Como un mensaje al Ejército para que falicilite la búsqueda de restos de desaparecidos fueron interpretadas en Chile las revelaciones de parlamentarios oficialistas sobre los métodos de la policía secreta de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El estudio sobre la "industria del desaparecimiento" que operó a través de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), refuta las aseveraciones del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, quien aseguró que su fuerza no posee informes sobre desaparecidos.
El diputado socialista Carlos Ominami y cuatro parlamentarios de la coalición gobernante acompañaron el jueves en la presentación del informe a una de sus autoras, Erika Hennings, esposa del detenido-desaparecido Alfonso Chanfreau.
Viviana Uribe, hermana de una desaparecida, y el jurista Gabriel Guajardo son los otros autores del estudio, que entrega antecedentes hasta ahora desconocidos acerca del modus operandi de la DINA, policía secreta del régimen militar.
La DINA, que dependía directamente de Pinochet, actuó desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 hasta su disolución en 1977 y se le responsabiliza de la mayoría de las 1.198 desapariciones forzadas que se cometieron bajo la dictadura.
El estudio fue elaborado sobre la base de las declaraciones judiciales de 39 ex agentes de la DINA, citados en los últimos años a atestiguar en casos de violaciones de los derechos humanos, y de otras seis entrevistas o declaraciones extrajudiciales.
La mayoría de los ex agentes son miembros del Ejército, actualmente retirados de la institución, aunque se incluyen también a civiles que sirvieron a la represión y a dos ex militantes de izquierda que la DINA forzó a la delación.
A través de los diversos testimonios se logró reconstruir el organigrama de la policía represiva, con sus diversos cuerpos especializados en capturar, interrogar, torturar y finalmente hacer desaparecer a presos políticos.
El estudio de las declaraciones en tribunales y los testimonios de ex agentes permiten conocer algunas claves con que se decidía en la DINA el destino de personas que eran asesinadas luego de largas sesiones de tortura.
"Moneda" significaba que los cuerpos eran lanzados al mar, generalmente con el vientre abierto, en tanto "Puerto Montt", nombre de un puerto del sur de Chile, aludía al entierro de los cuerpos en sitios secretos.
El hecho de que esta información surgiera de los propios ex agentes indica que hay numerosos efectivos del Ejército, ya retirados o en servicio activo, que poseen datos sobre lugares en que estarían sepultados restos de desaparecidos.
Guillermo Ceroni, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que Izurieta debe liberar expresamente a los miembros del Ejrcito del "compromiso de lealtad" con la institución que les lleva a ocultar esos datos.
"Uno puede concluir que los ex agentes (de la DINA) poseen información", agregó el parlamentario del oficialista Partido Por la Democracia, contradiciendo a Izurieta, quien asegura que el Ejército ignora el paradero de restos de desaparecidos.
"Hoy es el momento de sentarnos a elaborar un gran acuerdo sobre derechos humanos en que participen todos los sectores involucrados", añadió Ceroni.
El diputado recogió así el planteamiento del propio comandante del Ejército, quien habló también de un acuerdo nacional para resolver los problemas pendientes por violaciones de los derechos humanos.
Ominami, senador del Partido Socialista, sostuvo que es preciso "crear las condiciones para que (los ex agentes de la DINA) entreguen la información de que disponen".
Los partidos de la oposición derechista sugieren un acuerdo sobre la base de crear mecanismos para la entrega de información sobre desaparecidos, garantizando el anonimato de la fuente y la aplicación inmediata de la ley de amnistía de 1978.
El almirante Jorge Arancibia, comandante de la Armada, postula en esa misma línea que se cree una comisión de "hombres buenos" para recibir los informes, pero reclama a la vez una aplicación "justa" de la amnistía con el cierre inmediato de los procesos por crímenes contra los derechos humanos.
Los partidos oficialistas rechazan esas fórmulas, por entender que significarían una suerte de ley de punto final para las violaciones de derechos humanos y abogan por que se deje actuar a los jueces en la interpretación de la ley de amnistía.
En un sentido similar se pronunció esta semana el presidente Eduardo Frei, insistiendo en que su gobierno será respetuoso de la independencia de la Justicia.
La clarificación de los casos de desaparecidos podría mejorar la imagen internacional de Chile y favorecer de paso al ex dictador Pinochet, que permanece arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998.
El general retirado y actual senador vitalicio de 83 años fue detenido a solicitud del juez español Baltasar Garzón, que en su momento lo acusó de secuestros múltiples y genocidio, basado en los casos de desapariciones y eliminación masiva de presos políticos. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/99
