El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concederá 1,4 millones de dólares a América Central para mejorar la capacidad de respuesta a los desastres naturales.
La temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, comenzó el 15 de mayo y el 1 de junio en la costa occidental y oriental respectivamente.
No obstante, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos explicó que este tipo de tormentas azotan a la región en "todo momento del año con excepción de enero, febrero y abril".
La suma aprobada, además de aumentar los esfuerzos para anticipar y minimizar los daños de las tormentas, mejoraría las defensas contra "incendios, inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías", declaró el BID.
La institución multilateral concedió 300.000 dólares de sus recursos y 1,1 millones de un fondo del gobierno japonés administrado por el propio BID.
El Banco Mundial también accedió a aportar 300.000 dólares, y los países de la región otorgaron 675.000 dólares.
El dinero fortalecerá el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, y el BID espera también que "apoye la sustentabilidad de las inversiones para la reconstrucción" en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Los cuatro países fueron los más golpeados en octubre por el huracán Mitch, que dejó a más de 10.000 muertos y a millones de personas sin hogar.
Honduras y Nicaragua padecieron pérdidas equivalentes a 77 por ciento y 44 por ciento de su producto interno bruto de 1997, según cálculos oficiales. La tormenta arrasó cultivos enteros e interrumpió servicios básicos como el agua y la electricidad.
El Mitch destruyó carreteras, puentes y puertos y paralizó el comercio en la región.
En mayo, los principales donantes y acreedores de América Central prometieron prestar 9.000 millones de dólares a la región en un plazo de cuatro años, decidieron una moratoria de viejas deudas y otorgaron nuevos créditos para la "reconstrucción y la transformación" tras el paso del huracán.
El BID, que aportará 3.000 millones de esa cifra, aprobó préstamos blandos por 10 millones de dólares la semana pasada destinados a la vivienda en Honduras y por 50 millones de dólares para ayudar a Nicaragua a reconstruir sectores de la carretera panamericana destruida por el Mitch.
La mayor parte de lo prometido se destinará a la reconstrucción de viviendas e infraestructura, a devolver a tierras agrícolas su capacidad de uso y a aplicar medidas de protección ambientales como la reforestación y la administración de recursos de agua.
La posibilidad de aumentar el acceso de las exportaciones de la región a otros mercados sigue en duda.
Washington no accedió al pedido centroamericano de conceder a sus productos la "paridad del TLC", o los privilegios comerciales que recibe México por el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLC) con Canadá y Estados Unidos.
Así mismo, la deuda externa centroamericana recibió una reducción parcial. Antes del paso del Mitch, Honduras gastaba 80 por ciento de los ingresos del estado en el servicio de la deuda, y Nicaragua 50 por ciento.
El pago de la deuda se aplazó hasta el 2001, según la moratoria ofrecida por el Club de París de acreedores bilaterales.
Pero según la no gubernamental Red Europea de la Deuda y el Desarrollo, los intereses seguirán acumulándose y podrían exceder los 100 millones de dólares cuando continúen los pagos.
Los organismos de financiación multilaterales, sobre todo el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no ofrecieron reducir la deuda de esos países. Los tres son acreedores de la mayor parte de la deuda externa hondureña y de 27 por ciento de la nicaragüense.
Los 9.000 millones prometidos son "más dinero que el que América Central ha visto en años y más del que probablemente vea en años", dijo Geoff Thale, de la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina.
La sesión en que se acordaron los préstamos fue un "ejemplo notable de solidaridad de la comunidad internacional", declaró el presidente del BID, Enrique Iglesias.
Pero los gobiernos acreedores aprovecharon que la región del apoyo externo para exigir mayor transparencia y participación pública.
Los acreedores insisten en que los gastos del gobierno sean supervisados por entes independientes, en una mayor responsabilidad pública y entrega de información, y en la participación ciudadana en el proceso de decisión.
Pidieron a cada país que fije un calendario de descentralización política y administrativa basado en "un proceso de colaboración entre el gobierno central, las autoridades locales y la sociedad civil", según una declaración oficial. (FIN/IPS/tra- en/aa/mk/aq/dv/99
