Activistas ambientalistas pidieron la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), porque éste permite que las compañías combatan las leyes ambientales de sus tres socios, Canadá, Estados Unidos y México.
La parte del acuerdo que se cuestiona es la conocida como Capítulo 11, que permite a las compañías entablar pleitos judiciales contra los gobiernos de los tres países cuando consideran que éstos las privaron de oportunidades de exportación mediante normas que distorsionan el flujo normal del comercio.
Esto ha permitido que se presenten demandas por "oportunidades perdidas" a causa de leyes destinadas a proteger el ambiente y la salud pública.
Se han iniciado no menos de siete pleitos contra políticas ambientales, reclamando indemnizaciones por un total de 1.500 millones de dólares.
En el caso más reciente, presentado el día 15, la firma canadiense Methanex Corporation alegó que había perdido 970 millones de dólares por la prohibición del uso de un aditivo de la gasolina llamado éter metilbutílico terciario (EMBT) en el estado de California, al sudoeste de Estados Unidos, dispuesta en marzo.
El nuevo gobernador de California, Grey Davis, ordenó que a fines del 2002 cesara el empleo del EMBT, luego de que diversos estudios revelaron peligrosos niveles del aditivo en el agua potable. El estado nororiental de Maine tambien está considerando prohibir el uso de la sustancia.
"Este es un ejemplo típico del modo en que las corporaciones transnacionales, mediante la prepotencia, tratan de debilitar la salvaguardia ambiental de las democracias. Methanex usa el TLC para imponerse al gobernador, al senado estatal y al pueblo de California", apuntó Lori Wallach, una activista ambiental.
En otro caso, la firma estadounidense Ethyl Corporation atacó una prohibicion canadiense de la importación y la venta interprovincial de otro aditivos de la gasolina, conocido como MMT.
Ethyl reclamó 250 millones de dólares en daños causados, entre cosas, por expropiación y recortes en sus ganancias potenciales. En 1998, Canadá retiró la prohibición e indemnizó a la compañía con 13 millones de dólares.
"Llamar 'expropiación' a los esfuerzos de un país para proteger su ambiente es absurdo. Es como decir que deberíamos pagar a los contaminadores cada vez que el gobierno les pide que no contaminen", opinó David Schorr, director del programa de comercio sustentable del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Otra empresa estadounidense, Metaclad Corporation, demandó al gobierno mexicano por 65 millones de dólares, a causa de la decisión de un gobierno local que no permitió a la compañía la instalación de un depósito de residuos peligrosos.
Metaclad anunció en abril que cesaba sus operaciones en el país porque había perdido "toda confianza en la capacidad de México para proteger las inversiones extranjeras". El caso será ventilado en los tribunales en septiembre.
Cuando se presentan reclamos al amparo del Capítulo 11, primero se apela a las consultas, luego al arbitraje, y por último, si el reclamante no está satisfecho, a los tribunales.
Una vez que comienza el arbitraje, los litigantes entran en una fase secreta y costosa del pleito, según reveló esta semana un informe difundido por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IIDS), con sede en Canadá.
"El procedimiento no establece la obligación de informar al público, en las distintas etapas del proceso, sobre la intención de litigar, la fase consultiva o la iniciación del pleito", se indicó el informe, titulado "El Capítulo 11 del TLC y el ambiente".
El TLC sigue en este aspecto el modelo de los arbitrajes comerciales privados, y las decisiones sobre políticas públicas se adoptan a puertas cerradas, señaló Schorr.
"Ese es precisamente el tipo de abuso de los acuerdos comerciales y de inversión que los ambientalistas han llegado a temer", añadió.
"El Capítulo 11 buscó garantizar la seguridad de los inversores, pero se convirtió en un arma ofensiva estratégica contra las nuevas leyes ambientales y de bienestar social. Nadie esperaba que se aplicara de esta manera", señaló Howard Mann, un miembro del IIDS.
El informe del IIDS denunció que el aumento de las demandas legales de las compañías presiona a los legisladores de cada país para que no aprueben normas reguladoras en materia ambiental o sanitaria.
"¿Cómo se puede trabajar si cada ley que uno redacta o aprueba puede generar una demanda judicial por millones de dólares?", se preguntó David Runnalls, presidente del IIDS.
Canadá sólo ha aprobado dos normas ambientales significativas desde que el TLC entró en vigor, hace cinco años, indicó.
Runnalls advirtió sobre el riesgo de un "congelamiento de la regulación" en los tres países si la situación no es revisada por sus gobiernos. Ottawa admitió públicamente que existe un problema con el uso del Capítulo 11, pero no se ha hecho nada al respecto allí ni en Estados Unidos o México.
El IIDS recomendó que los socios del TLC realicen "una declaración interpretativa" que aclare el propósito del Capítulo 11 en relación con la legislación ambiental de cada país.
"Para adecuar al TLC a la necesidad de promover un desarrollo sustentable, habrá que revisar el texto del tratado. Pero aun sin modificarlo se pueden lograr progresos que reduzcan sustancialmente la incertidumbre causada por el mal uso del Capítulo 11", aseguró.
El informe del IIDS también pidió a Canadá, Estados Unidos y México que actúen "agresiva e inmediatamente" para dotar de transparencia a los procedimientos sobre demandas al amparo del Capítulo 11, aplicando el criterio de la apertura cuando las reglas no requieran explícitamente el secreto. (FIN/IPS/tra- en/dk/mk/ego/mp/en if ip/99)
