La descentralización de la gestión ambiental en América Latina no es un solo un requerimiento administrativo sino fundamentalmente político, según expertos convocados por el Banco Mundial en esta ciudad del sur de Chile.
La vertiente ambiental fue objeto de un panel especial de expertos en la quinta conferencia anual del Banco Mundial sobre Descentralización y Rendimiento de Cuentas en el Sector Público en América Latina y el Caribe.
Valdivia, puerto fluvial situado 810 kilómetros al sur de Santiago, fue sede de la conferencia realizada el lunes y el martes y en la cual se analizaron diversos aspectos de la transferencia de funciones y tareas desde los gobiernos centrales a los órganos de poder local.
En materia ambiental, los términos deben invertirse y operar más bien desde lo local a lo central, planteó la mexicana Alicia Bárcena, directora de la División de Ambiente y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La descentralización es un tema eminentemente territorial, que como tal se enlaza con lo ambiental y permite generar desde los espacios locales mejores condiciones de negociación, dijo Bárcena al intervenir en el panel con otros expertos latinoamericanos.
Sergio Margulis, del Banco Mundial, señaló que en la región existen varios modelos institucionales para la política ambiental, como ministerios, comisiones intersectoriales y organismos autónomos, y que ninguno representa una fórmula perfecta de descentralización.
Lo esencial, explicó, es la devolución de la capacidad de toma de decisiones al nivel local, en un proceso económico y administrativo que debería conducir a una mayor eficiencia y racionalidad de los sistemas de gestión ambiental.
Estas premisas se complementan con el hecho de que los agentes locales conocen mejor los problemas que el poder central y estarían en condiciones de garantizar y exigir mayores grados de transparencia y responsabilidad, agregó Margulis.
El experto del Banco Mundial, de nacionalidad brasileña, indicó que la descentralización favorece deseables diferencias de calidad ambiental entre las regiones de un país, en virtud de sus condiciones naturales y la capacidad adquisitiva de los habitantes.
Este proceso igualmente facilita la participación ciudadana, aumenta la responsabilidad de los órganos locales, reduce costos de información, contribuye a una localización más eficiente de recursos, estimula la creatividad y permite que los programas gubernamentales se acerquen más a las localidades, dijo Margulis.
No obstante, añadió, también hay consideraciones en contra de la descentralización ambiental, entre las cuales está la competencia entre las regiones, provincias o estados por atraer inversiones que lleva a relajar las regulaciones y controles.
Existen así mismo problemas ambientales imposibles de abordar en pequeña escala y riesgos de distorsionar los parámetros de costos externos, al igual que problemas de incapacidad para cobrar por los servicios ambientales a los usuarios, lo cual puede llevar al deterioro de éstos.
Otro riesgo latente es la "captura" de las mejores condiciones ambientales por los sectores de altos ingresos, advirtió también Margulis, quien subrayó que el tema ambiental debe ser parte del proceso general de descentralización y abordarse como un compromiso político clave.
Para Bárcena, una condición esencial es construir "la ciudadanización de la descentralización", lo cual implica rescatar los derechos, deberes y responsabilidades ciudadanas en cuanto al desarrollo sustentable y la gestión ambiental.
Es en las localidades donde mejor se expresa la vertiente cultural de la organización social, con una revalorización a la vez de los recursos naturales en su dimensión económica y social, añadió.
El paso del huracán Mitch en octubre de 1998 por Honduras devastó a Tegucigalpa, como consecuencia de la deforestación de esa capital, y en cambio zonas indígenas como Copán resistieron bien este fenómeno en tanto han preservado su patrimonio natural, comentó Bárcena.
La experta de Cepal indicó que los problemas ambientales de la globalización tienen también expresiones locales, como ocurre con los impactos del cambio climático, el control de los alimentos transgénicos y otros fenómenos.
Señaló igualmente que el tema ambiental por su esencia es de conflictos de intereses y que éstos desembocan en última instancia en los municipios, por lo cual se requiere de una concertación social.
Gonzalo Duarte, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señaló que en este país, más que un proceso de descentralización, lo que se ha dado es una desconcentración de funciones sin una transferencia real de autonomía a los órganos locales.
"La descentralización nace de la crisis del Estado, que no responde a las demandas de la población y despierta resistencia de las comunidades a transferir recursos al aparato público", señaló Duarte, alcalde del municipio santiaguino de La Florida.
La descentralización de la gestión ambiental es fundamentalmente una respuesta al hecho de que los patrones locales de calidad ambiental se deterioran en el contexto de las políticas de mercado, agregó.
La descentralización de la gestión ambiental requiere de un "acuerdo de voluntades entre el mundo privado, el mundo público y el mundo ciudadano que emerge", para reforzar su viabilidad política a través de un proceso inductivo, concluyó Duarte. (FIN/IPS/ggr/ag/en/99
