Mujeres indígenas del estado de Chiapas, en México, exigieron leyes para erradicar la violencia familiar, de la que es víctima 66 por ciento de la población femenina de este país.
Cientos de participantes de la primera convención de mujeres chiapanecas, celebrada el fin de semana pasado, reclamaron también normas que favorezcan la igualdad de oportunidades para las mujeres indígenas.
El racismo y la exclusión que sufren las mujeres de los pueblos autóctonos fueron el eje de las denuncias planteadas por la convención, celebrada bajo la consigna "La otra mitad de la esperanza" y convocada por el senador Pablo Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, gobernante en México hace 70 años.
La convención exigió que las mujeres intervengan en el diseño de las políticas oficiales destinadas a resolver los problemas que lo afectan, así como recursos económicos para atenderlos.
Dentro de los pueblos indígenas de México se han gestado nuevas propuestas sobre la relación con los responsables de elaborar las políticas públicas, aunque esa tendencia no pretende romper con la identidad ni la cultura de las etnias, destacaron.
Las indígenas del estado donde surgió cinco años atrás el Ejército Zapatista para la Liberación Nacional dijeron que sólo aspiran a una relación de equilibrio y respeto con las autoridades.
Las mujeres indígenas plantearon que se deben revisar con urgencia la legislación del estado y la federal, con el propósito de desterrar patrones culturales que crean condiciones para la violencia familiar y el abuso sexual.
En diversos foros, representantes indígenas y organizaciones no gubernamentales han denunciado que los gobiernos, por medio de grupos paramilitares, recurren a la violación de mujeres para someter a las comunidades.
El Foro Continental de Mujeres Indígenas, celebrado hace tres semanas en México, denunció incluso ataques contra su dignidad a manos de líderes de las comunidades para impedir la participación femenina en las organizaciones.
Los organizadores de la reunión en Chiapas la incluyeron dentro del movimiento de ciudadanización que vive el país y al cual las mujeres indígenas se han ido incorporando.
También acordaron pugnar por eliminar las formas de violencia física, obtener libertad para decidir sobre su cuerpo, y equidad en el empleo y la educación,
Ante el senador Salazar, las indígenas lamentaron no contar con servicios básicos de salud.
Representantes de grupos civiles e instituciones públicas de ocho estados de México integraron el mes pasado una red nacional de refugios para mujeres y niños víctimas de violencia familiar.
Esa iniciativa surgió para solucionar los más de 10.000 casos de agresión que se registran cada día en el país, señaló el grupo Alternativas Pacíficas.
La nueva red estima que más de 90 por ciento de esos casos son denunciados ante alguna autoridad, centro de atención a víctimas o de socorro y que los agresores generalmente resultan ser familiares directos de la agredida, desde esposos y padres, hasta los propios hijos.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia identificó entre sus prioridades de atención los casos de violencia dentro de las familias y el embarazo precoz, entre otros.
La institución señala que, por causas económicas o abandono del hombre, cuatro millones en un total de 21 millones de familias mexicanas son encabezadas por mujeres solas.
En Chipas hay cerca de 3.000 localidades en las cuales más de 70 por ciento de los habitantes habla una lengua nativa.
Las estadísticas también indican que 82,24 por ciento de los indígenas no completó los estudios primarios, 66,90 por ciento de sus viviendas carece de agua potable corriente, 91,40 de saneamiento y 66,90 de electricidad. (FIN/IPS/pf/mj/hd pr/99
