Cientos de indígenas de seis comunidades de Chiapas, en el sureste de México, fueron obligados por el avance de policías y militares a refugiarse en montes cercanos, aseguraron organizaciones de derechos humanos.
El ejército ocupó el domingo pasado el poblado de San José, en el municipio de Ocosingo. Días antes, había penetrado en El Censo, Betania, Francisco Villa, Santa Lucía y Nazareth, donde los habitantes manifestaron temor por la presencia de las fuerzas armadas.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) sostienen que durante los últimos años 15.000 indígenas se desplazaron huyendo de la violencia, mientras otros 150 fueron asesinados en Chiapas, donde el primer día de 1994 surgió a la luz pública el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En distintos foros del país y el extranjero, organizaciones no gubernamentales exigen el cese de la militarización en diversos estados mexicanos, como Guerrero y Oaxaca, ubicados en el sur del país y en los cuales existe una amplia población indígena.
Sólo de la comunidad de Nazareth, al menos 300 indígenas simpatizantes del EZLN partieron el fin de semana pasado hacia los montes sin ropa ni alimentos, confirmó el Centro Fray Bartolomé de las Casas.
El EZLN denunció el domingo en un comunicado la intervención de cientos de efectivos militares y policiales en la zona y expresó su rechazo a la construcción de carreteras en la zona.
El grupo guerrillero, que no dialoga con el gobierno hace tres años y usó sus armas apenas 12 días, consideró que los nuevos caminos "sólo servirán para establecer más campamentos dentro de la región, haciendo con ello un cerco y violando una vez más los acuerdos de San Andrés".
Esos acuerdos fueron firmados por el EZLN y el gobierno el 16 de febrero de 1996, en medio de un clima marcado por el recelo y la desconfianza, y convertidos luego en un proyecto de ley por una comisión legislativa que los rebeldes aceptaron.
Sin embargo, el gobierno descartó la iniciativa con el argumento de que podía "balcanizar" el país.
Desde entonces, el EZLN condiciona su regreso a la mesa de negociaciones para discutir la paz a la aceptación de los acuerdos por parte de la presidencia, que presentó el año pasado su propia propuesta de ley sobre cultura y derechos indígenas.
La organización rebelde acusó al gobernador de Chiapas, Roberto Albores, de ofrecer "ganado, material para vivienda y hasta cajas de muerto (ataúdes) a cambio de armas", señala el comunicado.
Asimismo, acusó a las autoridades de "organizar grupos que se vistan de zapatistas para hacer creer que nos estamos rindiendo, pero desde aquí les decimos que no nos rendiremos".
El procurador de Justicia de Chiapas, Eduardo Montoya, declaró por su parte que las operaciones policíaco-militares en las cañadas de Ocosingo son "exclusivamente antigavillas" y que "de ninguna manera existe una persecución en contra de grupos o personas por sus ideas políticas».
Los elementos de las fuerzas de seguridad que incursionaron en los poblados actuarán para ejecutar órdenes de aprehensión o para brindar seguridad a los habitantes que así lo solicitaron, ante la persistencia de asaltos en la zona, según el funcionario.
No obstante, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada y otras organizaciones no gubernamentales lanzaron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales a detener ese tipo de acciones.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que tropas del ejército y efectivos policiales apostadas en los alrededores de otras comunidades, como La Garrucha, amenazan con ocuparlas.
"Nos oponemos a la apertura de caminos porque sirven para la entrada de militares y para instalar más campamentos", declararon el sábado representantes de la población de Francisco Villa, cuando esa comunidad fue ocupada.
"No tenemos ropa ni comida. No sabemos por qué vino el ejército. Pedimos que se retire de nuestra comunidad", dijeron, con los rostros cubiertos con pasamontañas y pañuelos, indígenas tzeltales desplazados.
Las movilizaciones e incursiones militares esa zona, que ha sido bastión del EZLN, son observadas de cerca por organizaciones no gubernamentales que denuncian "hostigamiento" contra pobladores indígenas.
En México viven cerca de 10 millones de indígenas y existen unas 13.000 localidades en las que 70 por ciento de la población habla lenguas autóctonas.
Casi la tercera parte de los indígenas del país no terminó la enseñanza primaria, mientras 51,6 por ciento de sus viviendas carecen de servicio eléctrico y 90,4 por ciento de saneamiento. (FIN/IPS/pf/mj/ip hd/99
