Yugoslavia solicitó hoy a la Corte Internacional de Justicia, con sede en esta ciudad de Holanda, que ordene el cese de los actos de fuerza en su contra realizados por 10 de los países miembros de la OTAN, a los que acusó de actos de genocidio.
Yugoslavia, representada por un equípico jurídico internacional, solicitó a la Corte que ordene medidas preventivas para que los 10 estados "cesen sus actos de uso de la fuerza" y se "abstengan de nuevas amenazas del uso de la fuerza", contra el país gobernado por Slobodan Milosevic.
Los 10 países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) acusados son Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Portugal.
Canadá y Bélgica inmediatamente negaron jurisdicción a la Corte en el caso.
La acusación sostiene que los ataques aéreos emprendidos desde el 24 de marzo contra Yugoslavia por la OTAN violan la carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), varios tratados relativos a la protección de los civiles y la Convención Internacional contra el Genocidio.
"El uso de la fuerza contra Yugoslavia es ilegal porque viola la Carta de la ONU, que prohíbe incluso la amenaza del uso de la fuerza. Pero el bombardeo…también constituye un crimen contra la paz y de genocidio", aseguró Rodoljub Etinski, asesor jurídico del ministerio de relaciones exteriores yugoslavo.
Etinski afirmó que la ofensiva de la OTAN no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y que la Carta del foro mundial subordina cualquier acuerdo internacional a sus principios, en referencia a las decisiones de la alianza militar.
En un caso presentado por Nicaragua contra Estados Unidos en 1985, la Corte falló que "el uso de la fuerza no puede ser un método adecuado para controlar y asegurar el respeto de los derechos humanos", recordó Etinski.
Nicaragua presentó el caso porque agentes de Estados Unidos habían minado sus puertos. La Corte falló contra Washington, pero el gobierno estadounidense rechazó la decisión que lo obligaba a cesar sus acciones e indemnizar al estado nicaragüense.
Canadá y Bélgica le niegan jurisdicción a La Haya porque sostienen que Yugoslavia no es miembro pleno de la ONU y por tanto no es un estado parte de la Corte Internacional de Justicia.
La federación yugoslava, integrada por Serbia y Montenegro, no ha sido plenamente reconocida por la ONU porque se considera a sí misma sucesora jurídica de la ex República Socialista Federativa de Yugoslavia, integrada también por Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia y Eslovenia.
Otro argumento que Ottawa y Bruselas esgrimen contra la jurisdicción de la Corte es que la convención de genocidio no puede emplearse en este caso.
"Hay una diferencia entre el uso de la fuerza y el genocidio. La OTAN está involucrada en el primero, pero no en el segundo", declaró Philippe Kirsch, de la cancillería canadiense.
"Por otra parte es Yugoslavia quien no respeta sus obligaciones internacionales, sobre todo en el ámbito del derecho humanitario internacional", agregó.
Etinsky afirmó que Alemania, Italia y Bélgica, miembros de la OTAN, firmaron acuerdos bilaterales con Yugoslavia entre 1996 y 1998 sobre la repatriación de la población albanesa de Kosovo que, sostuvo, contradicen el argumento de que la ofensiva aérea fue iniciada por preocupación por la situación de los kosovares.
Los estados de la OTAN "imponen deliberadamente a Yugoslavia condiciones calculadas para provocar la destrucción física del país entero", dijo Miodrag Mitic, ex asesor de la cancillería yugoslava.
"Más de trescientas ciudades y pueblos y 300 cuarteles del ejército fueron bombardeados en Yugoslavia. Incontables ataques contra fábricas químicas y refinerías de petróleo y el uso de uranio provocan una catástrofe humanitaria internacional", destacó.
"Sesenta y cinco puentes y varias empresas de medios de comunicación masiva fueron destruidas y 1.200 civiles fueron asesinados, mientras 4.500 sufrieron graves heridas hasta el momento" a raíz de los bombardeos, explicó Mitic.
Las audiencias públicas son presididas por el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, juez Weeramantry, de Sri Lanka, porque el presidente del tribunal es un ciudadano de Estados Unidos, el país que encabeza los ataques y uno de los 10 acusados por Yugoslavia.
Según el estatuto de la Corte, los estados parte que no están representados por un juez en el tribunal, en este caso Bélgica, Canadá, España, Italia y Yugoslavia, pueden designar un magistrado ad hoc.
Cinco de los estados acusados ya están representados, Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda, así como Hungría, que ingresó hace poco a la OTAN y no fue acusada por Yugoslavia porque no participó activamente en la ofensiva.
Los jueces de la Corte deben actuar en su calidad personal y no en representación de sus gobiernos.
Yugoslavia tiene un equipo de abogados belgas, británicos y holandeses que la representa en La Haya.
"Las acciones de la OTAN representan una regresión en la evolución del derecho internacional y una muy mala señal para el próximo siglo. Parece que volvemos a la época de la diplomacia cañonera", opinó el abogado belga Eric Suy.
Suy comparó la situación actual a cuando la Alemania nacionalsocialista amenazó en 1938 con emplear la fuerza contra Checoslovaquia y se anexó una parte del territorio checo habitada por población alemana.
Tanto la OTAN y Yugoslavia han recurrido al incidente de 1938, cuando Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña adoptaron una actitud de tolerancia hacia Alemania y así habilitaron el camino para el expansionismo nazi y la segunda guerra mundial, para justificar sus propias acciones. (FIN/IPS/tra-en/bm/ak/aq/ip/99
