ciento de los delitos contra el patrimonio cometidos en la ciudad no son denunciados, y que sólo 7,8 por ciento de los homicidios son investigados por la policía.
Tambien comprobaron que las tareas burocráticas internas ocupan la mitad del tiempo de los agentes, y que hay numerosos organismos de la policía que funcionan sin control superior.
En Río de Janeiro hay anualmente 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es el segundo índice más alto de América Latina, superado sólo por Bogotá, con 75 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Políticos y policías que critican los métodos de Soares han dicho que éste no posee una verdadera estrategia de combate a la criminalidad, sino que sólo busca el desarrollo de acciones sociales por parte de la policía, el desarme de la población y el cambio de percepciones sobre las fuerzas de seguridad.
Soares replicó que esos tres elementos son básicos para poder desarrollar una política de seguridad. La acción social es considerada indispensable por el subsecretario, porque "sólo ella es capaz de restablecer la confianza de la población en la policía".
En mayo, Soares y el gobernador Garotinho fueron personalmente a una de las más violentas favelas de Río de Janeiro para pedir disculpas a la población por una acción violenta de la policía que causó la muerte de un joven sin antecedentes criminales y que no estaba involucrado en ninguna acción delictiva.
Mediante un ambicioso plan de incautación de casi 300 mil armas ilegales en manos de civiles en Río de Janeiro, Soares pretende restablecer el monopolio estatal en el uso de instrumentos de coerción.
El subsecretario ha superado sucesivos conflictos con las autoridades civiles y militares de Río de Janeiro, que se oponían a los métodos aplicados por él y su esposa, e incluso logró que fuera sustituido el secretario de Seguridad, un general retirado partidario de políticas represivas clásicas.
Tras un semestre de desempeño en el cargo, Soares exhibe con orgullo una reducción de 63 por ciento en el número de ciudadanos muertos por la policía en Río de Janeiro. El reconoce que aun es muy poco, dada la magnitud de los problemas de seguridad pública en la ciudad, que los folletos turísticos llaman "maravillosa". (FIN/IPS/cc/mp/ip/99
