Un grupo defensor de los derechos humanos instó al presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, a incluir representantes de todos los sectores de la población en el proceso de reforma constitucional.
"La ausencia de representantes del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe es una carencia significativa, al igual que la ausencia de mujeres" en la recién designada comisión de reforma de la constitución, manifestó Derechos Africanos, un organismo defensor de los derechos humanos de Gran Bretaña.
Un informe elaborado por Derechos Africanos, de 51 páginas, informa que Mugabe designó una comisión de 395 integrantes, entre los cuales hay 54 mujeres, para revisar la constitución.
Pero "la comisión tiene mayoría de miembros y partidarios del ZANU-PF, lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo de la tarea que le fue encomendada", señala el grupo.
El Frente Nacional Patriótico Africano Unido de Zimbabwe (ZANU- PF), que preside Mugabe, gobierna el país desde que obtuvo la independencia en 1980.
Los miembros de la Asamblea Nacional Constitucional (NCA), un grupo que incluye iglesias, sindicatos, grupos de derechos humanos, organizaciones de mujeres y partidos políticos de oposición, se negaron a participar en la comisión de reforma porque, alegaron, esta responde a los deseos de Mugabe.
La NCA expresó su temor de que los hallazgos de la comisión sean manipulados por el gobierno, ya que en ocasiones anteriores, las recomendaciones de otras organismos fueron eliminadas o simplemente, archivadas.
"El gobierno complicó innecesariamente la tarea que se avecina al no cumplir con las garantías exigidas por la NCA", aseguró Derechos Africanos.
"El éxito de la nueva constitución dependerá de su capacidad para reflejar la voluntad del pueblo de Zimbabwe, que en la actualidad está muy desinformado y desinteresado en el proceso de reforma", advirtió.
Derechos Africanos denunció que "la policía comete actos brutales en las calles de la ciudad, los medios de comunicación reciben presiones, la oposición política es reprimida y las tierras están mal distribuidas y mal utilizadas".
La organización también se hizo eco de las inquietudes de los grupos cívicos y defensores de los derechos respecto de las consecuencias del gobierno centralizado. Uno de los temas en discusión es el de los poderes del presidente.
Mugabe puede designar a 20 miembros del total de 150 de la Asamblea Nacional, lo cual fue criticado porque implica una ventaja inicial para el partido de gobierno en cualquier elección.
"El partido de gobierno intenta monopolizar el poder, y eso explica las acciones represivas cometidas y la virulencia de sus discursos", reza el informe.
"Una reforma constitucional debe inspirar confianza en todos los niveles de gobierno y reducir las ventajas políticas y económicas que tiene ahora el ZANU-PF", advierten los autores del análisis.
La situación económica está en su peor momento desde 1980. Los precios aumentan de forma constante desde hace un año, y los de los productos básicos sufrieron un incremento de 300 por ciento desde el año pasado. El pan cuesta 103 por ciento más que al comienzo del año.
El mayor precio de los bienes y servicios provocó varios tumultos a fines del año pasado. Al menos ocho personas murieron en las demostraciones violentas realizadas por el aumento de los productos esenciales.
Casi dos tercios de la población es pobre, y la disparidad entre ricos y pobres es muy notoria. El país tiene, en total, 12 millones de habitantes, y en la clasificación de desigual distribución de la riqueza ocupa el segundo lugar en Africa.
El 20 por ciento de la población recibe 62 por ciento del total de los ingresos. Sudáfrica es el país con mayor inequidad distributiva de Africa, ya que el 63 por ciento de los más ricos reciben 20 por ciento de los ingresos del país, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa.
Derechos Africanos advierte que se agotó la paciencia de muchos habitantes. La gota que derramó el vaso fue la decisión de Mugabe de enviar tropas y recursos para ayudar al presidente de la República Democrática de Congo, Laurent Kabila, como si la economía de su país estuviera floreciente.
"Cuando la población es torturada, violentada y amenazada, es decir, si se le niegan sus derechos sociales, económicos y constitucionales, es inevitable que se produzca un conflicto y la única solución posible es política", sostiene Derechos Africanos.
"Una nueva constitución que brinde garantías políticas y cívicas es una de las vías posibles para crear una sociedad más democrática y abierta, en la cual todas las personas podrían participar en lo que sucede en su propio país", sugiere Derechos Africanos.
El organismo sostiene que si el gobierno pretende ganarse la confianza nacional e internacional y evitar una guerra civil, deberá transitar hacia un sistema que respete los derechos políticos y civiles de las personas, y crear un marco adecuado a la estabilidad económica.
"Ya es hora de que la dirigencia del ZANU-PF ponga las necesidades y esperanzas del pueblo por encima de los intereses del partido", dictaminó Derechos Africanos. (FIN/IPS/tra-en/lm/mn/ceb/aq/ip-hd/99
