El tribunal de las Naciones Unidas que acusó de crímenes de guerra al presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, planea realizar una campaña de relaciones públicas para mejorar su imagen en la región de los Balcanes.
"Nos han descripto como parciales, lentos e ineficientes", lamentó la jueza Gabrielle Kirk McDonald, presidenta del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Aún antes del inicio de los ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Yugoslavia, el 24 de marzo, gran parte de la población de los países balcánicos tenía un concepto negativo de la corte, señaló McDonald.
En Croacia "nos emplean como herramienta política en la campaña electoral", y "en Yugoslavia, nos señalan como un ejemplo más de la supuesta determinación mundial de subyugar a los serbios", afirmó.
"Por esa razón, lanzaremos un programa para mejorar la capacidad de relaciones públicas del tribunal", anunció la jueza.
Como parte del programa, la corte abrirá varias oficinas en la antigua Yugoslavia, y para financiar ese proyecto procura 1,3 millones de dólares en contribuciones voluntarias.
Estados Unidos ya aportó 500.000 dólares, mientras una empresa estadounidense anónima donó equipos de computación por unos tres millones de dólares, que mejorarán sustancialmente la capacidad operativa del tribunal.
En un discurso ante el Consejo de Relaciones Internacionales, con sede en Nueva York, McDonald destacó que la corte progresó mucho en poco tiempo.
"En apenas seis años construimos los cimientos para cumplir con nuestro mandato. El hecho de que todavía falte mucho no debería sorprender a nadie, y mucho menos utilizarse para cuestionar nuestro éxito o viabilidad", expresó.
Actualmente hay en funcionamiento dos tribunales internacionales de crímenes de guerra: el de la antigua Yugoslavia, establecido en La Haya en mayo de 1993, y el de Ruanda, creado en noviembre de 1994 con sede en Arusha, Tanzania.
Ambos fueron creados por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar cargos de genocidio y otros crímenes de guerra, y dejarán de existir cuando se establezca un Tribunal Penal Internacional permanente, probablemente a comienzos del siglo próximo.
Louise Arbour, fiscal de ambas cortes, se quejó en marzo por el "creciente contraste" en el grado de cooperación estatal recibido por los dos tribunales.
De los 36 acusados por la corte de Ruanda, 34 fueron detenidos en países africanos y transferidos a Arusha.
"Esto contrasta marcadamente con la falta de cooperación que tuvo en la región el tribunal de la ex Yugoslavia, en particular en cuanto a los arrestos", señaló Arbour.
Tanto en la entidad serbia de Bosnia como en la República Federal de Yugoslavia se mantienen pendientes todas las acusaciones públicas, acompañadas por órdenes de arresto.
Interrogada sobre si Estados Unidos intentó de alguna manera bloquear o acelerar la acusación contra Milosevic, Arbour aseguró que "nadie instó al tribunal a llevar adelante o a frenar un caso".
Además, "cualquier intento en ese sentido sería totalmente inútil, dado que el tribunal toma sus propias decisiones", agregó.
Mientras, un grupo de expertos de la ONU que estudia la administración de ambos tribunales preparará un informe que presentará a la Asamblea General el próximo septiembre.
La Corte Internacional de Justicia se quejó el año pasado de que el foro mundial otorga más importancia a los tribunales de crímenes de guerra que a ella, que constituye el máximo órgano judicial del sistema de la ONU.
Añadió que, mientras la Asamblea General le asignó a regañadientes apenas 11 millones de dólares para sus costos operativos anuales, el presupuesto para el tribunal de la ex Yugoslavia fue de unos 70 millones. (FIN/IPS/tra-en/td/mlm/hd/99
