BEIJING – Diez años después de la masacre de la plaza de Tiananmen, el gobernante Partido Comunista de China no se disculpó aún y sostiene que aquella represión de civiles desarmados fue necesaria para preservar la estabilidad social.
La plaza de Beijing donde nació y murió el último de los movimientos políticos modernos de China todavía evoca dolorosos recuerdos de violencia y muerte que el gobierno quisiera borrar de las mentes.
Cientos, quizá miles de civiles desarmados murieron el 4 de junio de 1989 a causa de las balas o bajo los tanques enviados por los líderes del Partido Comunista para aplastar lo que describieron como una "contrarrevolución".
Los dirigentes comunistas sostienen que no hay necesidad de volver a examinar los hechos, y que si "el incidente del 4 de junio" hubiera sido mal manejado, China no habría pasado los últimos 10 años tan "fácil y tranquilamente" ni habría registrado un crecimiento económico tan rápido.
"En relación con la agitación política de 1989, el partido y el gobierno ya sacaron la conclusión correcta y ésta no cambiará de modo alguno", declaró Li Peng el año pasado, antes de dejar la jefatura de gobierno.
Como primer ministro en 1989, Li firmó el decreto de ley marcial y ordenó el envío de las tropas a Beijing.
Peng Yuzhang, uno de los sobrevivientes de la represión, replicó que "hasta que el Partido Comunista diga la verdad sobre Tiananmen, no podrá afirmar que en China impera la ley".
Peng respaldó activamente a los estudiantes de Hunan durante todo el movimiento de 1989 y participó en sus sentadas y huelgas de hambre. Luego del 4 de junio, fue detenido, encarcelado y torturado.
Durante más de tres meses, Peng permaneció sujeto a una tabla horizontal del tamaño de una puerta con cuatro grilletes de metal en las esquinas y un gran agujero en el extremo inferior para permitir la salida de la orina y los excrementos.
El gobierno se esforzó en los últimos años por evitar la repetición de lo ocurrido en la primavera de 1989, cuando primero obreros y luego funcionarios de bajo rango se unieron a los estudiantes en sus demandas de democracia y fin de la corrupción.
Para evitar una reiteración de aquellos hechos, las autoridades permitieron la expresión pública de quejas específicas de modo de evitar la acumulación de presión social.
Protestas menores de obreros despedidos, jubilados pobres y aun miembros de sectas religiosas se volvieron parte de la vida cotidiana. —-
