La negativa de Estados Unidos a limpiar unas 3.000 hectáreas del área del canal interoceánico usadas por su Ejército para ejercicios militares, saturadas de explosivos sin detonar, tensiona las relaciones entre Panamá y Washington.
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Jorge Ritter, advirtió esta semana que Estados Unidos tiene la obligación de descontaminar ese predio antes del 31 de diciembre, cuando el canal pase a jurisdicción panameña, según lo pactado en los tratados de 1977.
El canciller adujo que la discordia se debe a una interpretación "muy particular" de Estados Unidos sobre una cláusula del tratado que obliga a ese país a remover de los terrenos que pasarán a Panamá todo peligro contra la vida humana "hasta donde sea viable".
Tras indicar que Panamá "no va a dejar de recibir" los predios en cuestión por esa causa en las fechas pactadas, Ritter aseguró que su país responsabilizará "a Estados Unidos por su limpieza en el futuro".
Ritter informó que cuando regrese de Washington el secretario general de la Cancillería, Daniel Delgado, quien viajó a consultar al embajador Eloy Alfaro, su cartera emitirá un comunicado al respecto.
En los últimos dos años, expertos de Estados Unidos descontaminaron alrededor de 5.000 de las 8.000 hectáreas ocupadas por sus campos de prácticas militares en el área del canal, pero aducen que las restantes 3.000 no van a ser limpiadas por falta de tecnología apropiada.
Especialistas estadounidenses afirmaron que la única posibilidad de remover todos los explosivos es quitando una capa de tierra de tres metros de profundidad, pero que ello será más perjudicial para el ambiente que dejar intactos esos predios.
Ritter afirmó que las consecuencias de ese acto de Estados Unidos "no la pueden pagar personas inocentes que puedan sufrir daños por la explosión de municiones sin detonar".
"Ya hubo muchos casos de ese tipo", subrayó Ritter al respecto.
Desde el 1 de octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados canaleros, 21 panameños murieron y varias decenas sufrieron mutilaciones debido a accidentes con explosivos sin detonar en esos terrenos.
El ambientalista Jonh Lindsay Poland, director de la no gubernamental organización Fellowships of Reconciliations, indicó en marzo en Panamá que en las 3.000 hectáreas que Estados Unidos planea dejar sin descontaminar existen unas 120.000 municiones de mediano poder sin detonar.
"No se trata de balas de pistolas o fusiles, sino de obuses y otras municiones de similar poder", explicó Poland.
En las zonas próximas a las llamadas "áreas de impacto" de los predios usados por el ejército de Estados Unidos para experimentar con explosivos durante unos 85 años, residen hoy unas 60.000 personas.
A comienzos de 1998, Estados Unidos y Panamá constituyeron un grupo técnico para coordinar las actividades de limpieza de los polígonos y otros sitios usados por Washington para bases militares, depósitos de municiones y productos químicos en el área canalera desde 1903.
Pero Estados Unidos se retiró del grupo hace varios meses al caer en punto muerto las negociaciones para el saneamiento total de las bases.
"Las conversaciones técnicas están en un punto muerto y no vemos ninguna disposición" de Estados Unidos "de cumplir lo que Panamá considera que fue acordado en los tratados", indicó el lunes en Washington el embajador Alfaro, entrevistado por un corresponsal del diario Panamá-América.
Alfaro rechazó una reciente oferta de Argentina para sanear los polígonos mediante un contrato pagado por Panamá.
"¿Por qué hemos de pedir ayuda a Argentina cuando corresponde a los Estados Unidos cumplir con sus obligaciones y pagar lo que cueste?", respondió Alfaro. (FIN/IPS/sh/mj/ip en/99
