El gobierno de Congo y las milicias rebeldes mataron entre 5.000 y 6.000 personas en los últimos seis meses, aseguró la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
La FIDH sostuvo, en un informe titulado "Congo-Brazzaville: terror de las milicias, indiferencia del Estado", que la situación de los derechos humanos y las libertades básicas en este país se ha vuelto intolerable.
"Hubo múltiples ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarias e ilegales y hostigamiento de la población civil", según el informe.
"Hubo numerosos casos en que los detenidos desaparecieron o fueron deportados, además de arrestos forzados, secuestros y detenciones arbitrarias en Pointe-Noire y Brazzaville", señala el informe escrito con colaboración de la organización Human Rights Watch-Congo.
El informe de la FIDH explica que estos actos son con frecuencia realizados por hombres armados uniformados o sin uniforme. "En la mayoría de los casos se trata de nuevos reclutas de las ex milicias Cobra, y gozan de inmunidad absoluta", agrega.
Los Cobra son milicianos cercanos al presidente Denis Sassou Nguesso, quien, con ayuda de tropas angoleñas, derrocó al ex mandatario Pascal Lissouba en una guerra civil entre junio y octubre de 1997. Al cabo del conflicto, fueron reclutados por el ejército.
Además de los Cobra, están las milicias Ninja y Cocoye. Los Ninja están cerca del ex primer ministro Bernard Kolelas, y los Cocoye son leales a Lissouba. Ambos dirigentes están en el exilio.
Después del fin de la guerra civil en octubre de 1997, los Ninja y los Cocoye tomaron posiciones alejadas en los bosques del sur del país y organizaron una rebelión para desestabilizar el régimen de Sasso Nguesso.
La mayoría de los Ninja residen en la región de Pool, a la que controlan y donde comenzaron a ejecutar arbitrariamente a simpatizantes de Sassou Nguesso o funcionarios de su gobierno.
Las autoridades calculan que el número de civiles desarmados víctimas de las masacres deliberadas y sistemáticas a manos del propio gobierno y las ejecuciones arbitrarias realizadas por los Ninja asciende a 415.
En cambio, la FIDH indicó, sobre la base de relatos de testigos oculares, el número de muertos varía entre 5.000 y 6.000.
La FIDH también responsabilizó al gobierno de numerosas extorsiones.
"En lugar de garantizar la seguridad de los civiles en la región de Pool, las fuerzas del gobierno saquearon y destruyeron residencias privadas y arbitrariamente ejecutaron a muchos jóvenes y hombres sospechosos de pertenecer a las milicias Ninja", establece el informe.
El informe agrega que las fuerzas del gobierno están conformadas principalmente por ex Cobra, apoyados por soldados angoleños.
Los funcionarios del gobierno fueron criticados de manera particularmente dura por haber ordenado el intenso bombardeo del sur de Brazzaville el 18 de diciembre de 1998, en un intento de evitar que los rebeldes Ninja se infiltraran en la capital.
La búsqueda, que había sido anunciada por funcionarios del gobierno, resultó ser una masacre metódica y deliberada a gran escala de civiles desarmados en esas áreas, sospechosos de simpatizar con los Ninja, indicó la FIDH.
Al finalizar la misión, miles de residentes del sur de Brazzaville buscaron refugio en la República Democrática de Congo (RDC) y en los bosques del sur. Muchos recién comenzaron a regresar a Brazzaville.
Testigos oculares afirmaron que la policía está vigilando ese regreso y que ya se llevó a varios jóvenes con el pretexto de que pertenecen a los Ninja.
Esos secuestros y desapariciones fueron confirmados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En una carta a los funcionarios congoleños divulgada el 9 de junio, los representantes regionales de ACNUR, con sede en Kinshasa, revelaron el secuestro de 20 jóvenes el 5 de mayo, que fueron llevados a un destino desconocido por soldados armados.
ACNUR agregó que el 12 de mayo, 415 personas que procedían de Kinsangulu, en el sur de la RDC, fueron maltratados por soldados indisciplinados.
El 8 de mayo, ACNUR y la Dirección General de Migraciones regresaron a más de 1.400 congoleños desde la RDC. Ciento veinte jóvenes fueron separados del grupo y enviados a una base militar.
"Los soldados llegaron en sus grandes vehículos y comenzaron a separar a esos jóvenes de sus familias. Yo fui uno de los seleccionados. Más tarde descubrimos que estábamos siendo arrestados, sin que siquiera se nos dijera por qué", dijo uno de los jóvenes detenidos.
"Los soldados que nos llevaron nos torturaron… Lo único que nos salvó la vida fueron nuestros documentos de ACNUR", agregó.
Los 120 jóvenes congoleños fueron liberados dos días más tarde.
Muchas familias congoleñas continúan exigiendo saber el paradero de parientes desaparecidos. En la principal estación de policía de Brazzaville se registraron más de 20 personas desaparecidas por día desde mediados de abril.
"Ya no nos molestamos en verificar o hacer preguntas. Ahora sólo tomamos las denuncias orales. Con todas las trampas del ejército, es difícil encontrar 'personas desaparecidas"', dijo un administrador de la policía.
Aunque el gobierno congoleño rechaza categóricamente estas acusaciones, reconoce, sin embargo, que hubo varios "desafortunados errores". (FIN/IPS/tra-en/nrn/lm/sz/pm/at/mj/hd ip/99
