Peleas y acusaciones entre autoridades de los poderes legislativo y judicial mantienen a Brasil en medio de turbulencias institucionales, tras serenar las financieras.
El presidente del Senado y del Congreso Nacional, Antonio Carlos Magalhaes, acusó a la Suprema Corte de Justicia de cercenar de manera indebida el trabajo de las comisiones parlamentarias (CPI), que investigan irregularidades en la justicia y en el sistema financiero.
Su reacción se debió a fallos preliminares de jueces del Superior Tribunal Federal (STF) suspendiendo decisiones de la CPI, que, entre otras, levantaban el secreto bancario, fiscal y telefónico del ex presidente del Banco Central Francisco Lopes.
Magalhaes dijo que el STF se equivoca con su interpretación particular de la Constitución y amenazó promover una enmienda constitucional para ampliar los poderes de las CPI en desmedro de la Suprema Corte de Justicia. "Hay un conflicto de poderes", diagnosticó.
El presidente del STF, Carlos Velloso, en nota divulgada este viernes, se hizo más agresivo al decir que solo le interesan las opiniones de "hombres de bien", sugiriendo falta de honradez del jefe del Congreso.
Poner en duda la honradez es también la principal forma de ataque en la pelea entre Magalhaes y el presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, en acusaciones recíprocas durante la semana.
Esta pelea solo tuvo una tregua desde el jueves porque los dos viajaron a Lisboa para participar en la décima Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos.
El motivo de las riñas es la reforma del Poder Judicial. Mientras Magalhaes comanda en el Senado las investigaciones sobre corrupción, nepotismo y abusos cometidos por jueces, en especial en los tribunales laborales, la Cámara de Diputados discute una reestructura de la Justicia.
La controversia surgió porque Temer se opone a la extinción de la justicia laboral, o de la mayoría de sus tribunales, contrariando la posición del presidente del Senado.
Temer sugirió la complicidad de Magalhaes con el banquero Angelo Camón de Sá, que cometió muchas irregularidades antes de quebrar su Banco Económico. La respuesta fue de que encubre corrupciones en el Puerto de Santos, el mayor de Brasil y ubicado cerca de Sao Paulo.
La confrontación entre los dos líderes refleja también la disputa entre sus partidos, el Frente Liberal, de Magalhaes, y el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, que tienen las dos mayores representaciones en el Congreso Nacional.
Ambos forman parte de la coalición que respalda el presidente Fernando Henrique Cardoso, pero intensificaron este año sus contiendas, estimuladas por la impopularidad del gobierno.
Los conflictos internos y dificultades del gobierno se multiplicaron en los últimos días.
El nuevo director general de la Policía Federal, Joao Batista Campelo, quedó menos de 72 horas en el cargo. Presentó hoy su renuncia, ante denuncias de que practicó torturas contra presos políticos en 1970, durante la dictadura militar.
Su nombramiento, por iniciativa de la presidencia, casi provocó la renuncia del ministro de Justicia, Renán Calheiros, cuya cartera incluye la Policía Federal, y aumentó el descontento del PMDB, a que pertenece el ministro.
El desgaste de haber nombrado a un supuesto torturador, con muchos indicios que parecen confirmar la acusación, le toca al presidente Cardoso y a su jefe del Gabinete Militar, general Alberto Cardoso.
El mismo partido del presidente, el Socialdemócrata, se rebeló contra la decisión de su líder y exigió la destitución de Campelo, en reunión del jueves.
La Policía Federal, órgano clave en la represión del narcotráfico, delitos financieros y el control de las fronteras, se encuentra sin jefe hace cuatro meses, producto de las dificultades del gobierno en encontrar un nombre que no amenace el delicado equilibrio de la coalición oficial. (FIN/IPS/mo/dm/ip/99
