En la historia reciente de Brasil nunca hubo tantos enfrentamientos entre propietarios de haciendas y campesinos como este año. En los primeros cinco meses aumentaron 40 por ciento, respecto de igual periodo de 1998.
De enero a mayo ocurrieron 244 ocupaciones de haciendas y fincas privadas por militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), una organización nacional que cuenta con la simpatía de sectores de la Iglesia Católica y de fuerzas de izquierda como el Partido de los Trabajadores (PT).
El nuevo auge de militancia por la reforma agraria tiene lugar sobre todo en las regiones agrícolas más prósperas, como la occidental del sureño estado de Paraná, el principal foco de protestas en este momento.
La situación en Paraná sufrió un agudo deterioro tras el arresto de 22 campesinos por la policia después que un juez determinó la expulsión de los invasores de una hacienda. Este hecho provocó una ola de protestas, con marchas y ocupación de plazas públicas en Curitiba, la capital del estado.
El caso tuvo repercusión nacional porque las tierras en cuestión, en el municipio de Ortigueira, fueron expropiadas a un narcotraficante y estaban bajo la tutela del gobierno desde abril pasado.
Los campesinos protestan contra lo que consideran una injusticada lentitud del gobierno en la distribución de tierras no utilizadas por sus propietarios. Hasta ahora, la estrategia del MST consistía en ocupar tierras consideradas improductivas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCRA).
Pero los incidentes recientes en Paraná y en otros estados revelan un cambio de actitud del MST, pues los activistas pasaron a ocupar también haciendas productivas que no están en la lista de propiedades agrícolas sujetas a expropiación por el gobierno.
Las autoridades brasileñas afirman que 287.000 familias de campesinos ya fueron beneficiadas, desde 1994, por la distribución de tierras no cultivadas por sus dueños y compradas por el INCRA.
El MST considera exagerada esa cifra y asegura que "hay por lo menos 100.000 trabajadores a la espera de un lote para practicar la agricultura de autosubsistencia".
El enfrentamiento entre los campesinos sin tierra y el frente formado por el gobierno y los empresarios rurales ya no se limita a las ocupaciones de haciendas y choques con la policia. Los dos bandos comenzaron a utilizar técnicas sofisticadas de publicidad y mercadeo para obtener las simpatías de la opinión pública.
En el caso de Paraná, el gobierno realizó escuchas clandestinas de conversaciones telefónicas entre miembros del MST y divulgó un diálogo donde uno de los interlocutores expresaba su intención de atacar a una jueza con un cuchillo.
El MST, por su parte, entregó a la prensa una cinta de video en la que aparecían miembros de la policía militar de Paraná en maniobras de entrenamiento destinadas a expulsar invasores de tierras y liberar propietarios tomados como rehenes. Las imágenes impresionaron por la violencia de los policías.
Los militantes del MST también amenazaron a miembros del Poder Judicial, acusados de sancionar a campesinos con una extrema rapidez, mientras las acciones legales contra propietarios que se niegan a entragar sus tierras tardan varios años.
El ministro de la Reforma Agraria, Raul Jungmann, cree que el número de ocupaciones de tierras es aún más alto que lo indicado por las estadísticas oficiales.
La revista Veja estima, en base a informaciones del ministro Jungmann, que 65 por ciento de las víctimas de invasiones no las reportan a la policía, porque supuestamente tendrían intereses financieros en las expropiaciones.
Las asociaciones de propietarios de tierras rechazan enfáticamente que sus miembros participen de esa trampa destinada a obtener compensaciones financieras ilícitas.
Pero la prensa brasileña informó a fines de abril que algunos dueños de tierras no productivas recibieron del gobierno montos hasta cinco veces superiores al precio real de las tierras expropiadas. (FIN/IPS/cc/ag/ip/99
