Trinidad y Tobago completó esta semana un total de nueve ejecuciones en la horca en cuatro días, y las autoridades de Barbados y Jamaica también anunciaron su voluntad de aplicar la pena de muerte.
Los últimos ejecutados en Trinidad y Tobago fueron tres miembros de una banda de nueve personas, responsables de un asesinato masivo cometido en 1994. El día 4 fueron ahorcados los tres primeros, y al día siugiente otros tres.
El fiscal general de Barbados, David Simmons, declaró en la radio el lunes pasado que intentará promover los cambios constitucionales necesarios para que en su país también se pueda enviar a la horca a ciertos criminales.
El primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, ya había advertido a las 44 personas condenadas a muerte en su país que el gobierno hará todo lo necesario para asegurarse de que paguen el precio más alto por los crímenes cometidos.
"La gran mayoría de la gente de la zona desea que se realicen las ejecuciones", declaró Simmons. Todo indica que así es, por la gran inquietud que causa el aumento de los delitos y crímenes violentos en los países caribeños.
En Barbados, que durante mucho tiempo fue la región turística más pacífica del Caribe, se ha incrementado notablemente la cantidad de tiroteos, robos y asesinatos. Jamaica es el país más violento de la región, y la violencia aumentó también en Trinidad y Tobago en los últimos años.
Encuestas realizadas en Trinidad y Tobago indicaron que 70 por ciento de los consultados aprobaban la pena de muerte, y Simmons aseguró que en Barbados manifestaron la misma opinión 88 por ciento de los entrevistados en una encuesta.
Los detractores de la pena de muerte son pocos pero se hacen oír. La Red de Derechos Humanos del Caribe alega que "al matar a un asesino, el Estado comete el mismo acto que condenó".
Amnistía Internacional, el grupo defensor de los derechos humanos, también criticó las ejecuciones y afirmó que el viernes 4 fue "un triste día para Trinidad y Tobago" porque se reanudaron los ahorcamientos, que no se realizaban desde 1993.
Una alta fuente de la organización señaló que la ejecución de los nueve asesinos "podría ser el inicio de una carnicería" regional y "hacer que la sociedad sea cada vez más violenta".
Trinidad y Tobago no está afiliado a la Red de Derechos Humanos del Caribe, y la lucha contra la ejecución de los presos estuvo a cargo de un impopular grupo de abogados, algunos activistas a título individual, el arzobispo católico y unos pocos columnistas de periódicos.
El activista Ishmael Samad protestó solo desde el 4 hasta el lunes pasado, frente a la prisión estatal, contra la "brutalidad" de la pena de muerte, y en particular de la horca.
El fiscal general, Ramesh Maharaj, dijo que la pena de muerte es un asunto legal y no una cuestión de derechos humanos. Antes de ocupar su actual cargo, Maharaj dirigía la Oficina de Derechos Humanos de Trinidad y Tobago y era un activista contra la pena de muerte.
El día 4, cuando comenzó la serie de ejecuciones, el primer ministro, Basdeo Panday, anunció que se realizarían elecciones anticipadas del gobierno de la ciudad.
Será la primera vez que se adelantan esas elecciones, y Kenneth Valley, un legislador de la oposición, manifestó su deseo de que las ejecuciones recientes no sean parte de la plataforma de la campaña electoral.
Además de los nueve ahorcados en los últimos días, hay unos 90 condenados a muerte más que esperan su castigo.
Se estima que más de 50 de ellos cumplen con los requisitos establecidos para las condenas a muerte por el Consejo Privado del Reino, el máximo tribunal de apelaciones para casi todos los países de la Comunidad Británica de Naciones.
Hamid Ghany, un analista político favorable a la horca, sostuvo que las ejecuciones tendrán consecuencias electorales.
"Si los abogados deciden no pedir más aplazamientos de las sentencias y se realizan las ejecuciones, el gobernante Congreso Nacional Unido hará una buena campaña", explicó.
El columnista Denis Solomon, contrario a la pena de muerte, afirmó el domingo que los medios de comunicación, "al igual que el gobierno y la oposición, juegan su propio juego egoísta, a costa de la vida de hombres que están a punto de morir".
Solomon resumió la cobertura que hicieron los medios de los dos primeros días de ahorcamientos: "Parecían hablar de una riña entre el Estado y los abogados defensores, en lugar de describir una contienda sobre la posición política, moral y filosófica de Trinidad y Tobago frente a la vida y la muerte". (FIN/IPS/tra- en/wg/cb/ceb/mp/ip hd/99
