La nueva Ley sobre Libertad de Información aprobada en Japón se convertirá en la mejor arma de los ciudadanos contra la falta de transparencia de la burocracia, aunque dista de ser perfecta, según activistas.
"Sin duda esta norma marcará un hito en Japón, cuyo sistema burocrático funcionó hasta ahora no en base al interés del ciudadano, sino a vínculos colusorios entre políticos, empresarios y funcionarios", dijo Masahiro Uzuki, profesor de la Universidad de Dokkyo, en referencia a la ley aprobada en mayo.
Uzuki es uno de los miles de japoneses que hicieron campaña por la aprobación de una ley que permitiera a los individuos obtener del gobierno la información necesaria.
En las últimas dos décadas, esa demanda se hizo más fuerte debido a varias revelaciones de la prensa sobre la retención de información clave para el público por parte de algunos organismos estatales.
Por ejemplo, el Ministerio de Salud y Bienestar Social descubrió en 1983 que era posible contraer el virus del sida utilizando productos sanguíneos no calentados, pero eligió mantener silencio.
Aun cuando más y más hemofílicos comenzaron a obtener resultados positivos en el test del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), los funcionarios negaron cualquier conocimiento sobre una relación entre esa tendencia y la sangre contaminada que habían aprobado para transfusiones.
Fueron necesarios el paso de varios años y una gran indignación pública para que el gobierno reconociera en 1996 que hubo negligencia profesional y revelara la información que el Ministerio de Salud había intentado mantener en secreto. Para entonces, unos 2.000 hemofílicos habían contraído el VIH.
"Este tipo de hechos podrá evitarse ahora con la nueva ley, que permitirá a los ciudadanos solicitar información clara sobre los tratamientos que les indican los médicos", destacó Uzaki.
"También creo que la ley impulsará el trabajo de muchas organizaciones no gubernamentales que luchan por información sobre productos alimenticios y cuestiones ambientales para proteger la salud pública", agregó.
Grupos de activistas concuerdan con esta opinión. Por ejemplo, organizaciones ambientalistas prevén un aumento en la demanda pública de información sobre accidentes producidos en las centrales nucleares del país.
Una vez que la ley entre en vigencia, en el año 2001, podrán incluso presionar para que el gobierno reduzca la utilización de energía atómica, esperan los ecologistas.
Todavía está fresco en sus mentes el recuerdo de un incidente producido en 1995, en que funcionarios de una empresa de energía nuclear intentaron ocultar una prueba fílmica sobre un accidente en el reactor atómico de Monju, además de falsificar informes.
Pero los funcionarios fueron descubiertos y el hecho avivó la oposición pública al desarrollo de la energía nuclear.
Japón está rezagado respecto de otros países industrializados, incluso de algunas naciones en desarrollo de Asia, en materia de libertad de información. Corea del Sur adoptó una ley sobre la cuestión hace ya unos tres años.
La demora de Japón en adoptar esta ley se debió a la feroz resistencia de los burócratas y a una falta general de conciencia e interés de un público que en la posguerra concentró sus energías en el progreso económico, según observadores.
Pero luego vino el escándalo de Lockheed, cuando se descubrió que altos funcionarios habían sido sobornados por una compañía de aviones de Estados Unidos.
Así mismo, la contaminación causada por el rápido desarrollo industrial aumentó el clamor público por una mayor transparencia del gobierno.
Ya en 1982, algunos gobiernos locales comenzaron a aprobar ordenanzas que permitieron la revelación de documentos municipales.
En teoría, la Ley sobre Libertad de Información permitirá lo mismo a nivel nacional. Pero a pesar de todos sus aspectos positivos, los activistas señalan varios puntos débiles de la norma que podrían menguar su eficacia.
Uno de sus defectos básicos es que "otorga demasiadas facultades discrecionales a ministerios y agencias sobre la publicación de documentos", observó Mie Asaoka, un abogado que trabaja con grupos por los derechos de los ciudadanos.
Otro punto de discordia es que la ley no se aplicará a las empresas públicas. En lugar de ello, se aprobará en dos años una ley separada para esas instituciones. (FIN/IPS/tra-en/sk/cb/js/mlm/hd/99
